El agro continúa rezagado

Ahora que el Gobierno Nacional viene anunciado el lanzamiento de una estrategia de sustitución de importaciones agropecuarias, considero de la mayor importancia cuestionar la inminente disminución del presupuesto del sector en el 2016 y plantear los puntos que en mi criterio son fundamentales en el diseño de una verdadera política de desarrollo agropecuario.

La falta de planeación en el sector agropecuario y la pérdida progresiva de su importancia en la economía nacional, que apenas es del 6,12%, es un fenómeno preocupante; el crecimiento del agro a un ritmo sustancialmente inferior al del PIB nacional implica que un sector que tiene el potencial de ser una verdadera locomotora para el desarrollo del país, por su capacidad de generar empleo para la población rural de Colombia que tanto lo necesita, marcha a media máquina.

El proyecto de presupuesto para el 2016 contempla una disminución del 52% en los recursos destinados al sector agropecuario y una caída del 58% en su presupuesto de inversión. Al parecer, el Gobierno Nacional no toma en cuenta el regular desempeño del agro en el 2014 y pasa por alto que el campo colombiano necesita apoyo. Mientras la economía en general creció el 4,6%, el sector agropecuario apenas logró un crecimiento del 2,3%. El tema preocupa aún más debido a que dicho crecimiento está sustentado en gran medida por el crecimiento de la producción de café, que fue de alrededor del 10% mientras que la de otros cultivos fue de apenas 1,9%.

Estas cifras son la constatación del abandono del sector por parte del Gobierno Nacional, que ha sido incapaz de proveer los bienes públicos que le permitan a los agricultores ser competitivos no sólo con tasas de cambio por encima de los 3.000 pesos por dólar sino también en un escenario en el que la tasa de cambio se estabilice en los $2.500. Para devolverle al campo su dinamismo económico es fundamental no un plan de choque que sólo contemple subsidios a la producción, sino una estrategia de desarrollo fundada en la planificación, que invierta decididamente en el mejoramiento de nuestras vías terciarias, que le dé un vuelco a nuestra política de sistemas de riego y que garantice los precios de los insumos agropecuarios sean justos.

Para que el desarrollo de la producción agropecuaria con criterios sostenibles sea una realidad, el Gobierno debe agilizar la puesta en marcha de los planes de ordenamiento territorial rurales. La idea es que estos POT rurales, se conviertan en el instrumento básico de planificación y acción administrativa para forjar los objetivos del desarrollo agropecuario y de la población rural. Con esta herramienta, se facilitará la articulación del trabajo del Gobierno Nacional y el de los gobiernos locales para escoger las mejores zonas para desarrollar clusters de producción agroindustrial y para implementar programas de sustitución de cereales como la soya y el maíz, entre otros.

El aumento significativo de la inversión en vías terciarias es otro de los puntos indispensables de esta estrategia. Es de la mayor importancia que el Gobierno Nacional apoye la creación de bancos de maquinaria para la adecuación y mantenimiento de vías terciarias. Así mismo, se deberán complementar los esfuerzos del censo rural con un censo vial rural que permita lograr la adecuada priorización de recursos para estas vías, de cuyo buen estado depende en gran medida la competitividad de los productores agrícolas nacionales.

De otra parte, también estamos convencidos de que se necesitan profundos cambios en la actual política de administración de los sistemas de riego del país y en el monto de los recursos que se destinan para el desarrollo de estas obras de infraestructura. Urge plantear la creación de un Sistema Nacional de Presas y Canales de Irrigación que proporcionen agua a precios subsidiados a los agricultores, y que hagan un uso más eficiente del recurso hídrico, garantizando su sostenibilidad. Para la construcción de una nueva generación de presas y canales que hagan parte de este sistema, se deberán promover las Asociaciones Público Privadas.

Por último, es crucial que en Colombia los precios de los insumos agropecuarios sean justos y competitivos para que tanto agricultores como ganaderos mejoren la calidad de sus suelos y aumenten la producción. Aquí lo importante es que el Gobierno subsidie estos productos y que la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad nacional de la competencia, continúe investigando los posibles acuerdos de precios y de asignación de cuotas de producción y suministro del sector para que se impongan sanciones efectivas a las empresas que incurran en prácticas abusivas.

Por estas razones hemos venido impulsando una estrategia con varios puntos que consideramos fundamentales para devolverle al campo colombiano su competitividad y dinamismo económico. El Gobierno Nacional ha anunciado un plan de sustitución de importaciones con el que pretende aumentar las hectáreas sembradas en un millón. Sin embargo, no sabemos cómo lo pretende lograr sin dotar al agro colombiano de sistemas de riego eficientes y vías terciarias de calidad, y además reduciendo el presupuesto del sector.