La costosa incertidumbre

El estatuto tributario y la regulación colombiana son tan predecibles como el clima bogotano. A los hoteleros, por ejemplo, se les garantizó que si construían, remodelaban o ampliaban hoteles hasta el 31 de diciembre de 2017, tendrían una exención del pago de impuesto de renta por 30 años. La reforma tributaria del año pasado les alteró el panorama, generando un fuerte “ajuste climático” que rompió el principio de confianza legítima. Ellos ya se dieron cuenta de la seriedad del país.

Por eso no apoyarían al candidato de Santos ni a los que votaron favorablemente la reforma.

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No obstante, los hoteleros no son las únicas víctimas de las variaciones climáticas. Para soportar las obligaciones de gasto que trajo la Constitución de 1991, entre 1990 y 2016 en Colombia se aprobaron, -contemplando las modificaciones del legislativo y el Gobierno en temas de tributación nacional y regional, de comercio exterior y de seguridad social-, 26 “reformas tributarias”. Por eso la carga tributaria pasó del 13% al 18% del PIB. Así lo mostró el documento “Incertidumbre acerca de la política fiscal y ciclo económico”, publicado por Martha Elena Delgado y Hernán Rincón, investigadores de la Universidad Nacional y el Banco de la República, respectivamente.

Los investigadores analizaron los efectos de la incertidumbre fiscal entre 1994 y 2014. Dicho de otra manera, midieron las consecuencias económicas de los ajustes imprevistos, -como el aplicado a los hoteleros-, del gasto público y los impuestos. Así encontraron que dicha volatilidad generó reducciones de corto plazo en el PIB (0,4%), el consumo privado (0,4%), la inversión privada (2%) y los salarios (2,5%).

En otras palabras, las vacilaciones fiscales afectaron negativamente a la actividad económica. Todos pagamos, no solo los empresarios.

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La calidad de la regulación

Lo fiscal es solo una parte del problema. Recientemente el Departamento Nacional de Planeación evaluó la política regulatoria en un sentido amplio. Entre 2000 y 2016 se produjeron diariamente, en promedio, 2.8 decretos, 11.2 resoluciones y 15.4 normativas. ¿Cómo será cuando se incluya en la estadística la reglamentación expedida para fortalecer las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC)?

Peor aún, ¿qué resultaría al contemplar la inestabilidad generada por el activismo judicial de magistrados y jueces?

Las tareas

Este asunto será un monumental desafío del (de la) próximo (a) Presidente (a), quien tendrá cuatro años para hacer lo que no se hizo en ocho. La solución tiene dos frentes. El primero es el regulatorio, en el Informe del Consejo Privado de Competitividad hay un buen compendio de recomendaciones.

El segundo es el estructural, allí coincido con Alberto Carrasquilla, las grandes reformas económicas son la pensional, la tributaria, la del mercado laboral y la del gasto público. Esas se deben afrontar rápido y deben quedar bien, por impopulares que sean, para no volver a dejar compuertas abiertas. Sabemos que cada titubeo es sinónimo de incertidumbre.

De continuar con el maremágnum “climático” institucional, seguiremos ahuyentando a la inversión.

Adenda: Invitados a revisar las tasas efectivas de tributación presentadas en el documento de Delgado y Rincón.

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