Brasil en la encrucijada

La situación actual de Brasil es bastante precaria: El crecimiento económico fue de apenas 0,1% en 2014, mientras que este año se espera una contracción de 1,8% y para 2016 las expectativas apuntan hacia un lánguido registro de 0,8%. Entre tanto, la tasa de desempleo pasó de 4,3% en diciembre de 2014 a 6,9% en junio de 2015, siendo el máximo desempleo desde 2011. Esta situación es consecuencia del bajo crecimiento de la inversión, la caída en los precios de los commodities, la altísima desconfianza en un gobierno recien electo y con escasa capacidad de respuesta desde la polñitica fiscal y monetaria.

Las cuentas externas también se están deteriorando. El balance de la cuenta corriente pasó de niveles de déficit alrededor de 2% del PIB entre 2010 y 2012 a niveles de 4,4% del PIB en 2014, mientras que en lo corrido de 2015 la depreciación del real alcanza 28%. Desde finales de 2012 la moneda brasilera ha perdido el 64% de su valor con respecto al dólar.

La combinación de baja inversión, mayores impuestos, incremento en precios regulados como la energía y la fuerte depreciación del real han llevado a un desborde de la inflación. Solo en 2015 la inflación ha subido más de 2,5% al alcanzar niveles de 8,89% (frente a un rango meta entre 2,5% y 6,5%). En consecuencia, desde abril de 2013 la tasa de intervención del Banco Central se ha doblado al pasar de 7,25% a 14,25%, siendo el nivel más alto de este indicador en nueve años, hehco que juega en contra de la capacidad de recuperación económica en el corto plazo, aunque es una señal de credibilidad en la política monetaria.

Por último, la política populista de años previos ha conducido a que las finanzas públicas se debiliten rápidamente en momentos de bajo crecimiento económico y ante una situación internacional desfavorable. En efecto, el déficit fiscal saltó de 3,3% a 6,7% del PIB entre 2013 y 2014, mientras que la deuda pública a mediados de 2015 supera el 63% del PIB e incluso se estima que bordeará el 70% del PIB en un par de años. Ante esta situación, la presidenta Rousseff designó un nuevo ministro de finanzas en noviembre de 2014 e inmediatamente comenzó un proceso de austeridad fiscal que inicialmente contó con el beneplácito de los mercados, pero se ha venido diluyendo dicho respaldo, en gran medida como consecuencia de los escándalos de corrupción.

Recientemente, los directores ejecutivos de dos de las principales compañias de obras civiles de Brasil, el grupo Odebrecht y la firma Andrade Gutierrez, fueron arrestados como parte del proceso de investigación por pago de sobornos a oficiales del gobierno para obtener lucrativos contratos con Petrobras, y la situación parece haberse extendido hacia otros sectores y otras compañías. La buena noticia es que se están adelantando 119 acusaciones judiciales y 30 sentencias por corrupción, muestra de que el sistema judicial funciona. Sin embargo, el capital político de Rousseff sigue disminuyendo, pues en la última encuesta duisponible (julio de 2015) el 71% de los brasileros califica al gobierno de Rousseff como malo o pésimo, mientras que solamente el 7,7% considera que la gesión ha sido buena o excelente.

Ante el disminuido capital político y como respuesta al bajo recaudo, hace un par de semanas el ministro de finanzas anunció un recorte de la meta de superávit fiscal primario de 1,1% del PIB a 0,15% del PIB para 2015, mientras que para 2016 esta meta fue reducida de 2% a 0,7% del PIB. Esta decisión sumada a la misma oposición del minsitro de planeación y de parte del Congreso que incluso han pasado proyectos para impulsar el gasto público, son considerados como prueba de la débil capacidad de sacar adelante las reformas fiscales requeridas para garantizar un ambiente macroeconómico sólido a mediano y largo plazo.

Precisamente como respuesta al deterioro del margen de maniobra político mencionado, la agencia calificadora S&P el pasado 28 de julio decidió disminuir el outlook de la calificación crediticia de estable a negativo, lo cual significa que en un horizonte de 4 a 6 trimestres es probable una reducción de la calificación de BBB- a BB+, con lo cual Brasil dejaría de ser considerada una economía con grado de inversión. Afortunadamente, Ficth ratings y Moody`s Investors Service mantienen una calificación crediticia superior para Brasil (BBB), pero también con outlook negativo.

La encrucijada actual a la que se enfrentan las autoridades brasileras consiste en cómo adelantar medidas ortodoxas pero impopulares en medio de la recesión y de la baja confianza en sus gobernantes, pero que son necesarias para evitar problemas mayores a mediano y largo plazo (recordemos a Grecia). En el frente monetario la devaluación ha conducido a elevados niveles de inflación que terminan en una escalada de las tasas de interés locales, mientras que en el frente fiscal la indisciplina de años anteriores desemboca en medidas de austeridad que provocan un mayor sufrimiento a corto plazo. Adicionalmente, las medidas fiscales que debe impulsar el gobierno de Dilma Rousseff no tienen garantía de éxito al contar con un bajo respaldo popular y un deteriorado capital político en el Congreso como consecuencia de los escándalos de corrupción.