Son necesarios nuevos acuerdos en los contratos de concesiones

Históricamente Colombia venía invirtiendo entre el 1% o 2% del PIB en el sector de infraestructura. Con el desarrollo de las 4G se logró aumentar al orden del 3%-4% del PIB, es decir que, en términos nominales, para el 2019 estábamos hablando de $42 billones en inversión.

Sin embargo, para el 2020 el PIB de obras civiles se desacelerará dada la menor disponibilidad de recursos fiscales y las necesidades que está generando la crisis sanitaria. Igualmente, va a ser necesaria la restructuración de muchos de los pasivos con el sector financiero pues, así el aislamiento se levante o el sector pueda operar, la pregunta que surge es: ¿a qué velocidad se van a recuperar esos ingresos en el corto y mediano plazo? ¿Cuándo se va a llegar a los niveles de tráfico en los aeropuertos y vías que se tenía en 2019 e inicios de 2020? 

Si bien la mayoría de concesiones en Colombia están estructuradas sobre la base de que son auto sostenibles ya sea bajo la figura del ingreso esperado (recaudos por su uso) o con el mecanismo de Diferencia Recaudo (para las 4G), en la actualidad estos proyectos no están recibiendo esos ingresos. Concesiones como los aeropuertos están operando solo con carga y en las concesiones viales el poco tráfico que hay está exento del cobro de peaje, lo que implica que los ingresos no están alcanzando para cubrir los costos de operación. 

En ese sentido, y como una medida para reactivar la economía, de manera acertada el Gobierno ha permitido reiniciar actividades en el sector de la infraestructura en el país en medio del aislamiento obligatorio y con unas medidas de bioseguridad muy estrictas para garantizar la salud de los trabajadores. Para el sector, las medidas de bioseguridad son necesarias y deben ser de estricto cumplimiento para evitar volver a la suspensión temporal de las obras y evitar así mayores sobrecostos en su ejecución. 

Por esto además de las medidas de bioseguridad anunciadas por el Gobierno, es necesario que las entidades estatales sirvan de intermediaros para iniciar mesas de trabajo entre las partes involucradas en una concesión, para establecer mecanismos que permitan proteger uno de los pilares de este tipo de contratos: el equilibrio económico contractual. En ese sentido los temas a trabajar serían la afectación de la liquidez, mayores costos de operación y construcción, la reprogramación de plazos contractuales y eventualmente hasta negociaciones con los prestamistas en los casos donde los perfiles de deuda se deban ajustar a la nueva realidad. Esto teniendo en cuenta que lo más seguro es que el equilibrio se esté viendo afectado como consecuencia de las circunstancias actuales.

En otras palabras, en la medida que la curva de recuperación de los ingresos no sea en forma de V, se ampliará el desequilibrio económico contractual afectándose su sostenibilidad y viabilidad, así que no es de extrañarse que sea imperante, no solo para los contratos ya suscritos, sino para los que vienen, que el Estado resarza este desequilibrio para mantener la confianza institucional del mecanismo de las APP que le ha permitido a Colombia y muchos países de Latinoamérica atraer recursos del sector privado para actualizar y modernizar su infraestructura.

*El autor es socio de Nexus Capital Partners