La deliberación que necesitamos sobre el aborto

Y no me refiero solamente al aborto, sino a problemas sociológicos neurálgicos como la eutanasia, el matrimonio igualitario y la adopción por parejas del mismo sexo, entre otros, en los que la misma corte ha definido los marcos jurídicos que rigen las conductas individuales en torno a estos temas. Tenemos la fortuna de contar con esta Corporación que mediante sus sentencias y conceptos restringe la ilegalidad, fortalece la institucionalidad y alimenta nuestro Estado Social de Derecho. 

Sin embargo, la corte también tiene importantes limitaciones que afectan la integralidad con la que debería definirse el marco regulatorio de problemas como el aborto. La principal de ellas es la falta de una deliberación democrática, participativa y plural, cuyo escenario natural es el Congreso de la República. La corte, aunque tiene mecanismos para escuchar opiniones de los sectores, no es el ágora idónea de los planteamientos sociales, bioéticos, económicos y políticos de los grupos afectados. Adicionalmente, mediante sus pronunciamientos genera trazos gruesos, como en el caso del aborto, pero carece de facultades para legislar en detalle o reglamentar. 

Bien es conocido que la corte estableció mediante la sentencia de 2006, tres causales para la despenalización del aborto: peligro para la vida o salud de la mujer; grave malformación del feto; y conducta delictiva que haya dado lugar al embarazo (acto sexual sin consentimiento o inseminación artificial no consentida, por ejemplo). Y hasta ahí llegó la Corporación con su sentencia, sin precisar cuáles son las enfermedades o riesgos para salud de la gestante que están incluidos en la primera causal, o cuáles son -específicamente- las malformaciones que justifican la interrupción voluntaria del embarazo en la segunda causal, por mencionar solo algunas indefiniciones. 

Esta semana, nuevamente, la decisión de la despenalización del aborto antes de cumplidos los cuatro meses de gestación, quedó en manos de la corte, conformada por nueve magistrados, quienes pese a su compromiso de decidir en derecho, no representan la pluralidad de las corrientes de pensamiento de nuestra nación. Insisto sin embargo, que suerte tenemos de contar con una corte que sí juega su papel y sienta jurisprudencia sobre controversias relacionadas con los más preciados bienes jurídicos de una nación (¡como la vida!), aunque sus determinaciones generen polarización política, jurídica y moral.

Lo cierto es que la inacción del Congreso, no solo eleva a rango de cogobernante a la corte, sino que sirve de abono a propuestas populistas como el referéndum para penalizar o despenalizar el aborto, que no contribuyen a un debate serio sino a crispar las posiciones moralistas, además de generar gasto y desgaste para el Estado.

Pero la sociedad civil tampoco está conectada con la oportunidad de hacer política pública sobre estos temas: ¿dónde están las propuestas de proyectos de ley de las sociedades científicas, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones profesionales e incluso de la iglesia? Como sociedad, pecamos por dejar en manos de los senadores y representantes, la responsabilidad de operar -sin nuestra participación- problemas tan sensibles como los mencionados.

Solo conocemos, de los últimos días, una propuesta de un senador de Cambio Radical para que el aborto se pueda practicar bajo las tres causales de la corte, pero únicamente hasta los cuatro primeros meses de embarazo. Propuesta que se queda corta frente a las múltiples inquietudes que tiene la ciudadanía y las instituciones sobre la despenalización del aborto, pero que esperamos que anime a otros partidos a ventilar más propuestas, abriendo la discusión sociopolítica con base en proyectos concretos.

Es vergonzoso que, en medio de este debate público, líderes sonoros del legislativo -tanto de derecha como de izquierda- no hayan hecho escuchar sus voces. Sabemos que sobran los senadores y representantes que apoyan tanto la despenalización como la penalización, pero que prefieren abstenerse por miedo a la impopularidad. 

Finalmente, lo más preocupante de la ausencia de la actividad legislativa del Congreso, así como de la actividad reglamentaria del Ejecutivo, es que como sociedad terminamos regidos –en este tipo de debates- por el dominio de los hechos tras las sentencias de la corte, pues la ambigüedad jurídica de sus decisiones, termina convirtiendo hechos en derechos. Por ejemplo, en el caso de la causal de aborto referida a la existencia de  peligro para la vida o salud de la mujer (sin que se describan por parte de esa Corporación los riesgos o peligros a considerar), una depresión podría (como hecho) convertirse en situación aceptada como parte de esta causal (hecho sobre derecho). De ahí la importancia de la legislación y la reglamentación.

¡Gran labor ha hecho la corte!, pero nuestro Estado Social de Derecho exige equilibrio institucional y profundidad normativa que tanto el Legislativo, como el Ejecutivo, están en mora de propiciar en materias que no dan espera.