Paradojas de la descentralización en Colombia

A propósito de las elecciones regionales que tuvieron lugar el fin de semana, parece interesante y oportuno tratar el tema de la descentralización que fue uno de los pilares de la reorganización socio-económica de Colombia cuando nació la constitución de 1991. En particular, una situación actual que llama la atención, aunque ha pasado desapercibida, es la salida de recursos del sistema financiero de los excedentes de liquidez pertenecientes a entidades públicas, con el propósito de centralizar su manejo a través de la Tesorería Nacional y con la custodía del dinero en el Banco de la República.

¿Qué es el SCUN? Según el Ministerio de Hacienda, el Sistema de Cuenta Única Nacional es un modelo de tesorería pública que concentra los recursos generados por el Estado en una tesorería central con el fin de optimizar su administración, minimizar los riesgos y optimizar los costos. Este sistema que fue reglamentado por decreto en 2013 y entró en vigencia este año, contempla que los recursos sean dispuestos en el Banco de la República. 

Si bien el hecho de centralizar el manejo de los recursos de las entidades públicas tiene unos principios deseables desde el punto de vista de la disciplina fiscal, el momento y la forma en que se realiza no luce muy adecuado. De hecho, a mediados de mes, Asobancaria manifestó su incorformismo ante el drenaje de recursos del sistema financiero que ha implicado la implementación del SCUN, siendo una contracción monetaria de facto. Según dicho gremio, los recursos públicos de cuentas bancarias recientemente se han reducido en 3 billones de pesos, mientras que el saldo del SCUN creció 5,3 billones de pesos entre agosto y septiembre; hechos que se han traducido en captaciones extraordinarias de los bancos y en incrementos sobre las tasas de interés de corto plazo de la deuda corporativa.

   

No obstante, así el SCUN esté bien estructurado, éste configura un síntoma más del retroceso en la capacidad de descentralización del sector público colombiano. Mientras parece entendible hacer un estricto seguimiento y cerrarle el espacio al desvío de los recursos hacia actividades no prioritarias como una forma de enfrentar los elevados niveles de corrupción, en buena parte de las entidades públicas, ¿dónde quedó la profesionalización de los funcionarios públicos con idoneidad y preparación técnica para el manejo de recursos públicos? Como dice el refrán “seguimos buscando el ahogado río arriba”.

Mientras la descentralización política pareciera más vigente que nunca, a juzgar por la altísima cantidad de candidatos que hubo para los cargos de elección popular en los comicios regionales, es evidente la fragilidad de la institución fiscal que acompaña esta mayor autonomía, toda vez que el gobierno nacional ha tenido que limitar cada vez más la forma en que se ejecutan los recursos públicos de las entidades territoriales. Según el más reciente indicador de desempeño fiscal publicado por planeación nacional, 14 de 32 departamentos (44%) y 741 de 1.101 municipios (67%) dependen de manera importante de las transferencias y son entidades territoriales expuestas a desequilibrios en sus finanzas como consecuencia de choques en sus estructuras financieras.

Por eso más allá de intensificar la actitud paternalista del gobierno central, un vuelco en el fortalecimiento regional a través de un nuevo ordenamiento territorial que deje atrás los trasnochados conceptos de municipio y departamento y evolucione hacia organizaciones supramunicipales que respondan a las realidades socioeconómicas de las regiones y con órganos de gobierno más robustos y, por ende, con menor capacidad de generar clientelas para el mercado de voto popular, podrían constituir avances significativos en el espíritu descentralizador de nuestra carta política. Entes territoriales con mayor densidad poblacional con capacidad de generar economías de escala en los mercados de productos, con menores incentivos a depender de la contratación pública, con mayor capacidad de agremiarse alrededor de actividades productivas, tienen mejores probabilidades de desarrollo a largo plazo y, en consecuencia, de conseguir la autonomía fiscal indispensable para un adecuado funcionamiento de la descentralización.

Vale recordar que el proceso de descentralización es uno de los propósitos de la Constitución de 1991 y supone que la elección democrática de los mandatarios locales fortalece la autonomía territorial e impulsa el mejoramiento de la gestión pública. Sin embargo, ante las cifras expuestas, se puede concluir que la descentralización en Colombia sigue en estado embrionario y que, sin cambios de escenario, el gobierno nacional seguirá actuando con actitud paternalista con el riesgo de concentrar un poder fiscal que mal manejado puede ser una pesadilla para las finanzas públicas del país.