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Opinión

  • | 2019/11/16 00:01

    Nueva ley de financiamiento

    El gobierno ha decidido radicar el mismo texto de la derogada Ley 1943 llamándola ahora ley de crecimiento económico abriendo la posibilidad de hacer cambios en la nueva ley.

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La ley de financiamiento, renombrada como ley de crecimiento económico, es una oportunidad para que el Congreso corrija los problemas que traía la derogada ley de financiamiento aprobada el año pasado, y más bien busque ayudar al financiamiento del Estado disminuyendo el gasto tributario, y tapando los huecos que iba a dejar la reducción del impuesto a la renta del 33 % al 30 %, que según varios centros de estudio iba a contraer los ingresos fiscales en cerca de $10 billones de pesos por la sola rebaja de la tarifa del impuesto a la renta, más los $6 billones que cuesta la deducción del 100 % del IVA en la compra de bienes de capital.

Esos $6 billones que cuesta la sola deducción del 100 % del IVA en el impuesto a la renta, vistos de forma comparativa representan 8 de cada 10 pesos que se pretenden recaudar, puesto que las proyecciones de ingresos de la Ley 1943 eran recoger cerca $7,2 billones. El Congreso ahora tiene la oportunidad de corregir esos problemas y plantear la reducción del gasto tributario para incrementar los ingresos del Estado. 

Cifras de la Dian indican que las deducciones al IVA, descuentos y otros beneficios sobre este tributo hacen que la Nación deje de recibir cerca de $65 billones anuales (6,6 % PIB), obviamente allí se está contando el IVA que no se cobra a la canasta familiar, pero si se depura esa parte, el gasto tributario en IVA asciende a cerca de $45 billones con lo cual una reducción en esos descuentos contribuirá enormemente a financiar al Estado, y de paso evitar que siga haciendo carrera la idea de vender las empresas de la Nación para financiar el gasto corriente, todavía más importante, cambiar la tendencia de querer financiar el gasto estructural con ingresos esporádicos puesto que mientras el ingreso de cualquier venta ocurre una sola vez, los ingresos por eliminar beneficios poco efectivos se convierten en ingresos estructurales. Descargue el documento Dian aquí.   

Por el lado del impuesto a la renta los descuentos y deducciones calculados por la Dian alcanzan la cifra de $13 billones (1,3 % PIB) a los que de volverse aprobar la deducción del 100 % del IVA en bienes de capital sobre el impuesto a la renta, se sumarian $6 billones más, para terminar con un gasto tributario en el impuesto de renta de $20 billones equivalentes a 2 % del PIB. 

Esas cifras de descuentos, exenciones y beneficios tributarios contrastan con las necesidades de financiamiento del presupuesto que se aprobó para el año 2020 por $271,7 billones, de los cuales hay al menos $8 billones que deben ser financiados mediante deuda, no obstante, el inventario de deuda esta por el borde del 54 % del PIB y de mantenerse la tendencia podría alcanzar el 58 o 60 % de aquí a 2022 lo que ineludiblemente ocasionará poner en riesgo el grado de inversión del país, o volver a recurrir a otra reforma tributaria mucho más restrictiva con el gasto, y profunda en incrementos de tarifas, y en las presiones sobre ventas de activos estatales.

Reducir beneficios o gastos tributarios no implica modificar tarifas, ni alterar las reglas de juego establecidas, tampoco inestabilidad jurídica, por el contrario, significa mayor equidad, simplificación de las normas tributarias, progresividad, y eliminación de desigualdad entre sectores económicos que no reciben beneficios. 

Con reducciones en ese campo Colombia puede alcanzar mejores indicadores de recaudo neto para pasar del actual 13,6 % del PIB hacia métricas de al menos 15 % PIB de recaudo efectivo, es decir después de devoluciones y descuentos, solo de esa manera se podrá dar un soporte sostenible al cumplimiento de la regla fiscal, al apoyo de la economía para crecer, y de mantener el inventario de deuda contenido. No hay que olvidar que el cumplimiento de la regla fiscal necesita de ajustes no solo en el gasto, también en los ingresos, y que el espacio en la carga fiscal de las personas y empresas es estrecho como para soporta más alzas en las tarifas.

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