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Columnistas On-line
Negociando por televisión
Mediante reportaje ampliamente difundido, las Farc han realizado audaces precisiones sobre las negociaciones de paz. Opinión de Jorge H. Botero.*
Invitado
2 de marzo de 2015
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Dada la alarma ciudadana que ellas generaron, De la Calle no tuvo más remedio que replicar igualmente de manera pública. De este modo, se reduce el espacio que siempre ha estado limitado, de la negociación; y se profundiza el camino de las declaraciones de principios que ciertamente no ayudan a salvar el foso profundo que nos separa.
Recordemos lo esencial de esa entrevista: 1) En ningún caso habrá entrega de las armas; aunque las FARC se comprometerían a no usarlas para “fines políticos” (¿para otros sí?), a condición de que el Estado asuma el mismo compromiso. 2) La validación de los acuerdos, y la realización de las reformas sustanciales que la sociedad colombiana necesita, requieren la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. 3) La guerrilla no “pagará un sólo día de cárcel”.
Si todos estos puntos son inamovibles, “apague y vámonos”. Por lo tanto, hay que hacer el esfuerzo de examinar qué margen de maniobra pueda tener el equipo del Gobierno. Veamos:
Entrega de las armas. Cierto es que el Acuerdo Marco no contempla la “entrega” de las armas, sino su “dejación”. La diferencia en los términos es importante. La entrega de armas, más si se realiza en una ceremonia pública, protocoliza la rendición de uno de los bandos en la confrontación bélica. La dejación puede ser un mecanismo para renunciar a su acceso de manera irreversible; por ejemplo, entregando las armas a un Estado amigo, a Naciones Unidas o mediante su destrucción bajo supervisión internacional. Como la realidad es que la sola existencia de la negociación implica aceptar que las FARC no han sido vencidas, en esta cuestión se puede llegar a una solución de compromiso, excluido, por supuesto, el desarme simétrico de la Fuerza Pública. Habida cuenta de la dispersión territorial de la tropa fariana, la logística de estas opciones no es fácil aunque posible.
Convocatoria de una constituyente de amplio espectro. En numerosas ocasiones el Jefe Negociador ha dicho, para rechazar la propuesta de los alzados en armas, que una constituyente es un mecanismo idóneo para buscar una acuerdo sobre la totalidad o parte de las instituciones políticas fundamentales o el modelo económico y social, pero no para lograr el respaldo popular al acuerdo que eventualmente se suscriba.
De otro lado, la constituyente que plantean las FARC desborda los límites temáticos previstos en el Acuerdo Marco para incluir cuestiones tan exóticas como eliminar la autonomía del Banco de la República. En tal caso, la moneda sería un recurso manejado con la participación del “pueblo”, tal y como sucede en Venezuela, el país con la inflación más alta del mundo...
Además, parte de los constituyentes de la asamblea propuesta serían elegidos de modo no democrático, en contra de la norma constitucional que ordena la elección de los asambleístas mediante el voto universal de los ciudadanos. No cabe aquí, por lo tanto, flexibilidad alguna. El Estado de Derecho, del cual la Carta Política es elemento central, sencillamente no es negociable.
Cárcel para la cúpula guerrillera. Ha dicho “Iván Márquez” que ninguna guerrilla negocia un acuerdo de paz para que sus comandantes vayan a parar con sus huesos en un presidio. Tiene razón. Algo va de ser vencido en el campo de batalla, a ser “partes”, con cierto grado de igualdad al menos formal, en un acuerdo para la cesación del conflicto. Pero se le escapa que el Marco Jurídico para la Paz, que es de rango constitucional, y el Acuerdo de Roma mediante el cual fue creada la Corte Penal Internacional, imponen al Estado Colombiano obligaciones de las que no se puede liberar sin que hacerlo tenga muy negativas consecuencias.
Según aquel marco, una ley estatutaria podría adoptar...“criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”; igualmente, se podrían imponer medidas de suspensión de las penas o penas alternativas.
Como la norma no refiere específicamente a que las penas sean privativas de la libertad, cabría pensar en que esa ley futura podría dispensar a los máximos responsables, entre los cuales probablemente se encuentran algunos integrantes de la cúpula guerrillera, de ir a la cárcel bajo el cumplimiento estricto de ciertas condiciones, tales como el reconocimiento de su responsabilidad y alguna forma eficaz de reparación a las víctimas. Infortunadamente, la Fiscal de la Corte Penal Internacional ha negado de plano esa posibilidad en carta a la Corte Constitucional. Para ella las penas de cárcel, en los casos de mayor entidad, son ineludibles.
Existe, por lo tanto, un riesgo jurídico real de que al margen de lo que diga el Acuerdo para la finalización del conflicto, o de lo que disponga la Ley de justicia transicional que el Congreso deberá expedir, la Fiscalía de la CPI decida iniciar procesos contra dirigentes de la guerrilla que no hayan sido condenados a pagar penas efectivas de prisión por la comisión de delitos como los antes mencionados.
A mi modo de ver este es uno de los problemas más graves con los que tropieza la negociación. La fórmula para resolverlo podría consistir en que Cuba y Noruega, como garantes del proceso, o eventualmente otros países integrantes de la comunidad internacional, extiendan, a unos determinados integrantes de la comandancia de las FARC, inmunidad intemporal dentro de sus territorios siempre que cumplan ciertas obligaciones de buena conducta. Esto significa que quedarían protegidos por solicitudes de extradición provenientes de la CPI o los jueces nacionales de cualquiera otro país en relación con los crímenes cometidos en Colombia con motivo del conflicto al que refiere el eventual acuerdo.
Es evidente que, en la actualidad, una propuesta como esta no tiene respaldo en la ciudadanía. Pero sin ella u otra equivalente es casi imposible cerrar el proceso que transcurre en la Habana. Jubilar de cuenta de todos los colombianos a los comandantes de las FARC puede ser un componente fundamental del precio que nos toque pagar por la finalización del conflicto armado.
Recordemos lo esencial de esa entrevista: 1) En ningún caso habrá entrega de las armas; aunque las FARC se comprometerían a no usarlas para “fines políticos” (¿para otros sí?), a condición de que el Estado asuma el mismo compromiso. 2) La validación de los acuerdos, y la realización de las reformas sustanciales que la sociedad colombiana necesita, requieren la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. 3) La guerrilla no “pagará un sólo día de cárcel”.
Si todos estos puntos son inamovibles, “apague y vámonos”. Por lo tanto, hay que hacer el esfuerzo de examinar qué margen de maniobra pueda tener el equipo del Gobierno. Veamos:
Entrega de las armas. Cierto es que el Acuerdo Marco no contempla la “entrega” de las armas, sino su “dejación”. La diferencia en los términos es importante. La entrega de armas, más si se realiza en una ceremonia pública, protocoliza la rendición de uno de los bandos en la confrontación bélica. La dejación puede ser un mecanismo para renunciar a su acceso de manera irreversible; por ejemplo, entregando las armas a un Estado amigo, a Naciones Unidas o mediante su destrucción bajo supervisión internacional. Como la realidad es que la sola existencia de la negociación implica aceptar que las FARC no han sido vencidas, en esta cuestión se puede llegar a una solución de compromiso, excluido, por supuesto, el desarme simétrico de la Fuerza Pública. Habida cuenta de la dispersión territorial de la tropa fariana, la logística de estas opciones no es fácil aunque posible.
Convocatoria de una constituyente de amplio espectro. En numerosas ocasiones el Jefe Negociador ha dicho, para rechazar la propuesta de los alzados en armas, que una constituyente es un mecanismo idóneo para buscar una acuerdo sobre la totalidad o parte de las instituciones políticas fundamentales o el modelo económico y social, pero no para lograr el respaldo popular al acuerdo que eventualmente se suscriba.
De otro lado, la constituyente que plantean las FARC desborda los límites temáticos previstos en el Acuerdo Marco para incluir cuestiones tan exóticas como eliminar la autonomía del Banco de la República. En tal caso, la moneda sería un recurso manejado con la participación del “pueblo”, tal y como sucede en Venezuela, el país con la inflación más alta del mundo...
Además, parte de los constituyentes de la asamblea propuesta serían elegidos de modo no democrático, en contra de la norma constitucional que ordena la elección de los asambleístas mediante el voto universal de los ciudadanos. No cabe aquí, por lo tanto, flexibilidad alguna. El Estado de Derecho, del cual la Carta Política es elemento central, sencillamente no es negociable.
Cárcel para la cúpula guerrillera. Ha dicho “Iván Márquez” que ninguna guerrilla negocia un acuerdo de paz para que sus comandantes vayan a parar con sus huesos en un presidio. Tiene razón. Algo va de ser vencido en el campo de batalla, a ser “partes”, con cierto grado de igualdad al menos formal, en un acuerdo para la cesación del conflicto. Pero se le escapa que el Marco Jurídico para la Paz, que es de rango constitucional, y el Acuerdo de Roma mediante el cual fue creada la Corte Penal Internacional, imponen al Estado Colombiano obligaciones de las que no se puede liberar sin que hacerlo tenga muy negativas consecuencias.
Según aquel marco, una ley estatutaria podría adoptar...“criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”; igualmente, se podrían imponer medidas de suspensión de las penas o penas alternativas.
Como la norma no refiere específicamente a que las penas sean privativas de la libertad, cabría pensar en que esa ley futura podría dispensar a los máximos responsables, entre los cuales probablemente se encuentran algunos integrantes de la cúpula guerrillera, de ir a la cárcel bajo el cumplimiento estricto de ciertas condiciones, tales como el reconocimiento de su responsabilidad y alguna forma eficaz de reparación a las víctimas. Infortunadamente, la Fiscal de la Corte Penal Internacional ha negado de plano esa posibilidad en carta a la Corte Constitucional. Para ella las penas de cárcel, en los casos de mayor entidad, son ineludibles.
Existe, por lo tanto, un riesgo jurídico real de que al margen de lo que diga el Acuerdo para la finalización del conflicto, o de lo que disponga la Ley de justicia transicional que el Congreso deberá expedir, la Fiscalía de la CPI decida iniciar procesos contra dirigentes de la guerrilla que no hayan sido condenados a pagar penas efectivas de prisión por la comisión de delitos como los antes mencionados.
A mi modo de ver este es uno de los problemas más graves con los que tropieza la negociación. La fórmula para resolverlo podría consistir en que Cuba y Noruega, como garantes del proceso, o eventualmente otros países integrantes de la comunidad internacional, extiendan, a unos determinados integrantes de la comandancia de las FARC, inmunidad intemporal dentro de sus territorios siempre que cumplan ciertas obligaciones de buena conducta. Esto significa que quedarían protegidos por solicitudes de extradición provenientes de la CPI o los jueces nacionales de cualquiera otro país en relación con los crímenes cometidos en Colombia con motivo del conflicto al que refiere el eventual acuerdo.
Es evidente que, en la actualidad, una propuesta como esta no tiene respaldo en la ciudadanía. Pero sin ella u otra equivalente es casi imposible cerrar el proceso que transcurre en la Habana. Jubilar de cuenta de todos los colombianos a los comandantes de las FARC puede ser un componente fundamental del precio que nos toque pagar por la finalización del conflicto armado.
* Presidente de Fasecolda
jbotero@fasecolda.com
jbotero@fasecolda.com
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