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Opinión

  • | 2020/09/27 00:01

    Más allá de los FInCEN Files

    La filtración de los denominados FInCEN Files, hecha durante la semana por varios medios de comunicación en el mundo, puso nuevamente en la agenda la temática de lavado de activos.

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Más allá de la narrativa de los banqueros perversos, que siempre será popular para atraer la atención del lector, hay una realidad mucho más compleja sobre la efectividad del sistema antilavado en Colombia y en el mundo. 

En resumen, el sistema antilavado se divide en dos: por un lado, la prevención y por otro la detección y judicialización. Las entidades financieras, que se encuentran en esa primera etapa de prevención, cuentan con sistemas de prevención y el envío de los denominados Reportes de Operaciones Sospechosas o ROS. Lo inusual de una operación o el envío del ROS no constituye por si mismo la existencia de un delito, pues esa es la labor de las autoridades. 

Lo revelado por la filtración es que hubo ocasiones en las que, ante el desmedido riesgo y lo inusual de algunas operaciones, a pesar de las alertas los controles fueron ignorados. Cuando estos sistemas no son suficientes o son ignorados, las entidades resultan siendo multadas por las autoridades. 

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Un estudio revelado por Duff & Phelps sobre las sanciones impuestas a las entidades financieras en EE. UU., Europa y Asia mostró que, entre 2015 y el primer semestre de 2020, las entidades han recibido 383 multas relacionadas con violación al régimen de sanciones internacionales, evasión de impuestos y fallas en los sistemas antilavado que les han costado US$22,9 billones. 

Por su parte, el informe del FMI sobre el sistema antilavado de Colombia entre 2012 y 2016 puso de presente que las sanciones en Colombia relacionadas con estos temas eran generalmente bajas. Entre 2017 y 2019, la Superfinanciera impuso 36 multas por un valor cercano a los $2.700 millones. 

Las multas y los escándalos mediáticos han hecho que diversas autoridades financieras, en Estados Unidos, Europa y también Colombia, estén ajustando sus normatividades antilavado buscando mayor efectividad en los mismos. 

Sin embargo, el sector financiero es apenas una parte del sistema pues otras actividades que también canalizan grandes cantidades de recursos en la economía como los juegos de suerte y azar, los comerciantes de divisas, los giros postales, las entidades sin ánimo de lucro, los comerciantes de metales preciosos, entre otras actividades del sector real, no cuentan con el mismo nivel de atención y supervisión.  

Además de quienes están en el lado de la prevención, la otra cuota de responsabilidad cae en las autoridades para detectar y judicializar efectivamente esas operaciones de lavado. De manera particular, hablamos de las unidades de inteligencia financiera, la fiscalía y los jueces.

En Colombia, los importantes resultados investigativos en materia de lavado de activos en los últimos años por parte de la Fiscalía se dieron como consecuencia de haber aumentado como nunca la cooperación internacional y el haber invertido en el aumento de personal para la detección de este tipo de actividades. 

También en haber adoptado estrategias conjuntas con la unidad de inteligencia financiera, que fueron más allá del narcotráfico para perseguir otras actividades que generan rentas ilícitas como la corrupción, la minería ilegal y el contrabando, que luego terminan siendo ocultadas a través de operaciones de lavado de activos. 

Sin embargo, se ha ido agotando la capacidad instalada y cada vez se demanda más la intervención de las autoridades en temas de criminalidad financiera. La Evaluación Nacional de Riesgo efectuada en el 2019 pone de presente que sigue siendo insuficiente el tamaño de la UIAF y falta infraestructura tecnológica.

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Pero la tarea no estará completa sin los jueces. Son múltiples los casos que, después de una larga investigación, terminan en difíciles audiencias en donde en ocasiones no es fácil para un juez de garantías, quien también atiende casos de hurto y homicidio, entender difíciles casos de criminalidad financiera. Hace falta más capacitación y especialización para que los casos superen esta etapa más rápidamente. 

En Brasil, la operación Lava Jato tuvo éxito, entre otras razones, porque el conocido Sergio Moro era un juez especializado en lavado de activos, quien entendía la complejidad de los entramados financieros y societarios que ocultaban operaciones de corrupción y lavado internacional. 

En el marco de la lucha contra el lavado de activos no sirve de nada multar a las entidades que no cumplen las normas y pedirles fortalecer sus controles, si las autoridades no invierten también y cumplen su cuota de responsabilidad dentro del sistema. Es tan importante la prevención, como la sanción. 

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