Revisión de los TLC, sí o sí

Hace pocas semanas el presidente Santos, obligado por la Corte Constitucional, no tuvo otra opción que sancionar la Ley 1868 de 2017, de iniciativa del representante Federico Hoyos, que se aprobó con el apoyo de todos los partidos políticos del país. Dicha Ley exige al gobierno presentar al Congreso de la República una evaluación anual de los 13 TLC vigentes.

En una auditoría de la Contraloría al ministerio de Comercio, publicada en septiembre de este año, el ente de control afirma que existe un “bajo y deficiente desempeño en la estrategia de aprovechamiento de los TLC” con Estados Unidos y la Unión Europea. De acuerdo al informe, desde que hay TLC la volatilidad del comercio es mayor, ampliando la vulnerabilidad macroeconómica. El sector industrial es el más afectado porque sus exportaciones cayeron US$4.227 millones entre 2011 y 2016.

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También afirma la Contraloría que la canasta exportadora no se ha diversificado, probando que las declaraciones del ministerio de Comercio sobre los resultados de los acuerdos son engañosas. El Índice de Herfindahl Hirschman, que mide la concentración económica, muestra que tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea, las exportaciones están más concentradas que antes del TLC, es decir, seguimos exportando más de lo mismo. Es especialmente preocupante que hoy existen aproximadamente 1.500 empresas exportadoras menos que cuando inició la apertura económica, lo que demuestra que los TLC en realidad han sido pésimas decisiones para el país. Ninguna persona cuerda se opone al comercio, pero hay que estar muy chiflado para defender un mal negocio y no corregirlo.

Después de 2 años de trámite en que el presidente Santos objetó la evaluación de los TLC, hoy existe una Ley que permitirá tener un informe ante el Congreso de sus resultados. Como no hay forma de probar ningún logro en términos del interés general de la Nación, en la práctica esta Ley es una herramienta que los gremios de la producción, sindicatos, sectores políticos, académicos y sociales tendrán que usar para motivar una renegociación de los TLC, como lo ha venido promoviendo el Grupo Proindustria.

Esta renegociación puede tomar dos caminos: el anhelado por el gobierno para entregar más privilegios a sus mal llamados socios o el que necesita el país para que el Estado retome la dirección de la economía a través de proteger y estimular sectores productivos que generen riqueza.  El resultado no depende de la genialidad de los técnicos, sino de la orientación política que defina el próximo presidente de Colombia. De ahí la importancia de elegir bien.

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