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Opinión

  • | 2020/03/31 00:01

    Más decisiones, menos politiquería

    Millones de colombianos necesitan pan en su mesa. A pesar de la emergencia, hay muchos que han preferido la politiquería en medio de la emergencia, urdiendo sus aspiraciones presidenciales por encima de las necesidades de la gente.

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La actual pandemia requiere como nunca que se tomen decisiones de manera inmediata, pues las demandas de la población no dan espera; millones de colombianos precisan de las ayudas del gobierno, pues no tienen cómo solventar sus gastos. Buena parte de las empresas no pueden pagar sus nóminas y los trabajadores informales que viven del día a día no tienen un sustento. 

El Gobierno nacional ha generado un paquete de medidas que tienen como objeto dinamizar la economía nacional así como superar la emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus. El FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias) es una de ellas, reuniendo recursos por un valor total de $14,8 billones de pesos, provenientes principalmente del Fonpet (Fondo de Pensiones Territoriales) y el FAE (Fondo de Ahorro y Estabilización), que aportarán $2,7 y 12,1 billones respectivamente.

El Fonpet es un fondo sin personería jurídica, administrado por el Ministerio de Hacienda. Varios mandatarios locales, entre ellos la alcaldesa de Bogotá, así como la bancada del partido Alianza Verde se equivocan al afirmar que el decreto 444 de 2020 (a través del cual se crea el FOME) lo que busca es apalancar al sistema financiero con recursos de las entidades territoriales.

Lo que realmente sucederá con los recursos del Fonpet es que se tomarán a título de préstamo y no serán requeridos hasta después del año 2040. Serán repagados en las próximas 10 vigencias, por lo que está garantizado el pago de las obligaciones pensionales por parte de las entidades territoriales. Los recursos del FOME no benefician a la banca privada, pues sus recursos se canalizarán a través de los bancos estatales con el objetivo de realizar inversiones de carácter social de cara a la emergencia, tal como lo establece al artículo noveno del decreto.

Es el colmo que en medio de semejante emergencia, comparable solo con la presentada tras la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión de los años 30 y la Gran Recesión de 2008, algunos AÚN piensen en hacer política por cuenta de decisiones que toma el gobierno. Actitud completamente distinta la de Gustavo Petro, que captó perfectamente el espíritu del decreto 444 y mostró su solidaridad no solo con el Gobierno, sino con todos los ciudadanos colombianos, que requerimos de acciones concretas y expeditas para atender esta tragedia.

Politiquería es anunciar que “toda familia en Bogotá tendrá techo y comida durante el aislamiento” como dijo Claudia López. Algunas familias han sido desalojadas de sus viviendas por no tener con qué pagar el arriendo y varios comercios han sido saqueados. La alcaldesa generó una expectativa tal, que al incumplirle a los bogotanos ha generado violencia social. Politiquería es citar a las ruedas de prensa a la misma hora que lo hace el presidente de la república, compitiendo con él, a pesar de la emergencia. Politiquería es decir que hay que ser solidarios y actuar en una dirección completamente opuesta. Eso es lo que está haciendo la alcaldesa, que hasta ahora se había lucido, pero que con actitudes como esta empaña por completo su gestión.

La Corte Constitucional luego de semejante arremetida contra el decreto 444, ha pedido sendas explicaciones al gobierno sobre cada uno de los decretos que pretenden mitigar la emergencia. Es normal que lo haga, sólo que los colombianos esperamos que la Corte entienda que dadas las condiciones actuales más escaso que el dinero es el tiempo. Los empresarios, comerciantes, especialmente los pequeños y medianos empresarios que generan el 80% de los empleos del país no tienen con qué pagar la nómina. Sería inaudito que la Corte Constitucional no avalara lo propuesto por el gobierno pues no tenemos otra forma de afrontar los efectos de la pandemia.

En Estados Unidos la pequeña empresa típica solo tiene suficiente efectivo para durar 12 días sin nuevos ingresos, de acuerdo a una investigación reciente del Instituto JP Morgan Chase. En Colombia estos negocios seguro que tienen mucho menos tiempo, por lo que es urgente que la Corte Constitucional de vía libre a las medidas tomadas por el gobierno. Además, ¿Con qué dinero se van a comprar respiradores que necesitamos por miles, equipamiento para médicos y hospitales, unidades de cuidados intensivos y pruebas de diagnóstico para el nuevo coronavirus, entre otros?  Los decretos presentados por el Gobierno son la única salida que tenemos, por lo que le pido a la Corte Constitucional que deje de lado legalismos hipócritas que obedecen a pretensiones políticas. No hay espacio para eso; tampoco para un comunicado de prensa y su posterior sentencia de más de 800 páginas en las que se diga a los colombianos que no es posible la adopción de las medidas, algo que se ha vuelto habitual en este alto tribunal.

En momentos como este lo que se necesitan son acciones y solidaridad. La politiquería barata no aplica, como tampoco legalismos completamente apartados de la realidad nacional.

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