Opinión

  • | 2018/08/06 00:01

    Ministerio de Educación: de regreso al viejo país centralista

    El nuevo gobierno y quienes llegan a dirigir el Ministerio deben evaluar cuánto le cuesta al desarrollo del sector tener ministros y sus respectivos equipos directivos y de gestión dedicados a determinar si amplían en 2 o 3 aulas una sede educativa.

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La estructura organizacional del Ministerio de Educación Nacional, MEN, no responde a las necesidades actuales de los niños y jóvenes del país y menos a las demandas de las entidades territoriales.

En términos institucionales y de acuerdo con el ordenamiento organizacional del Estado, previsto por la Constitución Política de 1991 y la ley 489 de 1998, el MEN tiene como su razón misional formular la política educativa para que la ejecuten las entidades territoriales certificadas en educación y las instituciones educativas. Para ello prepara las normas del sector, los planes y programas de inversiones, realiza la distribución de los recursos nacionales, así como de los recursos de transferencias a las entidades territoriales y determina la organización administrativa del sector. Además, se encarga de los sistemas de información, seguimiento, evaluación y supervisión de la ejecución de las políticas educativas.

Las anteriores funciones el MEN las cumple de manera normal y en apariencia funcionan bien. Sin embargo, el Ministerio en los últimos años olvidó cumplir las funciones de promover el proceso de descentralización, desconcentración y delegación de las actividades y funciones en el respectivo sector. Al contrario, el MEN se ha vuelto cada vez más operativo y ejecutor de programas, y más centralista, en contravía de las necesidades del sector, de las entidades territoriales y de lo que mandan las normas.   

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Un estudio de la Contraloría General de la Nación sobre el Sistema General de Participaciones y su efecto redistributivo, en los sectores de Salud y Educación, muestra cómo la participación del MEN en el total del gasto público en educación preescolar, básica y media pasó del 12% a más del 20%, solo entre los años 2010 y 2015, tendencia que se ha mantenido hasta el año 2018. Lo anterior se explica porque durante los dos últimos gobiernos el MEN asumió la ejecución de los principales programas del sector educativo como la Jornada única; construcciones escolares, mejoramiento y ampliación de colegios; desarrollo del Programa Todos a Aprender, PTA; compra de textos escolares; alimentación escolar; Colombia bilingüe y; formación de maestros, entre otros.

El Ministerio como ejecutor de programas educativos parte de la premisa, según la cual las entidades territoriales (secretarías de educación) son ineficientes porque no tienen capacidad de gestión, o les falta experiencia, o no cuentan con los equipos profesionales y técnicos o son entidades corruptas y clientelistas. Lamentablemente en algunos casos varias de dichas premisas son ciertas; sin embargo, cuando el MEN concentra la ejecución de los programas, en el fondo no hace más que impedir el desarrollo territorial, no promueve la creación de equipos de gestión descentralizados y evita estimular el desarrollo institucional de las secretarías de educación certificadas del país. De alguna manera, cuando el MEN es el ejecutor de los programas, termina promoviendo todo lo malo que ocurre en la mayoría de las secretarías de educación del país. Por ejemplo, el MEN en programas como construcción de infraestructura y jornada única resultó ser un pésimo ejecutor, menos del 50% de cumplimiento en las metas establecidas para el periodo de gobierno 2014-2018.  

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Más grave, volvimos a los ministros de educación poderosos, pero no por estar dedicados al desarrollo de las políticas educativas para los colombianos y a mejorar la gestión institucional del sector, sino poderosos, ante alcaldes, gobernadores y políticos por su capacidad de decidir cuánta plata ponen y qué se hace en las regiones. Hay que mencionar que el MEN sigue determinando el número y el costo de las plantas de docentes, directivos docentes y del personal administrativo para los colegios y las entidades territoriales, así como los nombramientos provisionales.

El nuevo gobierno y quienes llegan a dirigir el Ministerio deben evaluar cuánto le cuesta al desarrollo del sector  tener ministros y sus respectivos equipos directivos y de gestión dedicados a determinar si amplían en 2 o 3 aulas una sede educativa, o si  se entregan a una entidad territorial 100 libros y a otra 50 libros, en cambio de estar diseñando programas que permitan la cooperación y el desarrollo de las secretarías de educación para ejecutar las políticas y los programas del sector, recordemos que éstas entidades cuentan con cerca de 5.000 funcionarios. De las 96 secretarías de educación certificadas, solo 2 o 3 gozan de autonomía plena, ojalá el MEN fuera capaz de llevar el ejemplo de Bogotá, con la Secretaría de Educación Distrital, sobre la autonomía y delegaciones que ésta tiene para ejercer y cumplir sus funciones.  

Entretanto, para sólo citar dos ejemplos, El MEN no tiene una dependencia del más alto nivel que se encargue del diseño y seguimiento de la educación rural, menos para dar línea a las entidades territoriales, dónde tenemos como sociedad los mayores retos de acceso y calidad de la educación para los niños y jóvenes más pobres y con mayores necesidades del sector. Tampoco el MEN cuenta con una dependencia que consolide y entregue a la sociedad en tiempo real los avances o retrocesos de los principales indicadores del sector y la ejecución del gasto por entidades (no hay control social). Sobre la organización y las funciones del MEN escribiré en la próxima columna.

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