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Opinión

  • | 2020/02/18 00:01

    Por qué SÍ firmé

    La construcción de un mejor país así como de políticas públicas se hacen fundamentales en medio de un debate en el que ha faltado rigurosidad en los argumentos.

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El “Manifiesto por Colombia” del cual hago parte, es el pronunciamiento de un grupo de ciudadanos colombianos que pretendemos la construcción de un mejor país, los cuales en el marco de la “Gran Conversación Nacional” consideramos expresar un acuerdo común en 13 puntos, por encima de las distintas corrientes ideológicas a las cuales pertenecemos. 

La reducción de la desigualdad social, la lucha contra la corrupción y contra las estructuras criminales que ella genera, el desarrollo de políticas públicas para el aumento del empleo y la formalización laboral, la priorización de la educación como fundamento del desarrollo económico y social, la protección de la vejez, la presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional, la responsabilidad en la lucha contra el cambio climático y en pro del ambiente,  la implementación del acuerdo, la protección de la vida particularmente de los líderes sociales, la promoción de condiciones de crecimiento económico e inversión, la justicia autónoma e independiente de los intereses particulares, un Estado con una política exterior que sea producto del consenso nacional y la construcción de un Estado moderno insertado en las dinámicas del mundo global fueron los temas sobre los cuales nos pronunciamos.

Firmé el manifiesto por varias razones. La primera, porque soy una ciudadana convencida de que este tipo de expresiones enriquecen el actual debate, el cual se ha visto claramente enrarecido por la participación de grupos terroristas como el Eln y las disidencias de las Farc, la interferencia comprobada de gobiernos como el ruso o la dictadura venezolana, así como de la no menos peligrosa desinformación de la que son víctimas millones de ciudadanos.

En segundo lugar, considero esencial respaldar y fortalecer nuestras instituciones, las cuales pretenden ser minadas mediante actos de violencia y desorden. También creo que actualmente Colombia requiere de, como diría Álvaro Gómez Hurtado, un Acuerdo en lo fundamental. 

En el terreno de lo personal, voté por el No en el plebiscito refrendatario del Acuerdo de Paz. He sido en el tiempo consecuente con este pensamiento. La voluntad popular fue desestimada, lo cual considero un grave traspiés para nuestra vida republicana, que en el siglo pasado padeció de una dictadura, y con actuaciones como esa, por poco otra en pleno siglo 21. El gobierno nacional, que fue electo por los mismos que votamos por el No, hizo unas objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, las cuales fueron desestimadas por el Congreso y por la Corte Constitucional. Eso también lo he considerado un error.

La JEP es una entidad llena de buenas intenciones, pero bastante débil. Esa debilidad se hizo manifiesta por ejemplo en la no judicialización de alias Jesús Santrich, con los resultados que todos conocemos; una burla a nuestro sistema judicial y a nuestras instituciones. Hasta el momento no he observado ninguna sanción o condena significativa por parte de este tribunal, en un país que clama justicia, y que cada vez más, por actuaciones como la que tuvieron en el caso Santrich, fomenta la desconfianza de los colombianos en su sistema judicial.



A estas alturas, la implementación del Acuerdo es un compromiso que el gobierno ha adquirido nacional e internacionalmente. Considero que hay que dar garantías a los desmovilizados, que han dejado de ser parte de la guerra y se encuentran ahora en la legalidad, muchos de ellos niños que fueron reclutados y que hasta ahora pueden dejar las armas. Sin embargo, sigo firme en que hay que remodelar el Acuerdo, tal como se planteó cuando ganó el NO. Así las cosas, creo que en efecto hay que implementarlo, pero con soluciones que nos satisfagan a todos, no como está planteado hasta ahora. 

Considero que intenciones propositivas como las plasmadas en el manifiesto robustecen nuestra democracia y deslegitiman actuaciones vandálicas, que por demás se encuentra por fuera de la ley. Estoy de acuerdo con la protesta pacífica, pues es un derecho amparado por la Constitución Política. Sin embargo, también creo que la protesta debe regularse, pues no se puede permitir que los niños no puedan asistir a los colegios, los jóvenes a las universidades y los empleados a sus trabajos. Tampoco que el crecimiento del país de vea comprometido, porque estas marchas lo impiden. Las protestas económicamente hablando generan daños a la economía sólo comparables con el coronavirus a China; esto claramente es demostrable en la experiencia chilena. Al igual que allí, millones de personas tienen que dejar de trabajar, lo cual sin duda alguna golpea el progreso de la nación.

Para finalizar quiero agradecer la invitación de Jorge Humberto Botero para ser parte de este manifiesto; iniciativas como esta son las que requiere Colombia, en momentos en los que debemos más que nunca fortalecer a nuestras instituciones.

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