Opinión

  • | 2019/03/29 00:01

    ¿Víctima de atraco? A indemnizar y a premiar la injusticia

    Somos seres irracionales, a veces racionales, pero igual respondemos a incentivos de todo tipo, a nuestra manera. Si el restaurante es cómodo, me quedo más tiempo; si me dan estímulos, compro más; si me premian por lo que hago, lo hago más veces. Esto, infortunadamente, parece que no logra transmitirse al sentido común en Colombia.

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Recientemente, un ciudadano que se defendió contra unos (presuntos, ya que lo que prima es el formalismo) atracadores, fue condenado y tuvo que pagarles a ellos 2 millones de pesos para ‘indemnizarlos’. El caso es debatible por las circunstancias de un préstamo de bicicletas, pero así, con o sin silencio, avanza una cultura del premio a la injusticia en Colombia, tejiendo una red de incentivos que hieren profundamente al país.

Si hay algo vital que se enseña en economía, es que los incentivos (y los desincentivos) juegan un rol en la explicación de nuestro comportamiento. Somos seres irracionales, a veces racionales, pero igual respondemos a incentivos de todo tipo, a nuestra manera. Si el restaurante es cómodo, me quedo más tiempo; si me dan estímulos, compro más; si me premian por lo que hago, lo hago más veces. Esto, infortunadamente, parece que no logra transmitirse al sentido común en Colombia, que hoy es dominado por principios legalistas y abstractos, mientras otros principios se quedan en el papel y se ahogan en el silencio de la indiferencia, porque hoy ‘no me tocó a mí’.

El caso del escolta de la UNP, del suboficial retirado y el de este ciudadano que disparó en el 2018 contra unos recicladores muestra lo poco que importa el sentido común, que sostendría que la víctima debe ser indemnizada en vez de indemnizar (o premiar) a su verdugo. Pero el sentido común vive atropellado por discursos absurdos que nutren más resentimiento, sectarismo y profundo odio en el ADN colombiano, mientras adornan fielmente el cúmulo de textos legales que nos hace pioneros en el legalismo.

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Si un atracador piensa apuñalar a una persona que reacciona con arma de fuego, nos diría el sistema ¿cómo se le ocurre al del arma de fuego no responder proporcionalmente? Luego, ¿no le bastaron las milésimas de segundos en que vio su vida en riesgo para ubicar un arma proporcional, o mejor, desistir de ellas para permitir el robo? Esa es la lógica imperante. Y, si la intención del asaltante no es proporcional a la intención de defender la propia vida de la víctima, ¿interesa eso? No, porque no está en los millones de artículos formulados para deconstruir la realidad.

La Policía tendría razón en que no es bueno tomarse la justicia por su cuenta, pero el ciudadano tiene razón simultáneamente: no es justo estar desamparado por el Estado, y que, al defenderse, el mismo Estado lo atropelle a uno, premiando hasta monetariamente el crimen con las indemnizaciones y castigando con burocracia. Pero la misma Fuerza Pública tampoco puede actuar con contundencia. No es solo en Colombia. En Ecuador, recientemente, 10 policías no fueron capaces (¿por desincentivos gracias a las consecuencias de actuar?) de neutralizar a un sujeto que acuchilló a su pareja, por miedo a las consecuencias legales que pueden destruir su carrera. En Israel, Brasil o EE.UU, la reacción habría sido inmediata.

Sé que el intocable tema de la paz inmediatamente lleva a prejuicios, más polarización y emociones expresadas digitalmente bajo la agresiva y oximorónica violencia del discurso de la paz, pero las cosas hay que decirlas. En Colombia creamos discursos para suavizar y obnubilar realidades; las cosas quedan bien en el papel, la guerra se acaba discursivamente, ahora hay GAOs y no grupos terroristas, y la injusticia recibe un premio. Cualquiera que se haya interesado mínimamente por la historia, sabe que, en nombre de grandes cosas y discursos, han perecido inocentes en demasía, como sucedió en la primera cruzada, en la Shoah y en la macabra historia de Ruanda. Los grandes discursos son sumamente peligrosos, y su bonita representación brilla en el papel y duele en la realidad.

¿Cuál es el mensaje que está proyectando el contradictorio sistema colombiano? La vida es sagrada, sí, pero defenderla no lo es. La justicia es sublime, pero luchar por ella es una afrenta. Eso pasa en un país pionero en leyes y mediocre en pragmatismo; eso pasa en un país en donde se enseña que proteger a un conciudadano solo acarrea riesgos legales, y aquí vuelven a aparecer los incentivos.

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El sistema teje (¿involuntariamente?) redes de incentivos para el mal y desincentivos para el bien. ¿Les extraña la ola de atracos? No debería, porque el sistema no está diseñado para castigar y reconstruir, sino para ignorar y seguir. Si un ciudadano se defiende, como en el caso de suboficial (RA) del Ejército, termina en problemas, le confiscan su arma mientras es amenazado por bandas, y sale con trauma y resentimiento del caso. Me pregunto si los tomadores de decisiones creen que, al premiar a los criminales indirectamente, ¿éstos van a sentirse desincentivados en sus robos?

Es tan indignante como peligrosa esa maraña de silenciosos incentivos al crimen que se ha venido tejiendo en Colombia. El atracado inmediatamente pasa a ser víctima burocrática también; las víctimas de violencia sexual ahora indignan a algunos por hablar; las voces se unen contra el uso legal de armas, pero callan frente al uso ilegal de ellas, pues en el país ultralegalista solo hay espacio para teorías, 5000 leyes y 25.000 decretos. Entonces, lo que importa es el artículo X y la interpretación voluntariosa que nace de educación a veces poco crítica y mucho menos empática en el devenir del país.

La involución del sistema es tan clara en estos casos, que realmente me pregunto, ¿cómo nos atrevemos a hablar de calidad de vida, cuando la defensa personal y legítima es ilegítima y objeto del escarnio público legalista? Literalmente, no hay derecho a que tanta irracionalidad contamine tanto el sistema legal colombiano. Cada día acariciamos más la cúspide del legalismo, extremo éste que nos aleja de una sociedad pragmática y respetuosa de los más básicos incentivos de vida. Toda mi solidaridad con los ciudadanos que se han defendido de los criminales, aún más para los que han defendido a otros ciudadanos. Merecen una medalla.

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