ÁNGEL PÉREZ

Jornada única o cómo improvisar en política educativa

La jornada única, proyectada como una posibilidad para mejorar la calidad y las condiciones materiales en las que estudian los niños pobres en Colombia, se desarrolla de manera improvisada, con obstáculos normativos y financieros, y lo peor con enfrentamientos permanentes entre rectores y maestros que dañan el clima laboral y escolar de los colegios públicos.

Ángel Pérez, Ángel Pérez
10 de febrero de 2020

La propuesta de avanzar de la media jornada a la jornada única surgió como una posibilidad para mejorar la educación pública. El sistema educativo en Colombia segrega entre colegios privados de buena calidad para los niños de familias ricas y colegios públicos para niños pobres. También, el sistema discrimina entre niños y colegios por el tipo de jornada escolar que tienen unos y otros, por los días al año que asisten a clases, por la calidad de los aprendizajes, por ser o no bilingüe y por las acciones de formación cultural, recreativa, física y hasta de apoyo emocional y de orientación que brindan unos colegios y otros no.

El investigador Eduardo Lora en Revista Dinero señalaba que: “Como los colegios segregan socialmente y además la movilidad social entre generaciones es casi nula, la mayoría de los colombianos pueden pasar toda la vida sin haber conocido de cerca a nadie de una clase social distinta a la de su propia familia”. Él reconoció que, aunque la segregación social es indeseable, tiene la ventaja de lograr que el gasto público en educación básica sea muy redistributivo, pues todo el gasto que se realiza en los colegios públicos se concentra en los pobres.

Los colegios a donde asisten los niños de estrato 0 o 1, ofrecen media jornada escolar, están ubicados en los barrios más pobres o en las zonas rurales más alejadas y abandonadas por la acción del Estado;  el resto de los colegios oficiales atiende una combinación de estudiantes que provienen de familias de estratos 2 y 3; mientras los de estratos 4, 5 y 6 van a colegios privados, y en ciudades como Bogotá incluso parte del estrato 3 asiste a estos últimos, el 40% de la educación básica y media de Bogotá es privada y cuenta con jornada única.

Con la media jornada escolar, los profesores de preescolar tienen la obligación de trabajar con los estudiantes 20 horas a la semana; conclusión, en la mayoría de colegios públicos los niños entre 3 y 5 años ingresan a las 7 a.m. y los adultos responsables los deben recoger a las 11 a.m. Imaginen una madre cabeza de hogar que trabaja (según Dane el porcentaje de hogares con jefatura femenina, en cabeceras alcanza el 40 %), no puede recoger a su hijo, ella debe buscar otra opción para su hijo, dejarlo con una vecina o un familiar. Igual sucede en primaria, los profesores están obligados a trabajar con los estudiantes solo cinco horas diarias. Según la encuesta de calidad de vida del Dane 2018, solo el 39,9% de los niños entre 0 y 5 años son atendidos en establecimientos tales como hogares comunitarios, jardines, centros de desarrollo infantil o colegios, el 14,4% de los niños queda al cuidado de personas diferentes a los padres. 

Conocemos que en condiciones normales mientras más disfuncional es la familia y existe mayor pobreza y problemas tales como embarazo juvenil, violencia y otros desafíos sociales, los padres de familia colaboran menos con los colegios y los maestros; al contrario, los colegios se desgastan enfrentando entornos violentos, padres o cuidadores maltratadores y en mejorar el clima escolar. El efecto familia y entorno social es muy negativo para los niños y adolescentes, ellos necesitan más colegio, mejor educación, mejores maestros, eso lo sabemos desde el siglo pasado, por eso bienvenida la jornada única. 

Con la jornada única el Gobierno pretende que los docentes pasen de seis a ocho horas diarias en los colegios e incrementen la cantidad de horas efectivas con los estudiantes en aula, sin embargo, no existe un acuerdo de salario, ni de prórroga del tiempo laboral en el colegio y en el aula con los 320.000 docentes de la educación oficial. 

Para poder funcionar con la jornada única, algunas secretarías autorizan horas extras, otras tienen poder económico y contratan docentes provisionales, sin concursos, en algunos colegios los rectores negocian (o imponen)  con los docentes para que trabajen tres días seguidos ocho horas y un día seis, así completan las 30 horas a la semana, lo que significa que no van un día entre semana (todos se pelean el lunes o el martes); en otros colegios los docentes están trabajando en diferentes horarios durante el día hasta completar las 30 horas a la semana y a otros docentes, de manera especial los provisionales, los obligan a permanecer hasta 40 horas a la semana. Esta falta de normatividad y de recursos para la jornada única conlleva a la guerra entre docentes y rectores y explica por qué la mayoría de los directivos de los colegios no quieren comprometerse con la jornada única y los que ya están funcionando en jornada única, cerca del 15% del total de la matrícula, exigen su revisión o devolverse a la media jornada escolar.

Al final de estas lamentables discusiones y desencuentros entre adultos, están los 7,5 millones de niños de Colombia que requieren una mejor educación, pero que no tienen a nadie para que luche por ellos, a las familias más pobres no les interesa la calidad, por eso no protestan para mejorar la calidad, con el hecho de que exista colegio y puedan matricular a sus hijos basta. 

Fecode no se opone, existe un acuerdo con el MEN para que la jornada única avance, previo cumplimiento de requisitos (condiciones de infraestructura, bienestar de los estudiantes y aprobación del nuevo plan de estudios por parte de los consejos directivos) y respeto por la jornada laboral de los docentes. En el fondo el problema es de recursos, por qué no lograr un acuerdo para que el incremento de los recursos del Sistema General de Participaciones acordado con Fecode, por este gobierno, se destine de manera exclusiva a hacer viable, con gradualidad, la jornada única.