La reforma a la justicia: un llamado a la reflexión

Desde la expedición de la Carta Política de 1991, se han desarrollado algunos criterios que se requieren para reflexionar en torno al problema de la administración de la justicia en Colombia. Dichos aspectos pueden ser vistos desde las diferentes propuestas formuladas por grupos sociales, abogados, administradores, políticos y personas interesadas en el tema, preguntándose sobre los principios que deberían regir para una distribución justa en una sociedad tan inequitativa como la nuestra y adicionalmente, cuál es el sistema que requiere la justicia para cumplir con sus deberes.

Todos ellos vuelven e insisten sobre este interrogante y, englobando tópicos tan variados como la reflexión filosófica, jurídica, la interacción social, la política distributiva, la teoría económica, la democracia participativa, la buena y eficiente utilización de los recursos no sólo jurídicos sino también físicos y financieros, entre otros aspectos que desarrollaron una serie muy interesante de líneas argumentadas para avanzar, en un constante diálogo con las diferentes instituciones estatales y sociales e implementar la idea de justicia correspondiente al Estado Social y Democrático de Derecho. Por ejemplo, la exigencia de garantizar la efectividad de los derechos humanos y, por tanto, buscar mecanismos que hicieran que estos derechos no fuesen simplemente formales sino efectivos y en acto. Esos mecanismos fueron la Acción de Tutela, la Acción de Cumplimiento, el Derecho de Información, las Acciones Populares, la implementación ideal de que los jueces pudieran aplicar un poco más libre y flexiblemente principios generales de derecho y de justicia material o real.

Como conclusión de lo que se ha esbozado en estas líneas, podemos afirmar que el sistema jurídico-político de nuestro país, a pesar de sus enormes falencias y los muchos intentos de reformarlo, ha sido históricamente capaz de subsistir porque combina las formas institucional legales con formas extra-institucionales, por eso mismo le ha permitido seguir funcionando a pesar de toda esta situación social crónica. Las reformas de las décadas de los años setenta y ochenta que pretendían transformar el régimen fiscal y el poder judicial fracasaron. Finalmente, esa constante reformista se concretó con la Reforma Constitucional de 1991, como respuesta a esta situación, pero no ha dejado de generar conflictos, pues continúan una serie de procesos y de dispositivos de resolución de conflictos asociados con una realidad de guerra interna crónica y de pacificación por la vía del derecho, cuyo resultado para esta última ha sido ineficaz. Todo esto se relaciona con la debilidad o precariedad del orden institucional o legal para servir de canal y de referente para responder de manera pronta, efectiva y justa a las demandas sociales, lo que deja por fuera la esfera de lo social y privado, haciendo ineficaces tanto el imperio de la ley como la institucionalidad racional del Estado.

Luego, el problema central que convoca a pensar más allá de una reforma para lograr un mejor desempeño del sistema jurídico en Colombia, debería ser entendido como una situación en la que convergen un sinnúmero de variables de los diferentes estamentos sociales y que trasciende el ámbito meramente jurídico como lo nombramos anteriormente, que va más allá de dificultades como la congestión del sistema y de la generación de una mayor cantidad de normas cuyo fin es aumentar el control social. El sistema jurídico colombiano está llamado a realizar una profunda reflexión que arranque desde la discusión misma de su estructura hasta la forma como cada una de sus instituciones tiene pertinencia o no en los nuevos ambientes que vive el país. Es más que claro que en las últimas dos décadas los problemas de eficiencia en el acceso a la justicia no han sido abordados y entonces el sistema se ha dedicado a “sobrevivir”, se tiende a la reducción de las dificultades para encontrar soluciones poco afortunadas que han conllevado a la pérdida significativa de recursos económicos y lo que podría tener un costo social mayor, el desperdicio del tiempo que sin duda disminuye la eficiencia del sistema.

Así las cosas, por estos días el debate en torno a la reforma de la justicia necesita un criterio adicional a los estudiados hasta ahora y es la aproximación a la configuración de la problemática del sistema que lo ha convertido en una rama del Estado carente de trabajo asociativo y conformado por instituciones que tal vez no tienen claro el papel clave que juega una correcta dirección de las organizaciones gubernamentales. Quisiéramos llamar la atención a todas las fuerzas de la sociedad que están involucradas en el futuro de la justicia en Colombia. La hora de una discusión de fondo es inaplazable, en la cual se llegue a soluciones visibles y de impacto social, mediante una reflexión con un enfoque más contributivo que de intereses particulares, propiciando un nuevo proceso no nos lleve a realizarnos la misma pregunta: ¿Cómo debe ser la reforma a la justicia?

Los proyectos de reforma a la justicia planteados por el Gobierno Nacional y el Consejo de Estado presentados al Congreso, dejan entrever únicamente problemas funcionales de carácter jerárquico y burocrático, pero no referencian los problemas fundamentales relacionados con la demanda de justicia del pueblo colombiano, la eficiencia y eficacia del sistema que generen más transparencia, celeridad en los procesos judiciales y cambios en la forma como se dirigen las diferentes instancias y corporaciones del poder judicial, ya que el problema de la justicia no está simplemente en su administración, sino que se encuentra más allá de la existencia de un ente que la ejecute, pues no se tiene claro que se entiende por administrar justicia en una sociedad fragmentada e inequitativa como la nuestra.

Una auténtica Reforma a la justicia tiene que superar los intereses burocráticos del mismo poder judicial, del gobierno nacional, de los partidos y de los intereses creados de los particulares. Ahora bien, si realmente se quiere y se tiene la voluntad política para que el sistema sea eficaz y justo, deberá ponerse en primer lugar, de una vez en acto el interés general y la demanda de justicia que reclama toda la sociedad colombiana.

La autora es profesora de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario y el autor, abogado candidato a Magister en Derecho de la Universidad Nacional.