Opinión

  • | 2019/03/11 00:01

    La política educativa en el PND perpetúa la inequidad y la exclusión

    En Colombia la política pública y la academia elaboran diagnósticos que explican con suficiente evidencia cuáles son los orígenes de la mayoría de los problemas estructurales de la sociedad colombiana.

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Los políticos retoman estos estudios y propuestas durante la confrontación electoral, ellos reconocen, la mayoría de las veces, que los problemas y sus soluciones pasan por la necesidad de incrementar coberturas, mejorar la calidad de la educación e invertir más en el sector. Sin embargo, cuando las elecciones se ganan y empiezan a gobernar la educación pasa a segundo plano.

La historia se repite de manera recurrente cuando se construye el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se expresa la intencionalidad del hacer del gobierno y la asignación futura de recursos. En el Plan ya no pensamos cómo podemos, en el mediano plazo, disminuir el gasto militar de 3,1%  del PIB a 2% o menos, como ocurre en la mayoría de países de Latinoamérica y del mundo, de acuerdo con los datos del Banco mundial. Tampoco tenemos la capacidad de imaginar cómo pasar el gasto y la inversión en educación del 4,5% del PIB a por lo menos 6% del PIB.

En los ejercicios de planeación nacional y aún en los regionales y locales no existe el sueño de alcanzar un país donde los muchachos del área rural asistan a un sistema educativo de buena calidad, donde ellos sean felices y terminen la educación media, con esfuerzo y dedicación, y más importante, que tengan la oportunidad real de ir a la universidad o a otras instituciones de postsecundaria a prepararse para el trabajo o para el emprendimiento de manera técnica. Este sueño de país debería ir acompañado de otro sueño correlacionado: disminuir el número de jóvenes rurales dedicados a los cultivos ilícitos, o a las cadenas mafiosas que crea el proceso de producción y exportación de drogas, entre otros.

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El PND 2018-2022, Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad, propuesto por el gobierno de Iván Duque sostiene que las subregiones rurales presentan los índices más bajos en materia de pobreza multidimensional, y que una de las principales privaciones y exclusiones de los grupos sociales es el analfabetismo, que para la población de 15 y más años, en 2017, era 5,2% a nivel nacional, 3,4% en las zonas urbanas, 12,1% en las zonas rurales y 8,5 para la población étnica. Sin embargo, el Plan menciona que Colombia será libre de analfabetismo, supongo para el 2030, tan solo se propone bajar un punto la tasa de analfabetismo —5,2 a 4,2— y omite comprometerse con una meta puntual para disminuir el analfabetismo rural, donde el problema es más grave.

También, el plan reconoce en su diagnóstico que para el año 2017 la tasa de cobertura bruta para la educación media fue de 80,1 a nivel nacional, mientras que para la zona rural era de 66,8, diferencia de 13,3 puntos. Aún más grave, la tasa neta para la educación media según los datos del Plan es sólo de 31,4, lo que significa que por cada 100 estudiantes del sector sólo 31 tienen 15 y 16 años y están matriculados en los grados 10º y 11, respectivamente.

En el PND las metas para los adolescentes rurales son pasar en cobertura bruta de 66,8% a 73%; no existe como tal una meta para mejorar la cobertura neta en la media, lo cual significaría un gran esfuerzo del sistema educativo para disminuir la deserción y la repetición en la secundaria en los colegios rurales. Asimismo, a un ritmo de crecimiento de 6 puntos por gobierno, el país sólo logrará el 100% cobertura bruta en la educación media rural, en el año 2043, y sólo a finales de este siglo se resolvería el problema de la cobertura neta en la educación media.

Además, el Plan propone pasar la tasa de tránsito inmediato de la educación media a la educación superior en zonas rurales de 22% a 26%; triste verdad, reconocer que por cada 100 bachilleres de las zonas rurales (de los pocos adolescentes que lo logran) sólo 26 irán el año siguiente a la educación superior, ello contribuye a desestimular los esfuerzos de los estudiantes de bachillerato y las familias rurales, afectando calidad y coberturas. Muchos de los jóvenes terminarán desertando del sistema educativo rural con apoyo de sus padres.

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Los lectores encontrarán, adicionalmente, que el PND no pretende resolver de manera estructural los siguientes tres problemas que en el diagnóstico del sector anuncia: Primero, a nivel nacional de cada 100 niños que ingresan al primer año de educación, solo 44 logran graduarse como bachilleres. Segundo, según la Encuesta de Calidad de Vida de 2017, un 18,5 % de las adolescentes de 15 a 19 años no asisten a un establecimiento educativo porque deben encargarse de los oficios del hogar y un 16,5 % no lo hacen por razones de embarazo.  Tercero, el número de años promedio de la educación en zonas urbanas es de 9,7 años y en las zonas rurales es de sólo 6 años.

Sin una política ambiciosa en la educación para los niños y adolescentes que más necesitan de ayuda y protección de la sociedad y del Estado, no se van a resolver las distintas brechas del sector educativo y la educación no podrá ayudar a resolver problemas estructurales del país como la violencia, la convivencia, la ilegalidad, el embarazo juvenil y la repetición del ciclo de pobreza, generación tras generación.

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