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Opinión

  • | 2020/04/02 05:01

    Un balance de las políticas para la crisis

    No sabemos cuánto tiempo falta, mejor corregir ya mismo lo que sea necesario.

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Durante la crisis, hay seis objetivos de política que el gobierno nacional y los alcaldes no pueden perder de vista: (1) dotar de recursos suficientes al sistema de salud, (2) garantizar un ingreso básico a las familias de bajos recursos, (3) impedir que se destruyan empleos que serían viables en condiciones normales, (4) evitar quiebras de empresas solventes pero sin liquidez, (5) prevenir crisis de entidades financieras, y (6) proteger la sostenibilidad fiscal. De los dos primeros objetivos depende la sobrevivencia de muchos colombianos; de los otros cuatro depende que el país se pueda recuperar después de la crisis. Todos implican difíciles compromisos.

La calidad de las decisiones que se han tomado hasta ahora puede juzgarse según estos objetivos. Al hacer un barrido hasta el 30 de marzo, mi conclusión es que las políticas han sido serias y bien orientadas, aunque aún son cortas en varios aspectos. En pocas semanas, el gobierno nacional y muchos gobiernos locales han adoptado medidas acertadas para manejar una crisis de magnitud imprevisible. También lo han hecho numerosas empresas comprometidas con sus empleados. 

Con el aumento de los subsidios de Colombia Mayor y Familias en Acción, el gobierno reconoció quiénes son los más vulnerables. Sin embargo, los montos son muy modestos: $160.000 mensuales para los mayores de 70, por ejemplo. Es más alentador el esfuerzo que está haciendo Bogotá: subsidios para informales pobres de hasta $423.000 por persona. O Barranquilla, donde la Alcaldía está distribuyendo mercados casa por casa en los barrios más pobres para que las medidas de aislamiento sean más efectivas.

Bien orientada también la decisión de exigir a las cajas de compensación que paguen a los afiliados que pierdan su empleo un subsidio de dos tercios del salario mínimo durante tres meses. Las contribuciones que las cajas de compensación han recibido durante décadas solo adquieren sentido si se les exige ahora que dediquen todos los recursos fungibles a los servicios de salud y a las transferencias directas en dinero para las familias pobres, incluyendo desempleados e informales. 

Correctamente, Hacienda y el Banco de la República han tomado medidas para movilizar ágilmente recursos fiscales y fuentes de liquidez. La creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) es justificable, pero la manera como se decidió implica una preocupante falta de coordinación con las regiones. Han sido bien concebidas las decisiones del Banco de la República de reducción de tasas de interés, compra (con pacto de retroventa) de títulos públicos y privados y subastas de dólares a futuro. Con suficiente liquidez, las entidades financieras estarán en mejor capacidad de acordar con sus clientes programas de alivio financiero sin intereses de mora y sin repercusiones en el récord crediticio de los clientes, como se ha establecido. Bancóldex creó además un programa para otorgar liquidez a empresas pequeñas, sin interés y con un período de gracia.

Pero todo esto es aún poco frente a la magnitud del problema. A pesar de algunos anuncios, no se ha hecho casi nada que efectivamente le ayude a las empresas a mantener el empleo. Lo único concreto es que el Ministerio de Trabajo le ha recordado a las empresas que los despidos deben ser autorizados, lo que está obligándolas a acudir a subterfugios que pueden dañar las relaciones laborales, sin solucionar nada. Para mantener el empleo, las empresas de los sectores más afectados por las medidas de aislamiento podrían ser exoneradas del pago de contribuciones para pensiones por el primer salario mínimo de todos los trabajadores. Siempre y cuando mantengan el número de empleados, las empresas de todos los sectores deberían tener flexibilidad para reducir temporalmente los salarios por encima del mínimo (por ejemplo, 50% del exceso de un salario mínimo). Con la misma condición, en los sectores más afectados, una proporción del primer salario mínimo de todos los trabajadores debería ser subsidiada. 

Como la mayor limitación para este tipo de subsidios es fiscal, no debe descartarse que el Banco de la República financie directamente al Gobierno (lo que constitucionalmente es posible si hay unanimidad entre los miembros de la Junta). En cualquier caso, esto no resolverá totalmente el problema. Un cierto relajamiento fiscal no sería grave si la crisis fuera de corta duración. Pero entre más se “aplane la curva” de contagios para que el sistema de salud pueda responder, mayores serán los costos económicos. Nadie sabe todavía cuándo será prudente levantar las medidas de aislamiento, ni si habrá nuevas oleadas de contagio una vez se relajen. Por otro lado, la situación fiscal de 2021 será muy crítica, pues Ecopetrol no generará las ganancias que estaba transfiriéndole al gobierno, y además se sentirán plenamente los costos de los beneficios tributarios que otorgó la reforma de 2018-19.

El Gobierno, con el liderazgo del Presidente, debe cuanto antes movilizar la solidaridad de las élites económicas para despejar por anticipado la incertidumbre fiscal del 2021. Debe conseguir su compromiso para elevar los impuestos a los dividendos y para eliminar las escandolasas exenciones que benefician a las personas de altos ingresos y a sectores privilegiados. Sin ese compromiso, se sabe muy bien que no se conseguirán los votos en el Congreso para una reforma que genere los recursos que hacen falta. Y si no hay reforma, podríamos estar condenados a varios años sin crecimiento económico. Incluso podríamos perder la década que apenas empieza.



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