Capturado alcalde de Armenia por presunta corrupción

Como parte del operativo conocido como “Diez… Por Ciento”, la Fiscalía capturó a Carlos Mario Álvarez, actual alcalde de Armenia, Quindío por presuntamente pagar una parte de la financiación de su campaña electoral mediante contratos de obras públicas, un acuerdo al que accedió como candidato.

De acuerdo con la Fiscalía, Álvarez habría acordado en el 2015 que, una vez fuera electo alcalde, le pagaría mediante contratos de obra pública los $6.000 millones que Francisco Javier Valencia le prestaría para su campaña.

Las evidencias de la investigación además probarían la mitad de esos recursos, es decir $3.000 millones, se pagaron durante la alcaldía de Luz Piedad Valencia, la esposa de Francisco Javier Valencia.

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De acuerdo con la Fiscalía, Álvarez además firmó 4 pagarés de compromiso sobre los recursos que igual número de acreedores le prestarían para su campaña y que este les regresaría en forma de contratos cuando asumiera la alcaldía de Armenia.

La entidad agregó que “ante el incumplimiento de las obligaciones por parte del alcalde de la ciudad, una firma de abogados inició el cobro de uno de los títulos valores”.

Los recursos de esos pagarés correspondían a la otra mitad del costo de su campaña para ganar la alcaldía y que Álvarez habría pagado con los ingresos que le representaría el pago del segundo recibo de valorización que pagaron los habitantes de Armenia.

En este caso, al alcalde Álvarez se le imputaron los cargos de lavado de activos, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.

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La captura del actual alcalde de Armenia hace parte de un operativo denominado “Diez...Por Ciento”, que ya dejó como resultado la captura de la exalcaldesa de esa misma ciudad, Luz Piedad Valencia, y Francisco Valencia, su esposo y financiador de parte de la campaña de Álvarez.

La Fiscalía advirtió que “avanza en los estudios que conduzcan a la extinción inmediata del dominio de los patrimonios ilícitos producto de la corrupción. Para este efecto, todas las personas imputadas hasta la fecha carecen de poder dispositivo sobre sus bienes, por el término de un año”.

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