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Opinión

  • | 2019/07/30 00:01

    Urge un observatorio constitucional

    El impacto de decisiones judiciales emitidas por la Corte Constitucional genera inseguridad jurídica, lo cual desincentiva la inversión y afecta la economía. Los consumidores somos los directamente afectados.

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El poder atribuido a la Corte Constitucional en Colombia ha sido objeto de innumerables debates. La situación ha llegado al punto de plantear la posibilidad de cerrar las cortes para crear una sola, como en Estados Unidos, al igual que la de destituir magistrados. Para muchos esa es la vía.

La inseguridad jurídica generada por fallos de la Corte Constitucional tiene unos efectos económicos y sociales inmediatos. Una de las preocupaciones más grandes es la laxitud con la que son tomados los precedentes judiciales, que en muchas ocasiones son desconocidos. Distintos sectores de opinión, así como gremiales, han manifestado su preocupación por el que consideran como un exacerbado poder de la corte, así como el origen claramente político de algunos de sus miembros, lo cual pone en entredicho algunas de sus decisiones.

Hace unos días, la magistrada Cristina Lombana fue aislada por el que se consideró un claro conflicto de intereses. El periodista Daniel Coronell dedicó dos columnas al tema; otros medios también replicaron. Los magistrados de la Corte Suprema que debieron decidir, pensaron que debía apartarse del caso, pues consideraron se comprometía la independencia de la institución.

En la Corte Constitucional la situación no es muy diferente. El presidente de la corporación, tuvo contratos con el anterior gobierno, unos por haber asesorado la Mesa de Negociaciones en La Habana, y otro con Fonade, el cual cedió a su hermano. (El contrato puede verse en este link: Detalle del procesos número 2011481). La práctica de la profesión no puede prohibirse a nadie, lo que no es correcto es que se falle sobre temas sobre los que se ha sido parte en el pasado, en los que se ha dado su opinión. El asunto fue puesto en consideración de sus compañeros, los cuales determinaron que no existía ningún impedimento para proferir fallos en temas tan delicados como la paz. A Cristina Lombana se le sancionó por considerarse que como miembro de las Fuerzas Militares, sus labores eran incompatibles con las de magistrada. Iván Cepeda, quien la recusó, manifestó en unas declaraciones sobre el caso que “desde todo punto de vista es una situación que suscita desconfianza, que quien conduce e instruye un proceso de esta magnitud tenga una relación tan cercana a una de las partes del proceso”.

Haber dado asesoría al gobierno anterior en los diálogos de paz, así como haber sido contratista de esta al igual que su familia, muestra una relación de cercanía, del presidente de la Corte Constitucional, con el anterior gobierno. Entonces replico lo dicho por Iván Cepeda “desde todo punto de vista es una situación que suscita desconfianza, que quien conduce e instruye un proceso de esta magnitud tenga una relación tan cercana a una de las partes del proceso”. De lo anterior se deduce: ¿la justicia es para todos, o solo para algunos?

Lo último que necesita el país es aumentar la polarización. La unidad nacional es urgente, pues el progreso del país es objetivo de todos. Política y justicia nunca deben mezclarse. Solo así empezará a acabarse con la polarización, que tanto afecta a Colombia.

Inseguridad Jurídica

De antaño, el Banco de la República, a través de algunas de sus publicaciones, ha manifestado la preocupación sobre las decisiones equivocadas de la Corte Constitucional, y el cómo estas han perjudicado la economía nacional.

En uno de ellos, titulado “Efectos Económicos de la Corte Constitucional” Salomón Kalmanovitz, excodirector del Banco, afirmó que “las decisiones que ha tomado la honorable Corte Constitucional con relación al sistema de salud público, a la administración electoral y a otros entes estatales han repercutido en ampliar el gasto público en forma injustificada”. Asimismo, manifestó que “sobre el sistema financiero la Corte tiene poca comprensión y un análisis equivocado de lo que ocurrió en la crisis reciente. Es extraño y peligroso que una corte entre a regular un sector complejo y estratégico para la suerte del país sin contar con la asesoría adecuada”. El documento recibió comentarios de Miguel Urrutia, Alberto Carrasquilla y Sergio Clavijo entre notables economistas, por lo que lo considero valioso. Este último, tiene varias publicaciones al respecto, en las que muestra su preocupación por la afectación económica del país como consecuencia de sentencias emitidas por este tribunal.

Otro documento que debo rescatar, escrito por Juan Antonio Gaviria de la Universidad Pontificia Bolivariana, nos muestra de manera más precisa cómo los fallos de la corte afectan la realidad económica nacional. De entrada, genera dos efectos macroeconómicos negativos, como lo son el aumento del gasto público, por cuenta de sus decisiones, llegando a la órbita de convertirse en ordenadora del gasto (facultad atribuida solo al ejecutivo, específicamente al Ministerio de Hacienda). Otro de los efectos negativos es la reducción de la inversión, como consecuencia de la falta de seguridad jurídica a la que se ven sujetos los empresarios extranjeros y nacionales.

Dentro de los efectos microeconómicos están las distorsiones en los mercados afectados por la jurisprudencia constitucional, pues al reducirse la inversión hay menos jugadores en el mercado, lo cual puede generar monopolios en algunos segmentos de la economía.

Un segundo efecto microeconómico es el incremento desmesurado de los costos de transacción, el cual recae directamente en los consumidores. Las tasas de retorno de la inversión disminuyen al aumentar los costos de transacción, es un principio económico elemental.

La poca familiaridad de algunos magistrados con la economía, así como de sus auxiliares, está generando distorsiones en el mercado. Sería entonces importante que contaran con un cuerpo asesor, de doctores y expertos en Economía, que analicen los impactos de las decisiones de este tribunal.

Por todo lo anterior se hace urgente la creación de un observatorio constitucional, para así generar una cultura ciudadana que redunde en la mejora de la calidad de las sentencias emitidas por esta corte, así como para el porvenir económico y social de la nación.

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