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Opinión

  • | 2018/09/24 00:01

    Seis acciones de política educativa para mejorar la educación rural

    Uno de los mayores éxitos del proceso de paz ha sido lograr que los colombianos reflexionemos sobre el campo, sus condiciones actuales y las enormes posibilidades para su desarrollo, que Colombia necesita con urgencia.

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Los estudios y análisis reconocen que la baja calidad de vida, el atraso y el abandono en que viven la mayoría de los habitantes de las zonas rurales son el resultado de las debilidades institucionales del Estado, así como la explicación del origen de los mayores problemas que nos aquejan: inequidad, pobreza, violencia, ilegalidad y exclusión social del desarrollo.

Estos problemas son más graves para los grupos poblacionales vulnerables, de manera especial para los niños y jóvenes, más alejados de las cabeceras municipales (ruralidad profunda).

Como se demostró en el artículo pasado sobre educación rural, por fortuna para Colombia la educación rural está emergiendo como un campo importante de estudio, de análisis y de elaboración de propuestas de política educativa.  

Aclaro no se trata de elaborar recetas a aplicar a nivel nacional, sino de definir programas integrales, estratégicos y diferenciados para responder a desafíos sobre: ¿cómo mejorar coberturas y calidad de la educación que reciben los niños y adolescentes que viven en las zonas rurales? o ¿cómo la educación debe ayudar a consolidar desarrollos rurales más equilibrados, con respecto a la vida urbana? o ¿cuáles son los caminos para perseguir el objetivo de una mayor justicia social en general para la población rural?

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Sin duda, la primera acción de política pública para responder a estas preguntas es tener como objetivo de mediano plazo, 10 años, lograr un sistema educativo de buena calidad para los niños y jóvenes de las zonas rurales, con el propósito de formar buenos seres humanos, garantizar mejores derechos y jalonar nuevos desarrollos políticos, culturales y económicos. La educación rural puede ser un factor determinante para avanzar en equidad, justicia social y legalidad, sin olvidar avances en el sector productivo.

En las zonas rurales el sector educativo para mejorar la calidad no puede actuar solo, ante la magnitud de los problemas de los niños y jóvenes, se requiere una respuesta multisectorial. Para el caso educativo debe empezar con un diagnóstico de las condiciones de la educación rural, en las 95 entidades territoriales certificadas y luego diseñar intervenciones puntuales pero estratégicas que respondan a dicho diagnóstico. 

Los distintos encuentros que sobre educación rural se han realizado en 2018 evidencian grandes diferencias en las características y necesidades locales para lograr una educación rural de buena calidad. La ruralidad de la costa Pacífica no es igual a la de las zonas andinas y éstas en nada se parecen a la ruralidad de la Guajira, para sólo mencionar 3 casos.

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Una segunda acción es fortalecer los colegios rurales, con el debido respeto a la autonomía escolar. Algunos colegios rurales pueden ser la base para canalizar los esfuerzos institucionales que permitan la llegada de los programas sociales de manera más eficiente y con control ciudadano, de manera especial aquellos que inciden en bienestar, salud, cultura, recreación y permanencia escolar de niños y jóvenes. Este ejercicio de política pública demandará un enorme reto de coordinación interinstitucional y capacidad de gestión que algunas entidades territoriales no tienen.

Una tercera acción que recomiendo al MEN y al gobierno nacional es apoyar a las secretarías de educación con mayor cantidad de estudiantes rurales o de colegios rurales para promover y crear una capacidad de gestión que permita cumplir procesos y metas para desarrollar la educación rural, además de coordinar el apoyo multisectorial a los estudiantes, docentes y padres de familia en los colegios rurales.

Una cuarta acción de política pública es repensar y planear la ubicación de nuevos colegios rurales en función de la cobertura y de la calidad (fortalecer el transporte escolar o ayudas económicas a padres de familia para tal fin). Hoy existen sedes educativas rurales aisladas hasta de la sede principal del colegio, con 5 o 10 estudiantes y uno o dos profesores. El aislamiento de niños y docentes no ayuda a la calidad, se requiere crear comunidades educativas y pedagógicas dentro y fuera de los colegios oficiales.

Según el Ministerio de Educación Nacional, MEN, en el año 2014 de 12.212 centros educativos oficiales, 5.022 tenían menos de 150 estudiantes y 3.782 menos de 50 estudiantes, también, según Dane, en 2017 existen más de 35 mil sedes educativas oficiales en las zonas rurales.

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De acuerdo con Saavedra y Forero, en Colombia, al igual que en otros países, hay correlación entre colegios pequeños y bajos resultados en Pruebas Saber 11. Ello explica que países como Corea del Sur tomaron la decisión de cerrar las sedes educativas con menos de 180 estudiantes y reagrupar 2 o 3 de estas sedes en nuevos centros educativos construidos y dotados para tal fin.   

Aunque no existe un  tamaño ideal de escuela por estudiantes, recordemos que en la encuesta TALIS del 2015, en los países desarrollados, el tamaño promedio de los centros educativos fue de 546 estudiantes con 45 docentes por escuela.

La quinta acción es buscar cómo mediante incentivos adecuados (salarios, concursos para acceso al magisterio, estabilidad, formación y evaluación) los mejores docentes deben ir a las zonas rurales. Además de determinar procesos de formación por colegio se requiere acompañamiento en aula. La experiencia del Programa Todos a Aprender será muy importante para el desarrollo de esta acción. Nada en educación se consigue sin el apoyo de los docentes, y la calidad de la educación pasa por la calidad de sus docentes. 

La sexta acción para fortalecer la educación rural es aceptar que los colegios rurales y sus estudiantes demandan canastas educativas que pueden duplicar el valor actual, cerca de 2,7 millones de pesos año por estudiante, o menos, que hoy el país invierte en la educación de los niños y jóvenes rurales, mientras que Bogotá y otras entidades territoriales invierten más de 3,5 millones de pesos año por estudiante. Con estas diferencias el Estado ha contribuido a la inequidad con lo rural.

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