Opinión

  • | 2018/12/05 00:01

    Solución fiscal en la reforma tributaria para los años 2020 y siguientes

    El Congreso debería tener presente las dificultades más allá del año entrante, para encaminar el proyecto por el sendero de la prudencia.

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La reforma tributaria sigue concentrando la atención de todos los colombianos. Una vez iniciada la discusión de la ponencia preparada por los ponentes y el Ministro de Hacienda para el primer debate y cuadradas las cifras iniciales para buscar los 14 billones (7,5 ponencia + 5,2 Retiro extensión IVA a la canasta familiar y de la reducción tarifa al 18% + 1 menor gasto + 0,5 gestión Dian) se ha puesto en evidencia que sólo resuelve el problema presupuestal del 2019, y queda la gran preocupación sobre la suerte de las finanzas públicas a partir del año 2020.

Los ponentes han asumido su trámite con toda la seriedad que demanda una ley estratégica para el actual Gobierno. A su paso, el Congreso debería tener presente las dificultades más allá del año entrante, para encaminar el proyecto por el sendero de la prudencia. Para ello, debería introducir los cambios necesarios orientados a eliminar exenciones y beneficios particulares en el impuesto de renta, algunos hoy vigentes y otros sumados por la propuesta gubernamental. 

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La reducción de la tarifa para las sociedades debería ir acompañada de la eliminación del tratamiento preferencial de la Tarifa del 27% y de los contratos de estabilidad jurídica que se propone para las Mega-inversiones, de la tarifa del 9% por 20 años para los hoteles que construyan o se remodelen, al igual que la tarifa con gradualidad del 9% para las nuevas Pymes amparadas en la Ley 1429 de 2010 que hoy por hoy tienen desmontado el impuesto en los dos primeros años y partir del tercero tributan en unos niveles irrisorios.  

En el caso del sector hotelero desde el año 2002 gozó de una exención que rigió durante 15 años, luego no se compadece ni es justo frente a los demás sectores económicos, que resulte privilegiado nuevamente como se pretende. Por su parte, al amparo de los beneficios tributarios de la Ley 1429 para las Pymes, se han venido reciclando, en forma indebida, algunas empresas para aparecer como nuevas sin serlo, porque pertenecen a los mismos socios y continúan desarrollando objetos sociales similares, incluso operando en los mismos domicilios. Para estimular el emprendimiento y los nuevos negocios a nivel de las Pymes, el proyecto tiene el sistema Simple que mantendría esta finalidad.

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El beneficio en renta contemplado bajo el manto de la economía naranja, debe limitarse solo a aquellos sectores que corresponden a este concepto según la Ley 1834/17 que lo regula. Los dividendos deben gravarse con una tarifa superior a la del 15% previsto en la ponencia. La tarifa especial para las empresas agropecuarias también debe desaparecer. Para estimular el campo, debe acudirse a otras alternativas diferentes a la del sacrificio de los ingresos tributarios, por ejemplo, mediante créditos blandos que lleguen a los campesinos con menos capacidad económica y el desarrollo de labores de integración entre pequeños y medianos empresarios del campo con grandes inversionistas en proyectos de gran calado.  

A su vez, el desmonte de la renta presuntiva debe eliminarse para dejarla en su magnitud actual. No es cierta la explicación del Gobierno de que las empresas al iniciar su actividad resultan tributando por esta vía sin tener ingresos, pues la ley vigente permite sustraer de la base de su cálculo los activos en período improductivo.

Además, desde cuando fue creada en 1974, durante el Gobierno del presidente Alfonso López, y aún hoy en día, la presuntiva permite materializar el principio constitucional de que “la propiedad es una función social que implica obligaciones” y que sustenta el hecho de que es injustificable la existencia de patrimonios ociosos, pues esta clase de activos colocados al margen de la economía terminan sin aportar a las cargas públicas de la Nación. Por el contrario, por la vía de una tributación mínima se estimula su integración al desarrollo económico y, con ello, se les obliga a asumir la carga impositiva en beneficio de toda la sociedad.

De ser aceptadas estas sugerencias, con seguridad el Congreso y el Gobierno enviarán un mensaje de responsabilidad sobre la política fiscal más allá del 2019. gcote@globbal.co

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