Reforma tributaria y recaudo

La reforma que se discute actualmente en el Congreso bajo el nombre de ley de crecimiento económico en lugar de corregir las debilidades de la derogada ley de financiamiento trae consigo el aumento de las exenciones, descuentos, y beneficios tributarios con lo cual el gasto tributario en Colombia aumentará por lo menos hacia los $80 billones equivalentes al 8% por ciento del PIB. Las consecuencias de ese movimiento son que el recaudo de impuestos con relación al PIB terminará disminuyendo hacia niveles cercanos al 13% del PIB cuando lo que necesita la nación es aumentar sus ingresos hacia niveles del 16% o 17%. 

Aunque esta reforma tributaria está enfocada en aumentar el crecimiento económico, tal como su nombre lo dice, para pasar desde niveles actuales del 3,2% de crecimiento hacia niveles del 4% o 4,5% del PIB, el hecho de aumentar el gasto tributario probablemente impedirá que se fortalezca el gasto público especialmente el rubro de inversión, y es menos probable que la inversión privada por la vía de menores impuestos vaya a reemplazar el esfuerzo fiscal que puede hacer el Estado para invertir en la dotación de bienes públicos que impactan positivamente el crecimiento de la economía, como las anheladas vías terciarias, los corredores de comercio internacional aún sin terminar, y otros bienes especialmente distritos de riego y drenaje qué pueden convertir al agro en un sector competitivo.

Si la nación deteriora sus ingresos también pierde capacidad de utilizar la política fiscal para apuntalar el crecimiento económico, y para ayudar en la generación de nuevos empleos, más aún cuando el cumplimiento de la regla fiscal exige mantener el déficit para este año en 2,7 % del PIB y para el que viene en 2,3%, so pena de poner en riesgo el grado de inversión de la deuda pública. Proyectar que el crecimiento del sector privado como consecuencia de los nuevos estímulos fiscales compensará la pérdida de ingresos por impuestos, y además acelerará la expansión económica, deja de lado las consideraciones empresariales donde la inversión es fruto de una mayor demanda esperada y no simplemente de una disminución en la carga tributaria, lo mismo sucede con la generación de empleos que obedece más al crecimiento de las ventas que a los costos tributarios.   

Mientras que con la pasada ley de financiamiento se esperaba tener que tramitar una nueva reforma tributaria en 2022, seguramente la nueva posición fiscal después de la actual ley de crecimiento obligará al Ejecutivo a presentar un nuevo trámite tributario a más tardar en el primer trimestre del año 2021, puesto que los ingresos se contraerán en cerca de $10 billones es decir 1% del PIB. Únicamente descontar el 100% del IVA pagado en bienes de capital sobre el impuesto de renta cuesta $6 billones y el descuento del 50% por ciento del ICA y el 4X1.000 otros $4 billones. 

Por otro lado, habrá que contabilizar el costo en términos de gasto tributario que tendrán los tres días sin IVA anunciados por el Gobierno. Los comentarios preliminares de la DIAN informan que estarán limitadas las cantidades de productos que se podrán comprar sin IVA y las categorías de bienes que podrán ser adquiridas sin el gravamen en los días que opere. Esto muestra que dicha medida en contravía de simplificar la recaudación deimpuesto lo hará más complejo para la administración de impuestos y mucho más difícil su administración. Por supuesto lo que ocurrirá con el consumo en los días previos a los anunciados días sin IVA, será una contracción del comercio, ya que los consumidores preferirán aplazar sus compras hasta el momento en que puedan ser efectuadas sin pagar dicho tributo.

Los resultados en la disminución de los ingresos se empezarán a notar a partir del segundo semestre de 2020, luego de la cual el Gobierno o bien empezará a ajustarse por el lado de la reducción del gasto, donde ya hay escasa flexibilidad, o necesariamente anunciando que tendrá que tramitar una nueva reforma luego de que lleguen las perspectivas negativas de las calificadoras de riesgo, y para cumplir con las metas del presupuesto que se apruebe para 2021. Mención aparte merecen las propuestas poco estudiadas de reemplazar el IVA del 19% por un impuesto al consumo del 8% algo que resulta inviable, pues una maniobra de ese estilo reduciría el recaudo en $30 billones.