Panamá Papers

No resulta del todo sorprendente la información filtrada de las actividades de Mossack Fonseca y de algunos de sus clientes en jurisdicciones de baja imposición, aunque llame la atención el calibre de algunos de los nombres y el monto de ciertas transacciones que denotarían sus inmensas riquezas, poseídas a través de vehículos legales que ocultan a su beneficiario real y origen.

Desde hace décadas, sin embargo, las administraciones tributarias de países desarrollados han identificado herramientas de evasión en jurisdicciones que no gravan ingresos y activos fuera de su territorio, que no recaudan información de propietarios de vehículos legales, o prevén reglas de secreto profesional que impiden a entidades bancarias o servicios legales revelar información sobre sus clientes.

Contra dichas prácticas, que consideran colaborativas con la evasión y el blanqueo de capitales, han adoptado reglas como la declaración de ciertas jurisdicciones como jurisdicciones que no colaboran con el suministro de información, calificadas coloquialmente como paraísos fiscales, y frente a las cuales se imponen reglas especiales que someten a alta tributación las transacciones que se efectúen entre residentes de países desarrollados y entidades o vehículos de jurisdicciones no cooperativas, o que les exigen la revelación de sus beneficiarios reales para la procedencia de los efectos fiscales de pagos efectuados a ellas.

De manera conjunta a través de entidades como la Organización para la Cooperación Económica y el desarrollo (Ocde), se han acordado reglas dirigidas a la creación de una cultura de intercambio de información para impedir la evasión, resultando en acuerdos multilaterales como la Convención de Colaboración Mutua Administrativa en Asuntos Tributarios ya suscrita por más de 80 administraciones y que propende por el intercambio de información, bien a pedido de alguna de ellas o de manera automática, así como por la asistencia entre administraciones tributarias para el levantamiento de información a través de inspecciones y auditorías, entre otras herramientas.

Si bien es claro que los países signatarios son precisamente los que sufren los efectos de la evasión y no los que la facilitan, ha sido demostrado en el pasado que tratándose de decisiones soberanas de cada Estado, la modificación de los regímenes legales no colaborativos en el suministro de información depende esencialmente de la presión internacional que exista.

Un buen ejemplo es como los Estados Unidos logró poner en cintura a la banca internacional para revelarle información sobre cuentas de ciudadanos americanos en el exterior, a través de la amenaza de imposición de retenciones sobre los pagos efectuados a los bancos foráneos que no revelen dicha información (el ya famoso “Facta”), siendo esta clase de presión idónea en la medida que en un espacio de tiempo relativamente corto la mayoría de entidades bancarias y países han celebrado acuerdos de suministro de información con los Estados Unidos para ese propósito.

Pero esta clase de presión no la pueden ejercer todos los Estados, por lo que sigue existiendo un importante espacio de tiempo para que se mantengan las cosas como lo son en la actualidad.

El escándalo de los Panama Papers sí revela una fragilidad de un sistema lleno de poderosos amigos y enemigos, de la misma manera que hace años se evidenció la del secreto bancario suizo cuando se filtró la lista de clientes de una gigantesca entidad bancaria en Suiza que llevó en Estados Unidos al pago de multas billonarias por permitir la evasión de ciudadanos americanos.

Fragilidad, sin embargo, que se demostró en esta semana por declaraciones de los oficiales panameños, no va a resultar en un cambio de su sistema legal, al menos al corto plazo. Significará sí un reforzamiento de la seguridad por parte de las firmas de abogados y sus bancos para prevenir nuevas filtraciones, pero no se augura nada diferente, pues Panamá cuenta con una economía hoy boyante, con crecimiento sostenible, pleno empleo, un robusto sistema financiero y grandes inversiones del exterior que podrían afectarse por cualquier cambio en la percepción de riesgo sobre el país.

De otro lado, Panamá puede alegar que ya colabora en investigaciones criminales, acabó con las acciones al portador, tiene una ley de lavado de activos que ha reorientado la práctica financiera y legal, y sin duda alguna no tiene la intención de ser calificada como un paraíso fiscal, pero tampoco de empobrecerse.

Si bien Panamá no va a cambiar, la cuestión es si los demás países la tratarán o no como paraíso fiscal, haciendo más difícil y costoso fiscalmente las transacciones con residentes en esa jurisdicción. Colombia lo hizo y luego lo deshizo, y hoy no puede menos que destacarse que existen grandes intereses de ambas partes en tener una buena vecindad.