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Opinión

  • | 2020/07/27 00:01

    Política pública, la salvavidas en una pandemia

    La gran mayoría de economías en el mundo ha lanzado paquetes de emergencia ante la pandemia. Sin embargo, esto no necesariamente se ha traducido en todos los escenarios en políticas públicas efectivas hechas a la medida de la situación y de las necesidades de la ciudadanía.

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Investigadores de la Universidad de Columbia realizaron un monitoreo a la cantidad de recursos que 168 economías han invertido para enfrentar la pandemia del coronavirus. Hasta el mes de junio, el monto total del gasto fiscal a nivel mundial sobrepasó los USD$ 7,2 billones, lo que implica un equivalente per cápita de USD$ 1.152.

En el análisis por país, la comparación de paquetes fiscales de emergencia se presentó en una relación al PIB de cada una de las economías. Los primeros lugares los ocupan Japón con un 21%, seguido de Luxemburgo y Bélgica con un 20% y 19%, respectivamente. Por otro lado, los que menos han invertido en estas ayudas han sido Turkmenistán, Yemen y Omán.

En esto, los países con más recursos tienen más posibilidades y facilidades de aumentar su gasto fiscal. No obstante, la calidad y la cobertura del sistema de salud también juega un papel trascendental; es decir que países con menos camas hospitalarias han tenido que desembolsar más recursos. De igual forma, se necesita invertir más recursos, cuando no se tiene suficiente personal médico por habitante, escasean hospitales capacitados con suficientes unidades (no solo de cuidados intensivos) y se tiene una baja agilidad de diagnóstico y atención, etc.

Otro criterio importante para destacar es el acceso al crédito o a ayudas internacionales por la latente necesidad de recursos financieros. Estados Unidos y Japón no solo son de los países más ricos, sino que tienen una capacidad mucho más grande de endeudamiento, ya que hay un mayor número de inversionistas dispuestos a comprar sus bonos. Son apuestas de inversión seguras con muy bajo riesgo.

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La región latinoamericana ha gastado cerca del 2,4% de su PIB, mientras que el mundo ha gastado un 3,7%. La investigación apuntala al tamaño que tiene el sector informal en la región, causante de una baja recaudación de impuestos y, por ende, de una contracción en estos paquetes de emergencia. Por lo pronto, Perú y Brasil son los países que lideran la lista en la región, mientras que Nicaragua y Costa Rica se ubican del otro lado del ranking.

Aunque no hay estudio que lo valide aún, para este escenario pandémico, cantidad no es lo mismo que calidad. Un paquete fiscal más grande no lo hace mejor, ni lo hace más efectivo. Si estos paquetes no se convierten en ayudas efectivas como estrategias de transferencias monetarias, reparto de alimentos, mejora de recursos en salud pública o hasta la preservación del empleo, de nada sirve una mayor inyección de dinero, si no alcanza cobertura y, a la vez, focalización en las poblaciones más vulnerables.

Hay que exigir firmeza y celeridad a los gobiernos y a los tomadores de decisiones para que actúen a favor de la sociedad, para salvaguardar el bienestar de la ciudadanía. Un bienestar que implica una defensa constante de una buena salud, una manutención alimentaria, alivios económicos que no pongan en riesgo a los hogares, protección e impulso a los empleos formales para fomentar una mayor seguridad social, ampliando así la red contributiva, etc.

Esto en la medida en que salvaguardar no implica solo confinar o poner en cuarentena a la ciudadanía, como medida extrema para disminuir la exposición al contagio. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay grupos de políticas públicas que deben implementarse de cara a un corto y mediano plazo, que están condicionados al manejo de esta crisis.

Por ejemplo, para proteger los ingresos de los trabajadores formales y, dado el gran segmento que lo compone, de los informales, en el periodo inmediato deben ofrecerse transferencias monetarias extraordinarias a personas que no figuren en los programas de protección social. Así, en el corto plazo pueden implementarse transferencias, pero condicionadas a la capacitación, e incluso algunos seguros de desempleo, dado el cierre masivo de empresas pequeñas y hasta medianas.

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En concordancia, muchos países están promoviendo el teletrabajo en las ocupaciones en que es posible. Cuando no se puede, hay países que ponen en marcha la reducción de jornadas laborales (Ecuador y Panamá) y, en el más extraordinario de los casos, aplican licencia con goce de sueldo (Perú y Chile). Se sabe de otros casos en los que entran en acuerdos con trabajadores para mantener los cargos laborales, pero reduciendo un porcentaje de su salario.

Otras alternativas giran alrededor de bonos a jubilados y familias que no cuentan con un empleo, alivios económicos por parte de entidades financieras para préstamos realizados a personas naturales y jurídicas, subsidios a licencias por enfermedad, cupones de comida para trabajadores de los sectores más afectados, como el turismo, etc.

Lo que hay es un portafolio de opciones para que los paquetes fiscales lleguen a ser políticas públicas efectivas. Cada país tiene que adoptar políticas a su medida, teniendo en cuenta las necesidades del momento. Dentro de los miedos más grandes, una vez pase la crisis pandémica, está la pérdida de empleos en la región que por ahora se estima entre 5,4 y 18 millones. Pero, en pleno pico de la crisis, la preocupación es una mezcla de vulnerabilidades que van desde atenciones médicas hasta preguntarse cómo obtener el pan del día a día.

Por supuesto que tenemos que hablar de recuperación económica, pero una intervención estatal integral se necesita para poder hablar de una desaceleración en la curva de contagio, en la medida en que se estimula una aceleración en la recuperación socioeconómica. La transición no está nada fácil y ahora los líderes de Gobierno deben medirse en términos de eficiencia y eficacia.

Al revisar el gran abanico de posibilidades de acciones desde la política pública, que se han generado a nivel orbital, su grado de focalización y cobertura, desde una óptica de baja disponibilidad de recursos, y con todas las dificultades preexistentes, creo que Colombia ha venido haciendo bien la tarea, buscando potenciar y maximizar los recursos en la población vulnerable; obvio no todas las decisiones tomadas en estos meses de pandemia han sido respaldadas al 100% por la mayoría de la población, pero sí es claro que han buscado menguar los efectos de una inevitable crisis económica.

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No perder el impulso, buscar cómo llegar a más y más población y buscar como reactivar la economía, mientras pasan los nefastos efectos del coronavirus en la salud de los colombianos, debe ser el enfoque número uno de nuestros servidores públicos. El castigo a la corrupción en este escenario debe ser pleno y eficaz, para que las ayudas no se desvíen en el camino.

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