RAÚL ÁVILA FORERO
SOS Nicaragua
Luego de la crisis política y social que vive hoy en día Nicaragua, atribuida a la deplorable y autoritaria gestión presidencial de su mandatario actual, ahora es seguro que se avecina una crisis económica que profundizará aún más la precaria situación que atraviesa actualmente.
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A mediados de 2017, se esperaba que la nación centroamericana estuviera dentro del ranking de los tres países con mayor crecimiento a nivel regional. De hecho, se creía que Nicaragua podría llegar a sobrepasar el umbral del 4,5% para este año.
No obstante, este pronóstico tan optimista que se tenía para Nicaragua fue en un escenario, meses antes de la crisis económica y social que se agudizó con las válidas protestas en abril. Para entonces, todo se desencadenó por una reforma pública que realizó el gobierno de Ortega sobre el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en donde se incluiría un aumento en la contribución de las empresas y de los empleados. Y a ello se le sumó una reforma fiscal.
Como es de esperarse, las protestas de los ciudadanos no se hicieron esperar, siendo especialmente activas en las universidades a nivel nacional. Sin embargo, con el descontento también se inició una serie de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas de decenas de manifestantes. A agosto de este año, se estimaba que ya iban más de 300 muertos desde que iniciaron las protestas aquel abril.
Al respecto, se dieron llamados de auxilio para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su Consejo de Derechos Humanos prestara atención a los abusos y represalias que se estaban cometiendo a los manifestantes.
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Por su parte, Daniel Ortega solo se limitó a afirmar que la actuación del gobierno había sido acertada y que la fuerza pública nunca atacó a manifestantes ni los reprimió en algún momento. Y que por el contrario a lo que se creía, y que se desdeñaba en la comunidad internacional, estas aparentes protestas sociales solo eran resultados de un intento de golpe de Estado en su contra, por parte de grupos interesados en la ruptura del orden constitucional.
Así, con la fuerte tensión que se experimenta actualmente en el país centroamericano, las especulaciones sobre el decaimiento de su economía no se han hecho esperar. El mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo de 4,5% a un 1% la expectativa de crecimiento económico para el país en el año 2018. Y se contraerá aún más para 2019 - casi en un punto porcentual - aspecto que se tiene en consideración para el pronóstico sobre América Latina, que por ahora va en un corto 1,3% según la Cepal. Esto significa que la senda de crecimiento de 8 años del país ya ha pasado a ser un recuerdo glorioso.
Y pasando por alto el descarado discurso que se fundamenta en que el país está retornando a la normalidad por parte de su presidente, el proyecto presupuestario para 2019 es el fiel reflejo de sus mentiras. La estimación de sus ingresos, contando las donaciones, se ha contraído un 15%, mientras que sus gastos disminuirán un 8%. Contracción del presupuesto sustentada, esencialmente, en la represión del régimen.
Si bien, el presupuesto aprobado para este año estimaba un déficit de 2.928 millones de córdobas ($282.500 millones de Colombia aproximadamente); pero con la naciente propuesta de presupuesto para 2019 este hueco se ha elevado a 8.244 millones de córdobas ($795.600 millones aproximadamente).
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La falta de capacidad del gobierno para cubrir los egresos de la nación, se disparó como consecuencia de la reducción de ingresos fiscales, donaciones y préstamos. Y para colmo de males, pretende compensar su carencia de recursos con una alta emisión de deuda.
No obstante, bajo un análisis más macro de la situación, la propuesta de presupuesto del 2019 no refleja la verdadera magnitud del impacto de la pérdida de capacidad para cubrir los gastos nacionales, ya que la propuesta incluye, como describí previamente, un ajuste discrecional a la reforma que redujo los ingresos para contraer el déficit.
Esto quiere decir que en lugar de que se perciba un déficit real de más del 150%, solo se reflejará un 8,5% en el 2019. No obstante, se prevé que la senda de crecimiento pueda retornar desde al año 2020, aunque organismos internacionales estiman que será significativa solo en el 2022 (2,5%) con el eventual y esperado inicio de un nuevo periodo presidencial.
Según el Banco Mundial, los sectores más sensibles a la crisis han sido el turismo, la inversión extranjera, la infraestructura y el empleo (en donde el mayor número de despidos se evidencian en el comercio, los hoteles y los restaurantes). Asimismo, no se ha observado aún que grandes y medianas empresas hayan perdido poder de mercado (aunque sí han tenido bajas rentabilidades), pero aún hay que temer por el desempeño y la productividad de las micro y pequeñas empresas, aquellas que constituyen un importante segmento dentro de su tejido empresarial.
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No obstante, se pretende que a finales de este mes, el FMI envíe una misión a Nicaragua para evaluar la situación económica tras los 6 meses de la aguda crisis que ha sobrellevado el país. Con esto, se pretende recopilar más información sobre la economía nicaragüense y revisar las proyecciones macroeconómicas que se tienen actualmente. Así, el escenario económico podría ser aún peor de lo que se proyecta por ahora.
Un SOS urgente que llama a que los organismos multilaterales ayuden a evidenciar el estado social crítico en el que se encuentra este hermoso país, que no merece ni aguanta más que las ansias de poder sobrepasen el espíritu de un pueblo luchador y trabajador, que ansía recuperar sus derechos. ¡Fuerza Nica!