‘Sharing economy’ e informalidad

El caso de aplicaciones como Uber, Airbnb, Snapgoods, entre muchas otras, es la manifestación de la evolución del poder de los consumidores a nivel global, donde el desafío para las autoridades de cada país está en cómo inscribirse en el proceso y aprovechar las ventajas que esto puede traer.

La aparición del sharing economy se remonta a hace más de una década, pero la crisis económica del mundo desarrollado que elevó los niveles de desempleo y deterioró el acceso al crédito, junto con la rápida evolución de las tecnologías de información y comunicación, permitieron crear canales de confianza entre desconocidos que, a través de redes sociales, están sacándole mayor provecho al uso de bienes que tradicionalmente tenían que ser comprados para ser consumidos. Hoy, en cambio, la tendencia es usar los bienes sin ser propietarios de los mismos, llevando a que dicho consumo sea ya no un bien sino un servicio por su disfrute temporal. 

Al respecto, el sistema financiero en el mundo ya está vinculado a esta evolución por medio de diversos canales: facilitando los pagos por el uso de los servicios, canalizando el pago a proveedores por parte de las compañías que permiten la comunicación entre oferentes y demandantes, generando nuevas pólizas de seguro adecuadas a los nuevos riesgos que implica las comunicaciones casi directas entre extaños, incluso como generadores de financiación para nuevas compañías que surgen continuamente alrededor de este boom.

El caso colombiano es bastante interesante puesto que uno de los grandes problemas de la economía es la amplia informalidad como fiel reflejo de los altos niveles de corrupción, alimentados por estructuras monopólicas y con servicios de mala calidad en sectores tan sensibles como el transporte público, la salud, la educación pública, etc.

Según un estudio del Banco de la República (2012) al medir la informalidad por la falta de aportes a seguridad social, 60% del empleo es informal y éste se caracteriza por el bajo nivel educativo requerido y generar menores niveles de ingreso que en el empleo formal. Esta situación de alta informalidad, según un estudio del ministerio de hacienda (2011) tiene grandes consecuencias para el país al incentivar la baja productividad, disminuir la capacidad de generar ingresos fiscales, aumentar la vulnerabilidad de los derechos laborales y aumentar el subempleo. Esta concurrencia de factores contribuye a mantener un bajo crecimiento potencial y mantenerse rezagado en la capacidad de insertarse exitosamente a un mundo cada vez más globalizado y competido.

Lo decepcionante es cómo, en Colombia, los temas de las tecnologías de comunicación e información (parte fundamental del sharing economy) se han abordado, simplemente, para determinar la legalidad o ilegalidad de una actividad específica tradicional como es el caso del servicio de taxi confundido con uber o el servicio de televisión confundido con Netflix.

Este tipo de “iniciativas”, en un país sin iniciativa para la innovación, permite concluir que las autoridades legislativas y políticas prefieren seguir alimentando la informalidad. No he tenido la oportunidad de ver en el debate la preocupación por la amplia cantidad de conductores de taxi que no gozan de ningún tipo de prestación social o por la inundación de venta de películas piratas en todo semáforo, puente peatonal o entrada de supermercado como principal competidor de la televisión nacional. Mucho menos la intención de escuchar a los consumidores exigiendo la prestación de servicios de mejor calidad. 

Que tal promover una regulación proactiva del sharing economy que permitiera, al mismo tiempo, disminuir la informalidad y mejorar la calidad de muchos servicios. Por ejemplo, aprovechar que las aplicaciones que realizan las transacciones a través del sistema financiero, con lo cual se facilita controlar y diseñar nuevas estructuras impositivas a actividades como la prestación del servicio de taxi o la renta de apartamentos en ciudades turísticas de manera informal y que siempre ha estado lejos del radar de las autoridades. Incluso se podría llegar a regular actividades tan contaminantes como el mototaxismo.

La consecuencia sería una mejora en las condiciones laborales de los empleados informales que aumentaría la capacidad de consumo en la economía al tiempo que beneficiaría las finanzas públicas, mientras que una mayor competencia en donde las barreras a la entrada no impuestas sino generadas por el mismo mercado, mejorarían la competitividad y la eficiencia en la prestación del servicio. Es decir, estaríamos en un escenario gana – gana.