Uber vs Gobierno

Resultó por demás interesante la avanzada jurídica anunciada por el viceministro de Transporte contra la plataforma de Uber, que ha calificado de promover un servicio no autorizado luego de las intensas presiones hechas por el gremio transportador al Gobierno y, según algunos, la amenaza de promover el NO en el plebiscito en caso de que el Gobierno no apoyara sus pretensiones contra dicha plataforma.  

Lo cierto es que el debate legal continúa y es conveniente tener presentes algunos elementos para entender que lo que hay detrás es claramente la búsqueda por beneficiar a una minoría frente a la necesaria adaptación al cambio del mundo.

Partamos por aclarar que nuestra Constitución Política promueve la libre competencia y en tal sentido no es aceptable que el mismo Estado se oponga a ella sin que existan motivos razonables y de interés general. Y, ¿cómo se beneficia el interés general restringiendo a Uber, de modo que sea correcto impedir acceso a la plataforma?

Lamentablemente parecería no haber beneficio alguno más que para los transportadores.

En efecto, Uber satisface dos intereses innegablemente de toda la comunidad, en cualquier ciudad en la que opera: de una parte, brinda un servicio con mayor seguridad y de la otra, permite que un vehículo tenga menos tiempo ocioso en términos de circulación y número de usuarios, eliminando así la necesidad de que haya más personas adquiriendo vehículos particulares para circular en las calles.

 En el asunto de seguridad no hay duda alguna, ya que un vehículo y un conductor registrados en una plataforma, a quienes se hace seguimiento satelital y que no reciben pago alguno del pasajero sino tarifas determinadas por la plataforma misma, son la mayor garantía de que no haya paseos millonarios, discusiones sobre las tarifas o el popular muñeco. Estos motivos deberían ser suficientes para que si el Gobierno realmente pensara en la comunidad, los impusiera como una exigencia a los taxistas actualmente.

En relación con la reducción en el número de vehículos es claro que un sistema de transporte público cumple la misma función, sin embargo, según lo ha demostrado en ciertas ciudades que opera y en las cuales existe una adecuada infraestructura de transporte público, ha reemplazado el vehículo particular para usos que sólo son de vehículo particular, como llevar los niños al colegio, ir a la oficina, o simplemente salir tarde de cine.

En tales casos el servicio de taxis ha sido el afectado, naturalmente, en la medida que no haya sido percibido como una mejor opción. Así, limitar el servicio de Uber beneficia a los taxistas, pues quita una alternativa a los usuarios.

¿Cómo lo justifica el Gobierno?, pues en que el servicio de taxi está sometido a regulaciones que dan mayor seguridad a los usuarios, tales como registros y seguros, que no exigen a Uber. Lo correcto sería exigir a los conductores de Uber los mismos registros y seguros, pero no acabar con su participación en el mercado.

El asunto de cómo la conducta del Ministerio restringe la competencia es tan claro que la misma Superintendencia de Industria y Comercio, entidad seria y técnica, ha manifestado en dos oportunidades que la regulación que propuso el Gobierno para el transporte individual de pasajeros como un servicio de lujo, amenaza el desarrollo de innovaciones tecnológicas que puedan corregir fallas del mercado en el servicio de transporte individual de pasajeros, como la falta de coordinación e información sobre quienes requieren y prestan el servicio.

Así las cosas, no parece existir realmente interés general alguno que justifique impedir que la plataforma de Uber intervenga en el mercado. Menos aún para alegar que la plataforma sea ilegal, pues no existe ley alguna que lo prohíba.

La falacia del Gobierno es indicar que no es un servicio autorizado, cuando es precisamente el llamado a reglamentarlo o proveer por una legislación adecuada atendiendo el interés de la comunidad.

Pero claro, si no lo sabía, uno de los más utilizados mecanismos de publicidad política se encuentra en la banca de atrás de los taxis. ¿Cómo no temer a miles de taxistas que en cada carrera critiquen el acuerdo de paz y deformen la opinión de sus pasajeros con su infinita sabiduría popular?