ANDRÉS JIMÉNEZ

No es Avianca, es la economía

El crédito otorgado por el Gobierno colombiano a Avianca, en el marco de su proceso de reestructuración, ha causado durante la semana grandes discusiones económicas, pero también políticas, algunas de las cuales podrían evitarse de explicarse mejor las decisiones del Gobierno.

5 de septiembre de 2020

En primer lugar, el hecho de que Avianca maneje el 50% del transporte aéreo de pasajeros y el 30% de carga en Colombia pone de presente la importancia que esta compañía tiene para la conectividad aérea del país y también lo que está en riesgo. En un país que no tiene trenes y cuyo transporte por carretera no resulta una alternativa viable, por destino o por costo, mantener en funcionamiento dicha conectividad es fundamental.

Ahora bien, de Avianca no dependen solo sus empleados, sino todos aquellos que necesitan que haya aviones para que su negocio funcione, para poder enviar su carga, para que lleguen sus clientes o simplemente para que haya la movilidad necesaria para el desarrollo normal de las compañías.

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Haciendo un paralelo con el sector financiero, Avianca representa un riesgo sistémico para la economía del país, pues su caída no solo representaría pérdidas para sus accionistas, sino para otros sectores económicos que dependen de ella. No existe actualmente un actor que pueda suplir el vacío de Avianca, si ella no está. Eso es lo que está en juego.

Sin embargo, Avianca no es una compañía popular: la calidad de su servicio se deterioró en los últimos años; en ocasiones resulta más costoso volar de Bogotá a Cartagena que al exterior; en el paro de pilotos los que más sufrieron fueron los consumidores, y los escándalos de sus accionistas empeoran su imagen. Todo ello sumado a la difícil situación económica que venía arrastrando desde antes de la pandemia y a su estructura corporativa, que tiene una parte fuera del país mientras gran parte de su operatividad está en Colombia.

El problema con este tipo de compañías es que su poder de mercado abre la discusión de rescates, cuando se encuentran en dificultad económica. Estos dilemas no son fáciles para los gobiernos, pues las decisiones de dejar quebrar o rescatar a este tipo de empresas en ningún caso son baratas o populares. Y cuando se toman, durante años, se discute si hubiera sido mejor la otra decisión. Todavía se discute si había que salvar a Lehman Brothers en 2008.

En el contexto económico actual, y dadas las consecuencias para la economía nacional, la decisión tomada por el Gobierno nacional es la correcta. Pero esta no es solamente una decisión económica, sino también política y de ahí la necesidad de su adecuada explicación.

En un ambiente cada vez más exacerbado por las consecuencias que viene dejando la pandemia, resulta fundamental que quienes toman este tipo de decisiones no se limiten a un comunicado de prensa o de información relevante de la compañía. El Gobierno debió tomar la delantera comunicando con anticipación y no reaccionando ante la crítica.

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Al tomar como referencia otros países, como Alemania y Francia, que también otorgaron importantes ayudas económicas a las aerolíneas, estas discusiones fueron claramente explicadas inclusive a sus parlamentos, que por cierto funcionaban presencialmente. Hubo una decisión política clara de considerar el rescate de las aerolíneas como un paso estratégico para la recuperación económica. En Colombia, esta decisión estratégica no debería ser la excepción y, por tanto, no debería dar miedo explicar tal decisión.

No obstante, decir que existen suficientes garantías, que los intereses son costosos o que no se otorgó todo el dinero que la compañía estaba solicitando no es suficiente para tal explicación. Esto puede ser válido desde lo contractual, pero, dada esa importancia estratégica y la fuente del dinero, alguna otra contraprestación pudo haberse puesto sobre la mesa, como también hicieron en otros países, donde el dinero estatal llevaba condiciones adicionales y no solamente económicas.

Resulta fácil para los contradictores del Gobierno hacer cálculos aritméticos de cuántos mercados se pudieron haber comprado con el monto prestado por el Gobierno o cuántos empleos se pudieron haber generado en Bogotá, como lo hizo la alcaldesa Claudia López. Es fácil hacer politiquería de esa manera, cuando a ellos no les toca tomar la decisión, mientras, por otro lado, hacen todo lo posible por hacer más difícil la recuperación económica en la ciudad. Bajo también es plantear la suspicacia de que hay algún favorecimiento por el solo hecho de que en esa empresa trabaja la hermana del presidente.

Acá no se está salvando una compañía o sus accionistas, se está salvando la economía. Sin embargo, la comunicación de esas decisiones políticas debería ser impecable para alejarlas de la politiquería.

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