MARIO VALENCIA

Pensión o asistencialismo: ¿Qué busca Duque?

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, anunció la semana pasada que sí va la reforma pensional, lo cual ya se sabía, pero revela que el Gobierno mintió en noviembre. A menos que la hayan elaborado en dos meses o que la anunciaron sin tenerla hecha; cualquiera de las dos opciones es igual de grave.

Mario Valencia, Mario Valencia
3 de febrero de 2020

De todas formas, lo importante es anticipar ¿para qué busca el gobierno de Duque una reforma pensional? ¿Para aumentar la mesada?, ¿para reducir la edad de pensión?, ¿para fortalecer a Colpensiones? A la luz de las declaraciones del ministro de Hacienda, de las propuestas de Fedesarrollo, Anif y Asofondos, que ejercen un poder de ‘lobby’ inmenso en el Gobierno y en el Congreso, estas hipótesis parecen fallidas. 

Sugiero tres diferentes. La reforma pensional tendrá como objetivos: 1) Frenar el masivo traslado de cotizantes desde los fondos privados hacia Colpensiones e impedir nuevas afiliaciones a este último, con el propósito expresado por los banqueros y Carrasquilla de “marchitarla”. 2) Reducir la tasa de reemplazo de Colpensiones, en promedio de 65 %, para hacerla más parecida a la de los fondos privados de 35 %. 3) Fortalecer los programas BEPS y Colombia Mayor, como mecanismos asistencialistas para la mayoría que no logra pensionarse, permitiendo pensiones por debajo del salario mínimo.

Algunos datos dan pistas de que este será el camino, dado que en los últimos cinco años más de 587.000 personas se trasladaron a Colpensiones y en el Plan de Desarrollo de Duque el programa asistencialista BEPS quedó atado a esta institución, bajo el argumento de que a quien no le alcance el capital ahorrado para pensionarse, automáticamente pase a este sistema. Sin embargo, no se prevé ninguna solución de fondo al grave problema de que la inmensa mayoría de la población no tiene pensión. Porque el problema no radica en quienes hoy están cotizando activamente, sino en quienes no lo logran, entonces habría que buscar el origen. 

Poco más de 6 de cada 10 personas no cotizan a ningún sistema pensional, porque sus trabajos son altamente informales, mal remunerados y poco estables. Por ejemplo, los trabajadores que tienen los salarios promedios más altos son del sector financiero, con $ 2.667.005 mensuales, pero tan solo son 325.000 trabajadores en todo el país. Ellos tienen una alta probabilidad de pensionarse. Mientras tanto, los trabajadores del sector comercio ganan en promedio $ 1.150.537 y son aproximadamente 6.100.000 trabajadores. La informalidad en este sector es de 65 %, según el Dane, así que la probabilidad de pensionarse es baja. En efecto, según Fasecolda, 6 de cada 10 personas que buscan pensionarse en los fondos privados no obtienen una pensión sino una devolución de saldos, por lo que es erróneo llamarles fondos de pensiones, que más bien son instituciones de ahorro individual con altos costos administrativos, unos $ 7 billones por año. 

Yendo más a fondo, habría que preguntarse cuál es la causa de esta estructura laboral tan precaria. La explicación es más sencilla de lo que parece: el aparato productivo del país está en franco deterioro, como resultado de políticas que han favorecido durante décadas las compras foráneas sobre la producción nacional. Así, para poner un caso, un país poderoso y competitivo como Estados Unidos puso aranceles de 25 % a las importaciones chinas, porque no pueden competir con ellas. Mientras tanto, en Colombia el Gobierno y la Corte Constitucional definieron abandonar a su suerte al sector de textiles y confecciones, responsable de 1.600.000 ocupados, en su mayoría mujeres. 

La solución, en este sentido, también es sencilla: se requiere, en primer lugar, una reforma productiva que establezca estímulos y defensa a la agricultura y a la producción manufacturera, para que esta aumente la demanda de trabajo, vincule masivamente mano de obra capaz de ahorrar para su pensión y vuelva completamente innecesario el modelo de fondos privados que no pensionan, pero se lucran de los $ 250 billones de ahorro sustraído de la sociedad.