La reforma al cargo por confiabilidad es impostergable

Hace cuatro meses, en debate de control político, manifestamos nuestro total desacuerdo con el manejo que le estaba dando el Gobierno Nacional a la crisis energética y destapamos la olla del cargo por confiabilidad. En ese momento, las diferentes autoridades energéticas del gobierno, minimizaron la gravedad de lo que estaba ocurriendo, menospreciaron nuestras observaciones, y se preocuparon exclusivamente por mantener el status quo y por  sacar del apuro a las termoeléctricas. Hoy, sin desconocer la necesidad de que ahorremos energía, reiteramos que la crisis exige que se le dé un vuelco a nuestro actual mecanismo de aseguramiento energético, esto es, al cargo por confiabilidad.   

En noviembre del año pasado, bajo la tesis de “evitar a toda costa que el país se apague”, el ministerio de minas y la Creg aprobaron un alza de tarifas con serios vicios de ilegalidad, alegando que era una medida indispensable y ante todo suficiente para evitar el racionamiento.

No obstante, hemos constatado que el alza no fue suficiente, que lo único que se hizo fue socializar las pérdidas de las termoeléctricas y que a la Creg la tiene sin cuidado que nadie da razón acerca de los más de US$8.000 millones del cargo por confiabilidad, que los colombianos hemos pagado cumplidamente por 9 años. En el caso Termocandelaria, la empresa más visible de la crisis energética del año pasado, pero no la única implicada, nadie responde por la destinación que se le dieron a $567.000 millones que la empresa recibió por concepto del cargo por confiabilidad.  

Recientemente, esta historia tuvo otro capítulo nefasto, cuyos efectos también han tratado de minimizarse y que revela que las fallas en el diseño del cargo por confiabilidad son estructurales y cobijan a los generadores hídricos. Un incendio en Guatapé, hidroeléctrica de una empresa a la que le hemos girado más de $3 billones por el cargo por confiabilidad, quemó los cables que llevaban la energía a la subestación y acabó sacando a la generadora de operación.

A los colombianos se les dijo inicialmente que el asunto estaba bajo control porque Guatapé representaba tan sólo el 4% de la generación del país; sin embargo, por el estado de sedimentación del embalse, el accidente acabó comprometiendo la generación de otras hidroeléctricas, Playas y San Carlos, esta última, la generadora más importante de Colombia. Situaciones como estas se hubieran podido haber evitado si a EPM se le hubiera exigido en contraprestación por el cargo, estrictos mantenimientos preventivos. La situación se ha complicado tanto que terminamos importando energía de Ecuador y XM, el operador del sistema, estima necesario un racionamiento programado.

En este contexto, las medidas del gobierno para ahorrar energía aunque son necesarias se hubieran podido haber evitado. Es injusto que los usuarios sean siempre los que terminan pagando las consecuencias de los errores de quienes se equivocan en la planeación y diseño de nuestra política energética. Ya estamos pagando las pérdidas de las termoeléctricas en nuestras facturas y ahora, absteniéndonos de usar la energía a la que tenemos derecho o castigados por no hacerlo, también vamos a terminar asumiendo los efectos de esta crisis.

Los momentos de estrés hidrológico han dejado de ser excepcionales para convertirse en la regla general y, en estas circunstancias, el actual modelo energético se constituye en un serio obstáculo para nuestro desarrollo y tiene que ser replanteado.

No podemos esperar a que otra generadora salga de operación o a que tengamos otro accidente como el de Guatapé para entender la urgencia de rediseñar nuestro mecanismo de aseguramiento energético, no podemos seguir confiando ciegamente en privados. Estamos asumiendo las consecuencias de haber entregado billones de pesos a los generadores sin obligarlos a constituir reservas financieras, que garantizaran la liquidez de estas empresas en momentos de crisis; y más grave aún, sin que quienes tienen a su cargo el control y la vigilancia del sector, les hicieran una sola auditoría o interventoría para vigilar el correcto uso de recursos públicos.

La novela continúa…

Una primera lectura a la Resolución Creg 029 de 2016, no deja claro qué ahorro es el que se le premiará a los colombianos. La tarifa a reconocer a los usuarios será el producto de la relación de la meta de ahorro y el consumo real del mes y el beneficio por ahorrar se obtendrá en su totalidad siempre y cuando se cumpla la meta de ahorro individual y la del comercializador ¿Qué quieren decir con esto? Además, se usará como base del cálculo el mes de febrero, un mes de 29 días.