Opinión

  • | 2018/01/09 00:01

    ¿Qué hacemos con los pensionados que siguen trabajando?

    En una reforma pensional el interés general debe prevalecer sobre cualquier consideración. Quienes ya están pensionados son parte de la solución.

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Es inmensa la tragedia pensional. Tres de cada cuatro colombianos mayores de 65 años no tiene pensión y los que accedieron a pensiones públicas son, en su mayoría, los de mayores ingresos, quienes, además, se hicieron acreedores a prestaciones que no son proporcionales a lo que aportaron. En esa bolsa están los pensionados de Colpensiones, el Congreso, las altas Cortes, el Magisterio, la fuerza pública y de otros regímenes especiales.

Además de cobertura, equidad y sostenibilidad, principios en los que el país no sale bien librado, un sistema pensional debería promover la solidaridad, para que quienes tienen mayor capacidad de pago aporten para que otros se puedan pensionar. Con una intención constructiva, sugiero reflexionar sobre un elemento olvidado en el Resumen Ejecutivo del Informe de La Comisión del Gasto.

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Falta solidaridad

Imaginemos el caso del economista Felipe Buitrago*. Felipe llegó a los 62 años y obtuvo una pensión de Colpensiones, gracias a que cotizó durante 30 años a dicho régimen. Merecida recompensa. Su experiencia hizo que la empresa en la que trabajaba decidiera contar 10 años más con sus aportes. Buitrago acepta complacido esta oportunidad.

Desde ese momento y hasta su retiro definitivo del mercado laboral, el señor Buitrago recibirá un ingreso de $16 millones y su pensión de $11 millones. Justo para una persona que trabajó durante toda la vida y decidió continuar en el mercado laboral. Surgen cuestiones cuando se hacen cuentas. Don Felipe no pagará impuestos sobre su pensión y, mejor aún, no le será descontado parte de su salario para hacer aportes pensionales porque en Colombia los que ya están pensionados no están obligados a hacerlo.

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Del caso surgen dos elementos para una reforma pensional. Primero, las pensiones públicas son tremendamente subsidiadas, eso justificaría gravar las más altas, como la de nuestro ejemplo ($11 millones). Así ha sido planteado por el BID y en el análisis de la Comisión del Gasto.

En el segundo elemento está la sugerencia. El señor Buitrago y cualquier pensionado que siga trabajando, independientemente de si tiene una pensión pública o de una AFP, debería aportar de su salario (no sueldo) a un componente de solidaridad. Es decir, que dependiendo de la arquitectura institucional que se defina en el futuro, tendría que ser solidario para la pensión de otros.

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Si mantuviéramos la estructura pensional tal y como está, -que sería un error-, le deberían descontar, si está en una AFP, los conceptos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (1,5% del ingreso base de cotización) y el Fondo de Solidaridad Pensional (Entre un 1% y un 2%, en el caso de Felipe sería el 2%).

Y este no es solo un asunto de Felipe Buitrago. Exmilitares con asignación de retiro, empresarios, docentes universitarios y del Magisterio y profesionales con pensión de una AFP, han continuado en el mercado laboral sin aportar a la pensión de terceros. Todo en un escenario en el que muy pocos logran acceder a este privilegio.

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Esta recomendación se trató de implementar en el Plan de Desarrollo del primer gobierno de Santos. El Congreso rechazó este artículo mientras se presentaba la entonces anunciada reforma pensional. Pasó el tiempo y la agenda legislativa se enfocó en otros frentes.

Lógicamente esta es solo una arista dentro de una gran reforma pensional. En un esquema bien diseñado, todos, incluso los ya pensionados, tendremos que anteponer el interés general sobre cualquier otra consideración.

*El nombre es ficticio

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