Innovación y cultura contra la corrupción, no populismo

Como lo formuló Susan Rose-Ackerman en los 90s, no tendría mucho sentido buscar eliminar la corrupción creando como resultado un gobierno rígido y poco eficiente. El tema requiere la estructuración de cambios profundos en la dinámica del Estado a través de sistemas inteligentes, incentivos e innovación gubernamental que permitan flexibilidad con transparencia. Rothstein (2011) y Teorell (2007) dirían que también es necesario darle una aproximación colectiva, pensando, por ejemplo, en una dimensión cultural. Esto se puede abordar desde los colegios, las familias, las universidades y las organizaciones, no como una obligación, sino como una práctica cultural que, en vez de hacer cacería de brujas, ayude a pensar en innovaciones sociales.

En Colombia, sin embargo, la solución que le queremos dar es dividir más al país, incrementar irresponsablemente el riesgo de estigmatizar y luego reescribir reglas sin pensar en la economía de desincentivos que se puede crear. Los puntos 2,3,5,6,7 de la consulta anticorrupción tienen sentido, pero no requieren una consulta que valga entre $300.000 y $350.000 millones. El punto 4 (presupuestos con participación ciudadana) sería sensato, pero puede frenar el funcionamiento del Estado, poniendo discurso y eternas peleas retóricas por encima de aspectos técnicos. Inicialmente pensé que la consulta anticorrupción era una buena oportunidad, pero la sociología y la economía conductual me han enseñado que los seres humanos respondemos a símbolos e incentivos y nos guiamos por tendencias que no nos obligan a reflexionar; vivimos de la estigmatización como forma de buscar nuestra propia identidad.

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Este contexto revive un curioso paralelo de las historias de Alexander Solszhenitsyn, autor de Archipielago Gulag, quien relató las desgracias que crea un sistema que incentiva las delaciones. En la Rusia de Stalin, no delatar aumentaba el riesgo mismo de ser delatado y deportado a un Gulag (un campo de exterminio). Uno de los efectos silenciosos de la consulta podrá ser un acervo de pequeños falsos positivos en donde el apellido de “corrupto” empieza a ser usado en cualquier situación para reclamar victorias políticas. No son dos situaciones similares, tranquilos, pero son comparables por la lógica de crear incentivos perversos en una sociedad. No se llega a la verdad y el antídoto resulta peor que la enfermedad.

El caso concreto del punto 1 de la consulta, que busca reducir de 40 a 25 SMMLV el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado, suena razonable, pero tiene un efecto inmediato: la estigmatización (aún más fuerte) de todos éstos, inclusive antes de la misma consulta. Algunos autores (Van Rijckeghem & Weder, 2001 y Gagliarducci & Nannicini, 2013) han concluido que un salario alto para funcionarios desincentiva la corrupción, mientras que otros autores (Foltz & Opoku-Agyemang, 2015) concluyen que un salario más alto para funcionarios de cargos operativos inclusive aumenta la corrupción. Esto nos dice que no podemos saber realmente si la corrupción será mayor o menor por los salarios, pero el hecho de ubicar a funcionarios y congresistas como el primer punto, automáticamente crea conexiones mentales para los votantes que liga a funcionarios con la corrupción. Esto puede ser una injusticia para la mayoría de ellos y sus familias. Pensemos luego en la cadena de desincentivos para gente joven e inteligente que sueña con trabajar en el Estado y se encuentra con este estigma.

¿Qué hacer entonces? Buscar soluciones inteligentes, resumidas en dos categorías: innovación tecnológica y transformación cultural. En la primera se pueden automatizar trámites en donde el ciudadano ya no deba interactuar con funcionarios, tal y como lo hizo Salvador de Bahía en Brasil en los trámites para demoliciones vía un sistema inteligente o nuestra Cancillería y Policía con las apostillas y el pasado judicial. Segundo, se pueden financiar iniciativas como ChileCompra o nuestra versión colombiana Colombia Compra Eficiente, que aún carece de dinamismo y optimización de información de mercado, pero promete buenos cambios. Estas plataformas son necesarias, jalonan sectores, impulsan la educación de los que las crearán, no la argumentación jurídica del que se inventa una regla que hace lo mismo que otra. Tercero, se debe poner límites a la duración de todos los trámites con el Estado, tal y como lo buscó con limitaciones la Ley 962 de 2005. Existen ya iniciativas buenas, pero la innovación gubernamental tiene que vivir en el ADN de cualquier funcionario. Si esto no pasa, no esperemos propuestas sensatas en los gobiernos.

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El segundo campo es el cultural, reflejado sobre todo en campañas educativas dentro de los colegios, universidades y familias. Sin ser algo sencillo, existen múltiples metodologías para dejar de lado las capacitaciones ladrillo cuyo contenido se olvida antes de que termine la sesión. Suficientes colombianos juiciosos han aprendido de Idea Mining, Design Thinking, innovación abierta y más, para poder aplicarlo en colegios y universidades. El cambio cultural no lo veremos en poco tiempo, pero es otro bloque de construcción más para luchar contra la corrupción. Considero noble la intención de algunas personas que apoyan la consulta, sobre todo de aquellos que no lo hacen para posicionarse políticamente, pero considero que sus efectos silenciosos le harán más daño al país, en vez de sentarse a estudiar colectivamente la mejor lucha posible contra la corrupción usando big data, blockchain y nuestro intelecto.

PS: Era esperable que el presidente electo no se opondría a la consulta, precisamente por lo que digo arriba de la estigmatización. ¿Se imaginan el escándalo y el rédito político que habrían sacado algunos sectores?

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