País Petrolero

El tema petrolero en Colombia, por lo menos para la opinión pública, se concentra bastante en Ecopetrol y las noticias que esta compañía produce. Las razones son obvias, pues la democratización de la propiedad accionaria de la compañía implicó que cerca de 450.000 colombianos tengan parte de sus destinos económicos atados al desempeño de la compañía.

Sin embargo, a la sombra de las noticias de Ecopetrol, el desarrollo del tema petrolero en Colombia es sorprendente. El país está de moda, tal y como lo demuestran los indicadores de exploración y producción del sector. En el 2008 se firmaron cerca de 60 contratos de exploración, producción y evaluación técnica, y a septiembre de 2009 la cifra ya iba en 59; los kilómetros de sísmica (estudios detallados para determinar potencial geológico de los campos productores) en 2008 fueron más de 15,000, y a septiembre de 2009 ya iban por 13,000; finalmente, en 2008 se realizaron 98 pozos exploratorios, y a septiembre de 2009 ya se habían realizado 57, con una tasa de éxito no despreciable, de alrededor del 50%. Estas cifras han venido en franco crecimiento, pues hace 10 años el país estaba generando actividad petrolera equivalente a entre el 10% y el 20% de la actividad que se está generando hoy.

Este frenesí de actividad petrolera ha generado un aumento muy importante en las regalías generadas para las regiones petroleras del país. En efecto, mientras que en 2004 las regalías transferidas fueron de $1,69 billones de pesos, para el año 2008 los giros llegaron a $4,8 billones, y en el 2009 ya van en $2,5 billones (obviamente serán menores que el año anterior, por efecto de la reducción del precio del crudo a nivel internacional).

Esto representa una oportunidad enorme para las regiones, pero a su vez implica la necesidad de generar unos mecanismos de ejecución de los dineros y de control de los mismos que permitan aprovechar de manera óptima los recursos generados por el sector. Y del total de regalías, 66 municipios de Colombia reciben el 95% de las mismas. Eso sin contar los recursos del sistema general de participaciones –léase transferencias– que reciben por derecho constitucional.

El manejo de las mismas en el país, sin embargo, es bastante asimétrico, con unas regiones que invierten los recursos de manera razonable, como el caso de Castilla la Nueva, en el Meta, y otros que no, como ocurre, lastimosamente, en algunos de las regiones que más regalías reciben, como Arauca y Guajira. El sistema de regalías tiene sus complejidades intrínsecas, particularmente por lo complicado del marco jurídico que gobierna las mismas, pero también en algunos casos existen grupos de interés que atrapan rentas con mecanismos ilegales que involucran necesariamente funcionarios públicos que caen en las redes de la corrupción.

La solución a los retos de las regalías arranca con la transparencia. Hoy en día, las poblaciones beneficiarias de las mismas no conocen ni el monto de los recursos que reciben ni la forma como los mismos se invierten, generando un enrome hueco en la fiscalización de las mismas. Solamente a través de una fuerte fiscalización civil se podrá generar la transparencia necesaria para lograr un control efectivo de los recursos, y para que los mismos se canalicen a lo que la sociedad requiere. Y en aquellas regiones de gran dependencia de regalías, donde la sociedad civil no sea lo suficientemente fuerte, es necesario idear mecanismos que permitan suplir las carencias en los mecanismos de decisión y fiscalización con respecto a los recursos. La próxima columna tratará sobre algunas propuestas más concretas sobre este tema.