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Opinión

  • | 2018/09/15 00:01

    Los bonos de agua, manual para dummies

    Lo primero es que los municipios no emitieron bonos, recibieron créditos otorgados por el patrimonio autónomo que los emitió dando como garantía sus ingresos futuros desde el SGP.

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La polémica desatada desde el pasado sábado sobre los bonos de agua ha generado varias preguntas y controversia sobre el actual ministro de Hacienda.

Lo primero que hay que saber es que los municipios no fueron emisores directos de ningún bono, el esquema funcionó desde el patrimonio autónomo Grupo Financiero de Infraestructura GFI que fue el vehículo financiero que realizó la emisión y luego con esos recursos otorgó créditos a los municipios, los cuales entregaron como garantía de pago sus ingresos futuros para el sector de agua potable y saneamiento básico, APSB, provenientes del sistema de general de participaciones SGP. 

Un bono es un título valor de contenido crediticio que da al tenedor el derecho a reclamar el capital en la fecha de vencimiento del bono y a recibir el pago de intereses (cupón) en la frecuencia pactada, la mayoría de las veces anual. Por el otro lado, obliga al emisor a pagar el capital en la fecha de vencimiento y cumplir con el pago de intereses a los inversionistas.

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Por tratarse de un activo financiero de deuda existe riesgo de crédito por parte del emisor, en este caso el GFI, no obstante, los ingresos de ese patrimonio autónomo provenían de los ingresos futuros de los municipios desde el SGP transferidos por la Nación. Como esos ingresos provenían de una fuente segura que es el Estado, la emisión de bonos desde el patrimonio autónomo GFI logró una calificación de crédito AA+ o grado de inversión otorgada por BRC. Ver calificación inicial. Ese nivel de calificación significa fuerte capacidad de pago del capital y los intereses por parte del emisor, es decir, un bajísimo riesgo de impago, en resumen, una inversión segura con escaso riesgo. Ver escalas calificación S&P

El bajo riesgo y grado de inversión se justifican en el hecho de que las fuentes de pago provenían del dinero que los municipios recibirían desde el Estado, que es una fuente segura, por esa razón los bonos pagaban intereses (cupón) de solo UVR+8% anual. Ver prospecto sección 3.4.1. Sin embargo, el patrimonio autónomo GFI intermediaba los recursos y entregaba créditos a UVR+11% a los municipios.

La primera pregunta es, si los ingresos de los municipios provenían de una fuente segura como la Nación, significa que el riesgo de impago también era bajo y la calificación de crédito alta. ¿Cómo se justifica la tasa de UVR+11% que les cobraban en el crédito, frente a UVR+8% del bono emitido, pero respaldado con los ingresos de los municipios?  

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El prospecto de información de los bonos emitidos por el patrimonio autónomo dice en la sección 5.2 que la firma Fajardos S.A.S. sería la encargada de vigilar la utilización exclusiva de los créditos en la construcción de los anhelados acueductos entregando un informe anual y otro semestral. Así mismo la secciones 4.21. y 5.3 informan que el patrimonio autónomo evaluará cada proyecto relacionado con el sector de acueducto presentado por los municipios en la solicitud de crédito, para con base en esa información evaluar, y aprobar o negar la solicitud, así como la verificación documental para el giro directo de los recursos del SGP.

La segunda pregunta es, ¿Qué dicen los informes de evaluación de los municipios sobre cada operación de crédito que se aprobó para desembolsarles el dinero? ¿Qué dicen los informes de la firma Fajardos S.A.S. sobre el uso y ejecución de los créditos en obras de acueducto y alcantarillado de los municipios prestatarios?

La práctica común en los negocios de banca de inversión es que quien consigue dinero para un tercero, cobre honorarios por estructurar el negocio y una comisión de éxito por la colocación, en este caso de los bonos. Eso es legítimo y legal. Igualmente, se pueden pactar otros esquemas de pago para los asesores financieros.

Pero la controversia sobre el ministro de Hacienda es si la firma Konfigura, de su propiedad y que estructuró el negocio, llegó a los alcaldes de los municipios como una firma independiente, o como un exministro que podía unir inversionistas y municipios; y cuáles fueron los argumentos para que los municipios aceptaran la tasa de UVR+11% tomando crédito desde el patrimonio autónomo, pero entregando como garantías las transferencia del SGP, que a su vez fue usada como fuente de repago de los bonos. Por otro lado, el patrimonio autónomo prestamista pretendía cobrar 3% anual durante 19 años sobre el capital de los bonos, lo que equivale a cerca de $147.000 millones.

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