Opinión

  • | 2018/04/16 00:01

    Candidatos: se requiere aterrizar las propuestas educativas

    Gobierno, padres de familia, sociedad y ahora candidatos no expresan mayores preocupaciones frente al impedimento que tienen miles de adolescentes de concluir la educación media y continuar en la educación superior, su destino puede ser la ilegalidad.

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Además de la pobreza (según DANE, en 2017 la pobreza monetaria fue 26,9 por ciento y la pobreza extrema fue 7,4 por ciento), las características educativas y culturales de la familia; así como el entorno, donde se convive con la informalidad, la ilegalidad y el éxito fácil, barato y de corto plazo; están determinando sueños y expectativas de vida en niños, adolescentes y jóvenes; que poco ayudan al desarrollo social e inciden de manera negativa en el compromiso y motivación de adolescentes y jóvenes con la educación y con sus deberes para con la escuela.

Niños, adolescentes y jóvenes que deberían estar en la escuela, soñando, trabajando y motivados para llegar a la educación superior (cobertura del 52%) están fuera de la institución escolar, ellos viven en un mundo que sólo ofrece opciones que destruyen su vida y reproducen el ciclo de pobreza, a futuro ellos ayudarán a que otros abandonen la escuela. Según la encuesta de deserción que realizó el MEN y la Universidad Nacional en el año 2011 niños, adolescentes y jóvenes se retiran porque su escuela está muy lejos de su vivienda, no ofrecen escolaridad hasta el grado once, por inseguridad, por problemas económicos, por mal clima escolar o porque se aburren y no encuentran sentido a lo que allí se enseña.  

Recordemos que en Colombia el 40% de los jóvenes no termina la educación media. La tasa de graduación de los jóvenes entre 16 y 24 años en Colombia, en el año 2014 alcanzó el 55,7%, para el sector urbano 63%, mientras que para el rural 31%.

La organización y el funcionamiento del sistema educativo en Colombia coadyuva a la discriminación de los más pobres. Cuando se compara entre colegios oficiales y privados, la financiación de las canastas educativas, por estudiante, superan en algunos casos la relación 1 a 5. En promedio los colegios oficiales en el año 2018 invierten por estudiante cerca de 3 millones de pesos año, mientras que en las instituciones privadas de mejor calidad, los padres de familia pagan en promedio más de 15 millones de pesos año. También en la educación oficial existen diferencias regionales, Bogotá y otras ciudades invierten por estudiante, en los colegios públicos, más de 4 millones de pesos, otras entidades territoriales como Chocó no alcanzan a 3 millones de pesos.

En calidad los datos del ICFES muestran que en el año 2017 los estudiantes de grado 11 de los colegios oficiales obtuvieron una media de 255 puntos, mientras que en los colegios privados los estudiantes alcanzaron una media de 286 puntos, sin embargo los estudiantes más pobres obtienen una media de 228 puntos, ellos no podrán acceder a la universidad.

Señores candidatos, el sistema educativo de financiación, gestión y calidad no está diseñado para ayudar a compensar los efectos de cuna (ingresos, riqueza cultural de la familia y condiciones del entorno). Los niños y adolescentes de las familias menos favorecidas requieren un mayor esfuerzo institucional, humano (formación de docentes) y más recursos. Las escuelas rurales y las ubicadas en los barrios más pobres de las zonas rurales están solas, allí los maestros se quejan, no aparecen otras instituciones del Estado, los padres de familia no ayudan y muchas veces con el ejemplo negativo, o el de los vecinos, desestimulan a los estudiantes para avanzar en el proceso educativo.

Unos profesores de la educación oficial de Tumaco (Nariño) me comentaron que era muy difícil desde la educación promover que los estudiantes se dediquen y hagan un esfuerzo mínimo asociado al aprendizaje, cuando el sueño de ellos es cumplir 18 años y volverse mototaxista o más grave engancharse con los grupos violentos o asociados al narcotráfico, para cumplir esas actividades no se requiere ser bachiller.

También impresiona ver a cientos de jóvenes en las vías de algunos municipios de los departamentos de Cesar, Guajira, Magdalena, Norte de Santander, entre otros, vendiendo gasolina ilegal en pimpinas a cualquier hora del día; o en las ciudades capitales miles de adolescentes y jóvenes dedicados al rebusque vendiendo cachivaches en los andenes y en los espacios públicos donde se aglomeran personas; o casos como el de Cartagena donde jóvenes venden café a $500 la porción, que cargan en termos; o en Bogotá donde a diario adolescentes y jóvenes usan los buses de transmilenio para pedir plata, vender productos o interpretar canciones de dudosa calidad. Todas actividades informales y muy cercanas a lo ilegal.

En los hechos anteriores, no hay nada nuevo y que no se conozca, lo grave es que a todos nos parece una situación normal, hace parte de la idiosincrasia de la sociedad, nos acostumbramos a observar y a convivir con estas formas de vida. Es más no podríamos preguntar: ¿cuántos de estos niños y adolescentes ejercen actividades informales, o hasta ilegales, con el apoyo de padres de familia y otros adultos de su entorno?

Acaso el Estado, la escuela, la familia, quienes aspiran a gobernar y en general la sociedad no deberían tener un sentido crítico frente a la indignidad humana, la inequidad, la pobreza y la exclusión de más de 2 millones de adolescentes y jóvenes entre 12 y 24 años. En las encuestas sobre los problemas del país, la educación y las oportunidades de adolescentes y jóvenes no aparecen como un grave problema a resolver. En la Gran Encuesta de YanHaas de diciembre pasado se preguntó a 1.276 personas de 18 años o más: ¿Cuáles son los asuntos del país que más le preocupan a usted y a su familia?, la educación ocupó el sexto lugar (23 por ciento).

Termino con un ejemplo, para sólo mencionar un tema. Algunos candidatos ofrecen gratuidad en educación superior, eso no resuelve el problema. En los próximos 4 años el país requiere crear un millón de cupos adicionales en educación superior, ¿dónde se van a crear las instituciones educativas? ¿cómo se va a financiar su construcción, dotación y posterior funcionamiento? ¿seguiremos inundado el mercado de abogados y otros profesionales donde hay escasa demanda? ¿Cómo se mejora la infraestructura actual y se garantiza mejor calidad en las instituciones de educación superior que hoy atienden 2.400.000 estudiantes?      

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