¿Qué pasó con la locomotora del agro?

Ciertamente la locomotora del agro siempre está en el imaginario de nuestra clase política como el salvavidas de la economía nacional. Sin embargo, el crecimiento promedio del sector entre 1976 y 2013 fue de apenas 2,6%, bien por debajo del promedio de 3,8% de crecimiento del PIB en el mismo periodo, hecho que refleja la escasa importancia que ha tenido el sector agropecuario como motor del desarrollo en Colombia.

Según un estudio de la unidad de planificación rural agropecuaria (UPRA) del ministerio de agricultura, en Colombia se explota apenas cerca del 35% de los 114 millones de hectáreas del territorio nacional y lo peor es que están mal utilizados. En el caso de la tierra con vocación para actividades agrícolas (22 millones de hectáreas), solamente 5 millones de hectáreas se dedican a cultivos agrícolas, mientras que en el caso de la oferta de tierra con vocación para ganadería (15 millones de hectáreas) es sobrepasada ampliamente por 34 millones de hectáreas de pastos y herbazales.

En todo caso, el desarrollo económico y social si parece requerir un mayor dinamismo de la economía rural que siempre ha sido caldo de cultivo para el surgimiento de actividades ilícitas como el narcotráfico y de persistentes situaciones de violencia como principal forma de mantener el status quo por parte de élites muy poderosas fuera de los principales centros urbanos. No hay que olvidar que según el PNUD el 32% de la población colombiana es rural, así como el 75% de sus municipios.

Como es evidente potencializar el agro colombiano es un tema de marca mayor y tiene desafíos que difícilmente serán superados con políticas municipales o departamentales de corto plazo como las prometidas recurrentemente en épocas electorales. Aún una devaluación infinita será innocua para llevar este sector a ser motor de la economía, tampoco lo será la firma del proceso de paz.

Lo interesante es que existen elementos indispensables para el éxito de una política pública de largo aliento para el sector agropecuario pero que claramente tiene que dar un vuelco a la forma tradicional de abordarse. La economía colombiana hoy goza de buena salud con un sistema financiero sólido, alto nivel de ahorro institucional, moderados niveles de desempleo, moderado desbalance fiscal pero manejable, baja inflación, ingreso continuo de inversión extranjera, mientras que el acceso a la financiación internacional continua en condiciones muy favorables (bajas tasas y largos plazos).

Objetivos como bajar la alta concentración de la propiedad de la tierra con la premisa de que esta es la solución a los problemas del agro en Colombia son evidentemente inconvenientes. Si la política consiste en llenar al país de minifundios con una cantidad importante de campesinos propietarios pero que no saben como aprovechar y rentabilizar la tierra, nuevamente se perderán las oportunidades de desarrollar el campo y así evitar el crecimiento de cinturones de miseria en las ciudades y tener que seguir creciendo el gasto fiscal en políticas asistencialistas insostenibles.

Aumentar la productividad en el agro, como en cualquier otra industria, implica importantes inversiones en tecnología, tecnificación de las formas de producción y comercialización de los productos agropecuarios. La gran escala permite:

1. Generar mayor capacidad de negociación al participar en el mercado de insumos (fertilizantes, pesticidas, semillas, etc.);
2. Obtener mejores esquemas de financiación (créditos bancarios, fondos de capital privado, capitalización, emisión de títulos de deuda) aprovechando el sistema financiero cada vez más desarrollado y ávido de nuevas alternativas de inversión;
3. Mayor poder de negociación en los mercados de productos agropecuarios;
4. Generación de investigación y desarrollo para la innovación, a través de la iniciativa privada, que es atraída por un sector robusto y en crecimiento.

Lo anterior no riñe con desconcentrar la propiedad de la tierra, pero la política pública debe enfocarse más a incentivar el uso adecuado y productivo de la tierra a gran escala para hacerse competitivos globalmente. El desafío sin duda es involucrar a los campesinos, pero este aspecto requiere dotarlos de capacitación adecuada, bajar al máximo los subsidios, reinvertir utilidades e impuestos en las regiones productoras, hacer reorganizaciones territoriales, proveer infraestructura, entre otros.

En conclusión, la política pública para desarrollar el agro en Colombia puede permanecer desenfocada si no se preocupa por generar las condiciones adyacentes y necesarias para el desarrollo de las actividades agropecuarias como actividades empresariales, con la consecuencia de mantener la tercera parte de la población nacional en otro siglo y en la pobreza.

Eventualmente, se alcance una mínima seguridad alimentaria para los mismos campesinos pero se desaprovecharán oportunidades de atender una demanda mundial creciente de alimentos y de atraer ahorro nacional a la financiación de este, siempre deseable, motor de desarrollo.