Opinión

  • | 2017/11/06 00:01

    La lucha contra la corrupción: otro reto Ocde

    El alcance de la corrupción no tiene límites. Varios países han sabido implementar medidas exitosas para descubrir y penalizar toda acción relacionada con este flagelo, pero en otros países, incluido Colombia, aún se mantiene una demacrante fragilidad legislativa para poder afrontarla.

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Una de las entidades que se ha comprometido a apoyar la lucha contra la corrupción es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). De hecho, ha logrado establecer a la responsabilidad empresarial como requisito indispensable para todos aquellos países que deseen sumarse a este selecto club.

Como el tema ha cobrado relevancia, países de la región han establecido iniciativas para poder penalizar drásticamente actos relacionados con la corrupción. Uno de los casos más recientes es el de Argentina al proponer una Ley Penal Empresaria que plantea la imprescriptibilidad del delito, y establece penas para todas las personas que contravengan frente a la administración pública y por cohecho transnacional; esto último, refiriéndose a los sobornos que comete una empresa nacional por medio de un funcionario público de otro país. Bien sea actuando de forma pasiva o activa, el cohecho es considerado como delincuencia empresarial.

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El país gaucho ha tenido una caída en su PIB en 2016, pero en comparación regional sigue teniendo una de las cifras más altas. En 2015 su PIB estaba valorado en USD$ 584,7 miles de millones, y el año pasado alcanzó los USD$ 545,9 miles de millones; sin embargo, en sus índices de percepción de corrupción presentó una leve mejora, al pasar de la posición 107 a la 95, pero con un 36 como puntaje final, aspecto muestra un alto discernimiento hacia la corrupción.

Y es que incluso, una empresa de los Macri está involucrada en uno de los escándalos más grandes desatados en la región. Sideco Americana S.A., una empresa fundada por la familia del presidente argentino, Mauricio Macri, resultó vinculada a Meinl Bank, la entidad financiera que utilizó Odebrecht para transferir parte considerable de sus sobornos a varios países de América Latina. Y esto solo por exponer uno lo los múltiples casos.

Hoy en día, bajo una iniciativa estatal se empezó a plantear la importancia de la incorporación de Argentina a la Ocde. Incluso, tuvo el apoyo del sector empresarial pues reconocieron las bondades de este hecho y tienen amplios intereses en cuanto atracción de inversión y la mayor apertura que esto significaría.

Para ello, tenía que evaluarse la evolución que había marcado al país en términos socioeconómicos. Así, a inicios de este semestre se presentó en Buenos Aires un extenso reporte multidimensional, gracias a que se carecía de un informe del país desde hace más de 20 años. Este reporte contenía toda la evaluación pertinente al gasto público, déficit fiscal, la reforma impositiva y el peso de las jubilaciones en términos de sostenibilidad. Aspectos muy cercanos al caso colombiano, en donde no tenemos los mejores índices para ser evaluados.

Como resultado, la organización celebró varios avances en materia económica, tales como la reducción de la inflación y la tendencia de crecimiento económico a la que retornó en 2017. Sin embargo, también pudo evidenciarse algunas barreras para los emprendedores y una debilidad en materia jurisdiccional, que terminó en la llamada a la aclamada Ley Penal Empresaria, todo con el fin de levantar banderas de transparencia y combatir la corrupción.

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Incluso, aunque evidenciaron el hueco que mantenían en la punibilidad, también se empezó a poner un foco sobre la prevención de la corrupción, especialmente en el sector privado. Sin embargo, esto ya se ha expandido hacia países como Perú y Chile con la responsabilidad penal de las personas jurídicas bajo mandato legal.

Por nuestro lado, Colombia empezó su tarea con la expedición de la Ley 1474 de 2011 dedicada a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, en donde se segregan apartados para el sector público y privado. Y es que, en sí, tenemos una extensa regulación con una falta de seguimiento y control sobre los efectos de las normativas. Como bien lo menciono el Departamento Nacional de Planeación: tenemos un exceso de regulación.

Sin embargo, al evaluar criterios parecidos como los que la Ocde evaluó a Argentina, en aspectos de gestión real del gasto público, la supuesta eficiencia de la reforma tributaria, nuestra baja tendencia de crecimiento y los aún altos niveles de inflación pueden ponernos a pensar sobre nuestra posibilidad de entrar a este selecto club. Es indispensable tener claridad en que el ingreso a la Ocde no nos va a garantizar mejoras de corto plazo, pero al menos sí tendremos presión para mantener una mejor estabilidad económica en combinación con un mayor bienestar social.

Hay estimaciones que aseguran que el próximo año podremos garantizar el ingreso de Colombia a la Ocde. Sin embargo, manteniendo niveles de corrupción comparables con los de Argentina (solo distamos un punto), teniendo ya incorporada una legislación para combatirla desde hace varios años, deja mucho que desear del desarrollo real que mantiene Colombia en su supuesta lucha contra la corrupción empresarial que, incluso, se calcula con una fuerte incidencia en la corrupción pública.

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