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Opinión

  • | 2020/07/30 06:01

    La guerra política de la vacuna

    Tres compañías de las que participan en la carrera global por la vacuna tienen presencia en Colombia, lo cual constituye una interesante oportunidad para que Gobierno e industria se miren directamente a los ojos.

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El desarrollo y la producción de la vacuna contra la covid-19 no constituye solamente una batalla entre las grandes potencias mundiales por ostentar el liderazgo geobiotecnológico, sino que también implica un pulso político entre los países más industrializados y los países en vías de desarrollo, y entre estos y las empresas productoras. Nunca antes en Colombia la relación entre el Gobierno nacional y la industria farmacéutica tuvo un reto similar.

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Las potencias mundiales están dando importantes demostraciones de hegemonía, al comprometer inversiones relevantes en proyectos de origen privado para el desarrollo de la vacuna, adaptando además sus marcos regulatorios para asegurar que la producción inicial se quede en casa. Los líderes de Estados Unidos, China, Reino Unido y Alemania hacen constantes pronunciamientos para atraer el interés de todos los países del mundo en abrir conversaciones con esos gobiernos y con las empresas apoyadas por ellos. Las relaciones históricas y diplomáticas de los países compradores con las potencias jugarán un papel fundamental en este juego de poder. 

La polarización política entre Estados Unidos y China, y entre Estados Unidos y Europa, así como la ruptura del Gobierno de Trump y la Organización Mundial de la Salud (OMS), pasarán factura a la hora de distribuir la vacuna. Si esta queda en manos de una empresa aliada del Gobierno norteamericano, el mundo estará en manos de los intereses políticos de Trump. Y si queda bajo el control de un Gobierno leal a la OMS, como parece ser el caso de Alemania y China, podría distribuirse de forma más democrática y técnica. Pero Trump no quiere depender de empresas de origen estadounidense, por lo que ha invertido en empresas foráneas, no solo para asegurarse una porción de la producción, sino para contrarrestar el poder de otras potencias sobre el resto del mundo.

Entre tanto, se está instalando en el mundo el debate de la vacuna como “bien público mundial” o como “derecho universal”. Y si bien es cierto que el acceso a la vacuna por parte de las poblaciones más vulnerables es la prioridad, el reconocimiento social, político y económico a los investigadores, desarrolladores y productores es ineludible. En este sentido, la relación de los gobiernos con la industria, tanto en los países productores como en los países compradores, vivirá una tensión histórica, particularmente mientras haya una sola vacuna disponible, por lo que sería deseable que contemos pronto con una segunda opción. ¡Por fortuna hoy varios laboratorios están en la carrera!

El Gobierno colombiano acierta al explorar todos los caminos. El diplomático, al estrechar el vínculo con los Gobiernos de los países productores; el técnico-político, al integrarse a la alianzas o coaliciones globales que buscan crear volumen con la demanda de los países pequeños y no hegemónicos, para ejercer presión sobre los productores, tanto en materia de precio como de acceso prioritario, y el político, al abrir conversaciones con la industria farmacéutica a nivel global y ojalá a nivel local para asegurar un entendimiento de las necesidades nacionales.

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La relación del Gobierno nacional con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es determinante, no solo porque la región concentra casi el 60% de los casos globales, sino porque la entidad  buscará una compra centralizada para que los países más vulnerables de Latinoamérica puedan acceder a una vacuna a un mejor precio. Por fortuna, esta relación goza de buena salud.

Importante también considerar que tres compañías de las que participan en la carrera global por la vacuna tienen presencia en Colombia, lo cual constituye una interesante oportunidad para que Gobierno e industria se miren directamente a los ojos y compartan una agenda que le permita al país participar activamente en el debate sobre la distribución, pues el Gobierno no debería inadvertir que el mensaje que, desde Colombia las empresas envíen a sus casas matrices, también influye.  

La industria debe enfocarse en una propuesta de valor que fortaleza verdaderamente al Gobierno en las capacidades de las que carece. No se trata solo de buen precio, pues se requerirá de educación médica, gestión logística para asegurar que el producto llegue a todos los rincones del país, priorizando los grupos de más alto riesgo, investigación posclínica básica y educación al paciente y a su cuidador. El Gobierno, por su parte, debería valorar las capacidades de la industria, aceptarlas sin prevención, activar alianzas público-privadas y centralizar la discusión local a través del Ministerio de Salud, porque la intervención de la Gerencia Nacional Covid de la Presidencia de la República podría confundir más que aportar. 

Esta discusión Gobierno-industria, guiada por la transparencia, debería dejar atrás los prejuicios de parte y parte, que poco beneficio le han generado al sistema de salud. Ahora más que nunca, la industria necesita al Gobierno y el Gobierno necesita a la industria. 

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