CAMILO DÍAZ

Retos fiscales y plan de desarrollo

El plan nacional de desarrollo PND supone que habrá inversiones por $1.096 billones durante el siguiente cuatrenio, pero no está claro desde donde llegarán los recursos.

23 de febrero de 2019

Los compromisos consignados en los 25 pactos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) suponen que se llevarán a cabo inversiones del orden de $1.096 billones durante los próximos cuatro años para cumplir los compromisos allí consignados. Las fuentes de esos recursos asumen escenarios de crecimiento benevolentes para la economía nacional, específicamente que los precios del petróleo Brent se mantendrán al alza e inclusive pueden aumentar desde el nivel actual, también que nuestros principales socios comerciales que son Estados Unidos y la Unión Europea continuaran en fase de expansión, algo que actualmente está siendo contradicho por la recesión de Italia y el Brexit.

El Gobierno en sus metas espera que la economía local crezca hacia una meta del 4,1% de expansión promedio del cuatrenio que viene, esa meta luce ambiciosa al tener en cuenta que este año se espera un crecimiento del 3,3% y el potencial de la economía está en 3,5% luego para cumplir esa meta de crecimiento, la economía deberá tener un crecimiento superior al 4,5% durante 2021 y 2022. Así las cosas, se requiere de precios altos del petróleo y un ciclo económico mundial favorable, de lo contrario, las metas van a desbaratarse porque dentro del PND no hay herramientas o mecanismos para impulsar la economía en caso de que las exportaciones mineras sufran otro choque como el ocurrido en 2014, o los flujos de capital se reversen si Estados Unidos eleva sus tasas de interés por encima del 3% desde el 2,25% actual.

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Por otro lado, lo logrado con la Ley de Financiamiento aprobada en diciembre soluciona las necesidades fiscales de este año, pero compromete el cumplimiento de la regla fiscal en los siguientes especialmente el 2021 y 2022. Ya las calificadoras de riesgo han llamado la atención sobre esto. Seguramente la vía rápida para solucionar los faltantes que vendrán será echar para atrás la decisión de disminuir el impuesto a la renta corporativa de las empresas, puesto que para el erario será inviable reducirlo del 33% actual hacia el 30% a partir de 2020 que plantea lo aprobado en diciembre puesto que se pierden cerca de $4 billones en recaudo equivalentes al 0,5% del PIB. Tomar la decisión de buscar otros ingresos con más impuestos, a los hogares o demás sectores, irá en contravía de las metas de crecimiento y no cubrir los faltantes arriesgará la calificación de crédito y con ella toda la estructura fiscal del país y el financiamiento del déficit corriente.

El financiamiento de la meta de $1.096 billones de inversión pública cuenta con que $363 billones vendrán del sector privado, en ese punto no están claros los instrumentos que serán usados para canalizar esas inversiones, si será a través de obras por impuestos, asociaciones público privadas, o la inversiones que usan las empresas para su propia operación, en este último caso se trata de inversiones en acumulación de capital del sector privado y no se pueden confundir con inversión en la dotación de bienes públicos que el país necesita llevar a cabo para superar las brechas de competitividad que tiene, donde los costos de transporte, la cadena logística, y el costo de la energía son una carga sustancial en el aparato productivo.

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Aunque en los últimos meses el Gobierno ha insistido en la venta de activos y obtener de allí recursos cercanos a los $10 billones, llama la atención que en las cuentas del PND no se incluyen los posibles ingresos que la Nación obtendría de la venta de activos. Si el Gobierno quiere obtener recursos por la venta de activos debe incluir esos planes en el PND y además entregar al Congreso su plan de enajenación de activos para 2019 antes de finalizar este mes.

Por último, mientras continúa la estrechez fiscal por cuenta de un Presupuesto General de la Nación que de sus $259 billones 85% es inflexible, y la necesidad de cumplir con la regla fiscal para llevar el déficit del actual 3,1% a 1,4% del PIB en 2022, en las cuentas del gobierno se incorporan una mayor distribución de utilidades desde Ecopetrol, algo contradictorio frente a una junta directiva independiente y los deseos de disminuir la participación accionaria estatal.