¿Tienen sentido los paros o son más de lo mismo?

El paro del lunes fue apenas el asomo de lo que podría vivir el país hasta que el Gobierno se despida en el 2022, debido al peligroso coctel de los efectos socioeconómicos de la covid-19, la violencia social, los errores del Gobierno y la contienda electoral que se avecina.

Paradójicamente, el periodo más tranquilo para el Gobierno nacional, en lo que a reacciones sociales corresponde, ha sido el semestre de la pandemia que llevamos hasta ahora. Recordemos que desde sus primeras semanas en agosto de 2018 hasta enero de 2020, Duque navegó en aguas turbulentas principalmente movilizadas por líderes sociales y estudiantiles impulsados por centrales obreras y políticos de izquierda. Más allá de protestas ciudadanas, por aquellos días vivimos violencia, vandalismo y bloqueos, que la pandemia casi mágicamente logró apaciguar.

Las causas de fondo de los paros de antes de la pandemia no parecen ser muy diferentes a las actuales. La polarización política, tampoco. Lo que sí parece ser diferente es la legitimidad de los grupos que protestan por cuenta de su evidente mayor vulnerabilidad socioeconómica. Claro está que las razones de la nueva ola de protestas deben ser revisadas con sensatez, porque no todas responden a un genuino sentimiento social, pero tampoco deberían ser ignoradas de tajo por el Gobierno nacional y los sectores de derecha.

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El desprestigio del sindicalismo, el creciente populismo de la izquierda y el oportunismo electoral ensombrecen la discusión que necesitamos dar como Nación, con paros o sin paros, no solo por los problemas que nos deja la pandemia, sino por aquellos que estructuralmente amenazan nuestro desarrollo, como lo son la violencia contra líderes sociales, las masacres, el desempleo y el narcotráfico. El Gobierno no ha mostrado al respecto determinación ni resultados contundentes, alimentando de esta forma el comprensible descontento social.

La reactivación económica alienta la protesta social. Es hora de retomar la discusión concentrándonos en los temas medulares. Promotores de los paros y el Gobierno deben abordar con sensatez el delicado momento que vive la Colombia más vulnerable, que amenaza la estabilidad y el desarrollo de todos. Tenemos que sacar del debate los temas en los que el Estado poco o nada puede hacer, aquellos que parecen caprichos ideológicos, o aquellos que no resuelven nada de fondo.

Temas como el préstamo a Avianca, el fracking, el glifosato, los perfilamientos tuiteros, la extradición de Mancuso y la presencia de tropas norteamericanas nos distraen y confunden. Concentrémonos todos en dos crudas realidades: el obvio incremento de la pobreza y el alarmante deterioro del orden público reflejado en masacres, asesinatos selectivos de desmovilizados y líderes sociales, crímenes contra soldados que participan en erradicación de cultivos ilícitos y nuevos desplazamientos forzados que dábamos por superados. Varios departamentos están azotados, tanto por la pobreza como por la violencia de las disidencias de las Farc, las autodefensas (gaitanistas, pelusos, Clan del Golfo), el ELN y grupos de delincuencia común.

Acierta Duque al promover una estrategia de economía social, que siempre será insuficiente, pero se equivoca al abrir una discusión semántica y superflua sobre la violencia (negar “masacres” y preferir “homicidios colectivos”), justificar los enfrentamientos porque son “ajustes de cuentas” y atribuir todos los crímenes a los cultivos ilícitos. Se debe enfocar en cambio el Gobierno en la facultad que confiere la Constitución a las Fuerzas Militares para el monopolio del uso de las armas en acciones legítimas del Estado, con resultados visibles.

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Duque debería aprovechar el oxígeno político que por ahora le está dejando la pandemia (mayor aceptación ciudadana, según las encuestas) para intervenir los territorios más dominados por la pobreza y la delincuencia, en lugar de entregar del todo las llaves de la reactivación económica y del manejo del orden público a gobernadores y alcaldes.

Y en esta coyuntura, ¿dónde están los gremios empresariales? Por ahora, han optado por el silencio. Seguramente están esperando que el Gobierno fije una posición frente a los paros, lo que seguramente no sucederá hasta tanto no suba la presión en las calles. Pero aun cuando parezcan asuntos de exclusiva responsabilidad del Estado, la pobreza y el orden público son también problemas de la agenda empresarial. Para el primero, los gremios han propuesto importantes estrategias, pero el segundo no parece ser parte de sus discusiones.

Se requiere una agenda empresarial que impulse a nuestros gobernantes a atacar con determinación las raíces de la violencia que viven todos los días los ciudadanos del Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander. Las empresas con presencia o intereses en esos territorios deben fortalecer su compromiso con la protección y defensa de los derechos humanos. Y deberían destinarse recursos privados, además de los públicos, para asistir a las poblaciones que, por su vulnerabilidad económica, son presas fáciles de los grupos al margen de ley que están ocupando el territorio que el Estado ha dejado. Ignorar desde el sector privado el problema es abrirle espacios a la izquierda en el 2022.