Hay que gastar menos rebajando tributos

Por estos días las comisiones conjuntas de Senado y Cámara trabajan junto con el Ministerio de Hacienda en la construcción de la ponencia, que, de aprobarse permitirá que los $271 billones presentados por el Gobierno como presupuesto de gasto e inversión para el año 2020 se conviertan en ley, y de esa manera el ejecutivo esté obligado a conseguir los recursos y aplicarlos a los diferentes rubros. 

Mientras el presupuesto creció 9 % frente a los $259 billones de este año, y la Ley de Financiamiento aprobada en diciembre aportó $7,2 billones a los ingresos de este año, el gasto tributario en 2018 aumentó 6,8 % hasta $78,5 billones (8 % PIB). La cifra llama la atención porque mientras el Gobierno hace diferentes maniobras para cuadrar las cuentas de los gastos frente a los ingresos; como el canje de deuda, que no es otra cosa que pagar con nuevas emisiones de deuda los pagos próximos a vencerse; la reestructuración del Fondes, para usar los recursos de la venta de Isagen como ingresos corrientes para financiar el gasto; y contabiliza los eventuales ingresos transitorios por la venta de activos, como ingresos permanentes; el Estado gasta actualmente el equivalente a diez veces la ley de financiamiento en rebajas, descuentos, exenciones, exclusiones y tratamientos diferenciados en el impuesto a la renta e IVA. 

Más aún, cálculos del propio Ministerio de Hacienda estiman que el descuento del IVA pagado por bienes de capital en el impuesto a la renta, que se aprobó dentro de la Ley de Financiamiento, costará $6 billones de pesos en gasto tributario, es decir que ocho de cada diez pesos conseguidos en la Ley de Financiamiento se irán en financiar ese nuevo beneficio tributario. A eso debe sumarse la eliminación del 50 % del ICA desde el próximo año y su totalidad a partir del 2021.  

El costo de $78,5 billones de los 229 beneficios tributarios existentes contrasta con las necesidades de financiamiento de las metas del Gobierno en materia social y de inversión, también frente a la regla fiscal y sus objetivos de contener el déficit público, así como mantener controlado el nivel de deuda pública que ronda el 50 % del PIB.

Mientras en la discusión de las fuentes de ingreso para el presupuesto se habla de contratación de nueva deuda, de los dividendos que se recibirán desde las empresas estatales, y de la enajenación de activos como ISA, Ecopetrol o su filial Cenit, nada se habla de la reducción del gasto tributario y si esos estímulos han logrado o no el impacto para el cual fueron creados. Reducir el gasto tributario no solo es un camino para aumentar los ingresos fiscales, también es una herramienta de equidad y de reducción de asimetrías entre los sectores que gozan de beneficios y aquellos que no. 

Los cálculos de la Dian sobre el gasto tributario en el 2018 muestran que los beneficios en el impuesto a la renta son de $13 billones y en IVA de $64,7 aunque allí se incluyen los bienes exentos como los productos de la canasta familiar, sin embargo, sin tener esto en cuenta el gasto tributario en beneficios sobre el IVA supera $45 billones, esas cifras hacen necesario que se revisen los beneficios y si han cumplido o no el objetivo con el que fueron creados. Del mismo modo debe ser una señal para evitar escojer sectores ganadores y perdedores cuando se trata de impulsar la economía, puesto que se ha convertido en una mala costumbre tratar de superar las coyunturas vía estímulos fiscales. 

Es momento entonces para que las discusiones sobre el presupuesto incluyan también la reducción del gasto tributario, y más bien buscar la estabilización de las tarifas, en lugar de tratar de reemplazar los ingresos que se dejan de recibir con la venta de los activos del país, o incrementando la carga a las personas naturales que ciertamente no están en capacidad de aportar lo que se deja de recaudar a causa de los mencionados beneficios, que en muchos casos seguramente ya terminaron el ciclo para el cual fueron creados.