JUAN RICARDO ORTEGA

IVA municipal

“La tecnología ofrece una oportunidad única para transformar la tributación en Colombia: los municipios son la clave”.

Juan Ricardo Ortega, Juan Ricardo Ortega
30 de octubre de 2019

Controlar la evasión desde Bogotá es muy difícil. Por muchos años las direcciones regionales de la Dian estuvieron politizadas y hay intereses locales que están enquistados. Los expedientes se pierden o se hacen con errores de forma que garantizan que las sanciones se caigan, no se cobren y se esfumen.

La reforma tributaria es una oportunidad única para el Congreso y los nuevos gobernantes locales de fortalecer el Estado, aumentar el recaudo y redistribuir. En primer lugar, ya es hora de que les demostremos a los contribuyentes que somos capaces de devolverles el IVA a los más pobres. Y no es solo el Sisbén el mecanismo óptimo: los medios de pagos electrónicos, las billeteras virtuales y los pagos con celular y tarjetas débito y crédito son ideales para impulsar estos desarrollos y masificarlos como en Kenia.

Los desarrollos fintech en China, como el WeChat, están más que probados. Estas tecnologías permiten generarles créditos de IVA a las personas que se identifiquen como beneficiarias. Además, los celulares inteligentes que usan son baratos y buenos. Siguiendo el ejemplo chino y keniano, se podría iniciar la devolución de IVA solo cuando los pagos se realicen a través del celular o tarjeta. El alivio sería inmediato en la caja al momento de pagar. Inclusive para los hogares que no son pobres, pero sus bajos ingresos los hace vulnerables, deberían poder declarar renta y descontar contra el impuesto los IVA pagados por ellos. En Colombia el umbral para el pago del impuesto de renta es demasiado alto. Para controlar es necesario que mucha más gente declare y así se pueda cruzar información que haga evidente todos esos contratos falsos que muchas empresas usan para no pagar renta. La gente del común cubriría ese impuesto de renta con los IVA pagados e incluso podrían ser beneficiarios a créditos a su favor. La clave es el control de todos por todos.

Recuerden que toda la corrupción de Odebrecht y otras 17 importantes empresas, según dicen los testigos, financió campañas a través de contratos con empresas ficticias. Y esto es solo una campaña presidencial, imagínense en los municipios las campañas a los concejos. Por esto la urgencia de cruzar información para que estos fraudes no continúen impunes.

Para que esto sea exitoso, el Gobierno necesita que el comercio (incluido Corabastos) acepte medios de pago electrónicos. Esto requiere incentivos, un beneficio para la formalización masiva de esa economía informal que no queremos ver. El mayor control y recaudo justifican el que no se les sancione por el pasado y el costo de facilitarles el cumplimiento en adelante. Podrían legislar un incentivo, temporal, para que parte del IVA recaudado (0,7%) les quede a los pequeños vendedores y comerciantes de barrio, incluidos vendedores ambulantes. Así se podrían identificar hogares con consumos elevados e ingresos no reportados.

Esta tarea de formalización la hacen mejor los alcaldes que la Dian. El país está en mora de legislar que los municipios puedan imponer unos puntos de IVA municipal adicionales a los de la Nación, a declararse de forma conjunta, pero con la caja llegando a los municipios. Como las transacciones serían electrónicas y las ventas en efectivo quedan registradas en el mismo sistema, la Dian –con colaboración de los privados que presten los servicios de pagos– pueden hacer las declaraciones y sugerirlas al contribuyente sin costo alguno.

Además, si los municipios cobran IVA, en la medida en que el recaudo aumenta, el ICA puede ir desapareciendo. Esto sería una sustitución a través del tiempo, para eliminar el impuesto que más distorsiones genera y que le resta más competitividad al país, según el estudio de carga tributaria publicado por PWC.

Toca arrancar legislando: que los precios al público se presenten sin IVA y que estos se facturen producto a producto al momento del pago y queda faltando que la tasa de adquirencia –lo que cobran de comisión por aceptar pagos electrónicos a esos comercios– sea de cero. El Gobierno puede negociar esto a cambio de ciertos derechos sobre el uso de toda esta información para los intermediarios.

Un reforma tributaria jamás preservará su pureza, esta es una oportunidad única para generar los ingresos estructurales que necesita el país: basta ver Chile.