¿La salud en la cabeza de quién?

Con el Acuerdo de Punto Final el sector salud recibirá para el aseguramiento en salud de los colombianos más de $5 billones para el régimen contributivo y más de $2 billones para el subsidiado, además de los recursos normales que en 2019 alcanzaron los $42,5 billones.

La idea que la salud es un derecho fundamental y que tratándose de un elemento determinante para preservar la vida debe ofrecerse y brindarse por sobre todas las cosas, resulta una verdad incompleta. No amerita ninguna discusión que nada es más preciado que la vida y que ningún esfuerzo debe escatimarse en tener acceso y calidad en los servicios de salud, pero cualquier sistema de salud para funcionar y tener adecuada capacidad de cumplir con los derechos de los colombianos no sobrevivirá si está muy desequilibrado financieramente. Con un abultado desequilibrio, agoniza y su falla sistémica resultaría catastrófica dejando de ser un aspecto fundamental de derecho para ser un asunto de muy contados privilegiados.

De modo similar, un sistema de salud que se centra en valorar como un fin en sí mismo el equilibrio financiero, se olvida que es un sistema que existe porque debe soportarse a través de una cadena y una red de actores e interlocutores. La sostenibilidad financiera tiene sentido si ella garantiza que la salud es un derecho y una necesidad esencial para preservar la vida sin acceso restringido, escaso y de baja calidad.

Luego resulta comprensible que la salud y, sobre todo, la cabeza de la política pública en salud, en medio de su crisis, no quede en manos de un político. Una perspectiva que no contemple el largo plazo ni tenga algo de vocación de tardío rendimiento sacrificaría la sostenibilidad. La sostenibilidad impone tomar decisiones difíciles y costosas frente a intereses de corto plazo que generan y profundizan los desequilibrios del sistema. El equipo que conformó Juan Pablo Uribe como ministro del presidente Duque con su viceministro Iván González, se ha empleado a fondo para avanzar en las transformaciones estructurales que permitan fortalecer el equilibrio financiero y la calidad de los servicios, estableciendo valores máximos de recobro, presupuestos máximos y el fortalecimiento del control de precios de los medicamentos.

Tampoco es que sea muy difícil de entender que la salud, si bien tiene un elevado impacto fiscal, requiere más allá de un experto en finanzas públicas a un conocedor de fondo del mismo sector que logre alinear intereses.

Nuestro sistema de salud es bastante descentralizado, requiere de articular con los departamentos y municipios una mejora de la red hospitalaria, acompañado del adecuado personal médico y de equipos a través del soporte y apoyo técnico-financiero del gobierno nacional. El Ministerio de Salud creó el Modelo de Acción Integral Territorial necesario para los gobernantes locales. Aquí la lógica es elemental. Entre 2012 y 2019 varios territorios han visto un aumento descomunal de personas atendidas, de atenciones de salud y como tal de la demanda de atenciones por persona. Algunas cifras. En Vaupés las personas atendidas aumentaron en el periodo 678%, en Guainía 427%, en Arauca 201%, en Casanare 163% y en la Guajira 140% y con ello los miles y millones de atenciones del sistema en los territorios como, por ejemplo en Casanare, que pasó de 363.000 a 1,4 millones o en la Guajira que pasó de 1 millón a más de 3 millones.

Luego en un contexto complejo de recursos escasos se requiere que su uso sea más efectivo y eficiente para lograr resultados altamente sobresalientes. La Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria habiendo identificado que, en 10 municipios del Chocó, Buenaventura y Tumaco, se presenta, 75% de los casos de malaria el país permite ese tipo logros con geo-focalización.

Ojalá siga la continuidad de lo que ya se asoma va por el camino que es.