Política, corrupción y medio ambiente: como si Transmilenio fuera el único problema

Luego de meses de discusión sobre la compra de los buses de Transmilenio en Bogotá, el debate público lo habían politizado tanto que era difícil –como sucede con casi todos los debates grandes en Colombia- ponerlo nuevamente al lado de la realidad del ciudadano común y de la panorámica del problema. Y mientras aparecían los “maximalistas” que pretenden lo óptimo en todas las dimensiones, al punto de caer en el terreno de lo poco práctico, se fue ignorando un problema más grande e ignorado por todos los gobiernos.

Durante el debate, la queja de algunos era que la licitación de Bogotá no estaba al nivel de las ciudades europeas. La realidad –según mostraba La Silla Vacía en un informe sobre los nuevos buses- no es que los vehículos diésel no puedan circular en Europa desde este año, sino que –entre 2019 y 2025- empezarán paulatinamente a prohibir la circulación de vehículos de gasolina o diésel que tengan más de 20 o 25 años. A su vez, algunas ciudades en Alemania están diseñando un plan de transición que supone prohibiciones graduales para no afectar la actividad económica de millones de personas que tienen este tipo de automóviles.

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Cuando la Alcaldía de Petro decidió no renovar la flota en 2011 –como estaba previsto, luego de 10 años de operación esos vehículos- le tiró a la siguiente Alcaldía el problema. Un informe en el portal Razón Pública mencionaba que, “aunque claramente no se hizo la compra ideal, volver a empezar o demorar más el cambio de los buses sería el peor escenario”. Así, la medida tomada por Peñalosa, como reconocen la mayoría de comentaristas, mejorará la calidad del aire, pero queda mucho por hacer.

En Colombia, la situación del aire no es solo problema de Transmilenio en Bogotá. Quienes circulamos diariamente por las ciudades vemos gran cantidad de chimeneas ambulantes circulando por las calles y tirándonos espesas nubes de humo en la cara. Un día hice el ejercicio de contarlos, transitando durante casi 80 minutos por vías que el Transmilenio no recorre; conté una moto, dos vanes, tres furgones, dos buses y una volqueta. Me preguntaba, ¿para qué llevamos ocho años con una revisión técnico-mecánica cuyos efectos no se ven por ningún lado?

Observe en un trayecto hasta su casa cuántos de esos encuentra y cuántas veces ve a un policía parándolos y poniéndoles multas, aunque le pasen por el lado. Muchos de esos vehículos tienen mucho más de los 20 años que piden los europeos y millones de kilómetros de operación, sin que les hagan al menos una reparación de motor. ¿A esos quién les hace la revisión? ¿Por qué siguen rodando? ¿No es esto tanto o más urgente que el debate público sobre unos buses nuevos que sí mejorarán la calidad del aire?

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En febrero pasado, cuando Medellín se encontraba en medio de una emergencia ambiental por la calidad del aire, el alcalde reconoció a El Tiempo que “todos tenemos que hacer parte de la solución. Es muy triste ver que, en los controles que hacemos día a día, más de un 50 por ciento de los vehículos que muestran que tiene la revisión de gases y revisión técnico mecánica en las vías no pasan el control”. Según él, no es por falta de control de las autoridades, sino porque al menos un tercio de los vehículos no pasan los estándares. El alcalde pedía a Ecopetrol fabricar un diésel de mejor calidad y al Ministerio de Transporte realizar mayores controles de los CDA (Centros de Diagnóstico Automotriz), un negocio montado alrededor de las famosas revisiones técnico-mecánicas.

Viajando en taxi se aprende mucho de estos temas, cuando uno habla con los conductores. Uno de ellos me dijo que en un CDA le devolvieron el carro por algo que salió mal. Nota en mano, llevó su carro a un taller para lo le cambiaran lo que le habían pedido, pero de nuevo se lo devolvieron diciendo que el problema no estaba corregido y el mecánico no le dio ninguna garantía del arreglo. Lo llevó a otro mecánico y le pasó lo mismo, y el nuevo mecánico tampoco le reconoció nada diferente al arreglo que le hicieron, porque “no había nada más para hacerle”. A la tercera vez, tuvo que pasar una plata al funcionario del CDA para que lo dejara pasar, porque “entendí que eso era lo que pretendía desde el inicio y yo no tenía dinero para ir por tercera vez al taller”.

En octubre, El Heraldo de Barranquilla reseñaba los esfuerzos de Barranquilla Verde y la Uninorte para estudiar la calidad del aire de la ciudad. Según la Secretaría de Tránsito de la ciudad, el 13% de las inmovilizaciones se dan por no tener vigente la revisión de emisiones de gases contaminantes e imparten 47 comparendos diarios por este motivo. La Coordinadora de Calidad del Aire de la entidad ambiental aseguró que al menos 30 vehículos de los últimos 90 que inspeccionaron al azar, no cumplían con las normas permitidas de emisión de gases.

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Al respecto, otro conductor me decía que en algunos CDA es frecuente la corrupción y que bien haría el Mintransporte y la Policía en mirar dónde entregan los certificados de gases a estas chimeneas ambulantes, porque no se entiende que los dejan pasar el control. Pero el taxista reconocía también que, cuando van a inmovilizar a dichos vehículos, lo usual es pasarle una mordida al policía de turno para evitar una sanción de 15 salarios mínimos diarios, por lo que los números reales deben ser mucho más altos.

El diario El Espectador, en abril, mencionaba cómo la Procuraduría “recordó que los buses y vehículos que hayan cumplido ya con una vida útil de 20 años deben reponerse. Además, citó a la Superintendencia de Puertos y Transporte para resaltar cómo 5.9 millones de vehículos en Colombia estarían evadiendo su obligación de realizar la revisión técnico mecánica”.

Como siempre, no es por falta de leyes, sino por falta de autoridades honestas que actúen con decisión y valentía. Tanto así que la Procuraduría pidió a los ministerios de Transporte, Ambiente y Salud, entre otros, y a la Superintendencia de Puertos y Transporte, las CAR y los alcaldes municipales, que al menos hagan cumplir las leyes existentes sobre emisión de gases. Pero eso, por supuesto, no da réditos a los políticos en campaña, que deberían pisar los callos de esos seis millones de propietarios de vehículos que tendrán su propia excusa para evadir la norma que a todos nos conviene que se cumpla.