Pescando con dinamita

Se avecinan las elecciones regionales. Con razón, el Presidente Santos ha destacado que en esta ocasión son trascendentales para el futuro del país. La oposición lo sabe. La más radical, de la que hace parte la USO, tiene clara conciencia de ello.

Copar los espacios de poder en las regiones petroleras es un objetivo crucial de esa organización sindical. Sus directivos andan pescando con dinamita. Buscan reclutar adeptos por estos días en Puerto Gaitán, aunque ya se avista la pandemia. En un ambiente de desinformación y violencia pasan el formulario de afiliaciones.

La reivindicación laboral les da para poco. Nadie cree que las empresas petroleras paguen mal o maltraten a sus trabajadores. La fila india de aspirantes a un puesto en la industria es infinita. Las expectativas de ingresos y las condiciones de trabajo movilizan a miles de personas a los centros de operación. Lo de un mes da para vivir cuatro. Es casi imposible encontrar en esas regiones trabajadores para otras actividades. Basta preguntárselo a los empresarios agrícolas. En todo caso el Gobierno Nacional está en mora de pronunciarse sobre la veracidad de las acusaciones contra las empresas del sector y de establecer responsabilidades.

Los desequilibrios económicos y sociales regionales creados por el salario petrolero muestran la perversidad de esa “conquista laboral”. Para curar su anemia, la USO intenta representar las causas sociales. Los derechos humanos, el medio ambiente y la protección de las minorías son su nueva escenografía. Detrás del telón está su viejo objetivo de control y nacionalización de los recursos naturales. Crear las crisis para salir a remediarlas es el expediente. Y las empresas petroleras el instrumento para su acción política.

Es fácil apostar a que los agitadores y encapuchados que han protagonizado la violencia en Puerto Gaitán no son lugareños ni empleados de la industria petrolera. La verdadera comunidad ha permanecido tras las cortinas, angustiada y temerosa por el regreso de una violencia que se desata por extraños en su nombre.

Con Puerto Gaitán la Nación está en una encrucijada: o se aprende del pasado o se reproducen sus errores. Los problemas de corrupción, de violencia y de atraso en varias de las regiones productoras de hidrocarburos fueron resultado de gobiernos que olvidaron que es más difícil administrar la riqueza que la pobreza y las dejaron solitarias e indefensas en manos de la codicia.

El verdadero diálogo social, que se ha propuesto como panacea para resolver la crisis en el Meta, debe centrarse en cómo lograr que la abundancia petrolera se aproveche para alcanzar un desarrollo equilibrado y sostenible de la región. Pese a que tienen mucho para mostrar, en esta materia la responsabilidad no es sólo ni principalmente de las empresas. Esencialmente es del Estado y sus instituciones en todos los niveles.

Este dialogo necesita un escenario y una oportunidad libre de presiones, cobijado por la institucionalidad, en donde concurran el Estado, las comunidades, todos los agentes económicos y sociales, incluidas las empresas y las organizaciones sindicales con vocación de permanencia en el territorio. Nada bueno puede salir de un diálogo forzado por situaciones de hecho que además desconocen las vías institucionales previstas en nuestro Estado de Derecho.

La conducción del diálogo sobre la gobernabilidad y el desarrollo en las regiones es una tarea natural del Ministerio del Interior y supone la legitimidad que le otorgan democráticamente los ciudadanos a las instituciones. No es aceptable que la USO pretenda arrogarse la condición de convocante y árbitro de este proceso. Menos aún cuando no ha probado su compromiso con el desarrollo sostenible de Puerto Gaitán.

El autor es director Ejecutivo de Trust.