Las contradicciones ideológicas del caos en Venezuela

En medio del caos político y económico que está atravesando Venezuela como consecuencia de la torpe gestión y las escasas habilidades de liderazgo de Nicolás Maduro, y de su gabinete ministerial, están quedando al desnudo las enormes contradicciones ideológicas en la actuación del régimen, las cuales muestran que sus acciones solo buscan mantenerlo en el poder a toda costa, contraviniendo inclusive los principios “socialistas” que tanto pregona en su perorata de discursos frente a los cada vez más inconformes seguidores del chavismo.

La oposición venezolana tampoco se queda atrás, durante todos los años de funcionamiento del régimen han pregonado la vuelta a la economía de mercado, el respeto a la propiedad privada, y la apertura a la inversión extranjera, como los pilares que permitirán resolver la crisis económica y social que atraviesa el país, sin embargo ahora empiezan amenazar que no pagarán las deudas que el país contraiga bajo el Gobierno de Maduro, y claman a los bancos de inversión que no compren activos venezolanos en los mercados internacionales de deuda. Con esas acciones están mostrando serias contradicciones frente a la ideología que pregonan, aun cuando saben que no podrán cumplir lo que dicen una vez alcancen el poder, porque un nuevo Gobierno necesitará tener acceso a los mercados de deuda.

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Las más recientes grietas en la ideología que pregona el régimen de Maduro se pusieron en evidencia esta semana cuando el banco central de Venezuela, que es controlado por el Ejecutivo, vendió bonos de deuda de PDVSA – la estatal  petrolera también controlada por el Gobierno – por  un valor nominal de US$ 2.800 millones con vencimiento en 2022 pero con un descuento del 70%, eso significa que aunque PDVSA tendrá que pagar US$ 2.800 millones en la fecha de vencimiento, el Gobierno venezolano solo ha recibido US$865 millones en la operación de venta de esos bonos.

Mientras Maduro vocifera en sus discursos contra el capitalismo, el imperio norteamericano, y la economía de mercado, no tiene reparo en hacer negocios en los mercados financieros internacionales, ni con los principales bancos de inversión, que representan lo que él tanto reniega en sus mal articulados discursos. En esta última operación ha regalado el país a los acreedores ofreciendo un 70% de descuento sobre el valor de la deuda, pero comprometiéndose a pagar el 100%, es así de sencillo, por cada US$ 100 que Venezuela pagará en 2022 solo ha recibido US$ 30.

Lo peor de todo es que el Gobierno sabe que el país tendrá dificultades para recoger esa cantidad de dinero en los cinco años que faltan para su vencimiento, y deliberadamente han decidido traspasar los derechos de deuda a un tercer acreedor que podrá exigir el pago del 100% del valor nominal de los bonos, aunque solo haya entregado una fracción de ese valor. Antes de la operación de venta, esos bonos se encontraban en manos del banco central de Venezuela lo que quiere decir que los US$ 2.800 que pagará PDVSA al vencimiento entrarían a las arcas venezolanas, ahora serán pagados a un tercero, y a las arcas del país solo han ingresado US$ 865 millones.

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El régimen actual de Venezuela no tiene nada de socialista, es un Gobierno sátrapa, que no es capaz de garantizar el acceso de la sociedad a bienes básicos, ha elevado la tasa de desempleo y ha propiciado la erosión del valor de la moneda afectando a las capas de menores ingresos, y ahora solo pretende aferrarse al poder transgrediendo todos los supuestos principios de la ideología que promulga, pero que a espaldas de la sociedad regala el país a los acreedores internacionales para quedarse un poco más de tiempo en el poder.

La oposición venezolana en lugar de pregonar medidas que no podrá cumplir en contra de los acreedores, porque necesitará acceso a los mercados de deuda para financiar la transformación del país una vez terminé el actual régimen, debería abrirle los ojos a la sociedad, informándole que el gobierno “socialista” de Maduro está subastando con descuento el país. También debería preocuparse por investigar quienes son los titulares de las cuentas donde ahora reposan los bonos negociados, y asegurarse de que no sean propiedad de quienes conforman el Gobierno y simplemente están esperando su propia caída para cobrar el dividendo, mientras debilitan todavía más la posición fiscal de un gobierno de transición.

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