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Opinión

  • | 2020/08/03 00:01

    Harakiri en el apocalipsis

    En medio de la peor crisis económica en la historia de Colombia, el Gobierno nacional está a punto de firmar un TLC con Japón, que significaría hacerle concesiones por US$160 millones anuales o el equivalente al pago de un salario mínimo para 60.000 personas en un año.

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Esta cifra representa el costo fiscal que tendría para nuestro país brindar acceso sin aranceles a automóviles, acero y maquinaria, que provienen de ese país.  

En secreto, sin mucha difusión y con menos argumentos que intereses particulares, el Gobierno nacional se apresta a firmar este acuerdo. La noticia sería parte del panorama acostumbrado de un país que ha suscrito quince tratados con un fracaso monumental, si no fuera por la crítica situación de la economía. En tan solo cuatro meses hay 1,6  millones más de desempleados y se han destruido 3,7 millones de puestos de trabajo, lo que da cuenta de la dramática condición que están viviendo las empresas y familias que dependen de ellas.

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Funcionarios supuestamente al servicio de lo público, por mandato presidencial y parapetados en una ridícula "misión de internacionalización" que le crearon a la vicepresidenta del país, persisten en la negociación, como si nada hubiera pasado en estos meses de cuarentena. Nada cambió en su dogma; no se han dado cuenta de las cifras del balance económico y del impacto social; nada los perturba, nada los afecta.

Mientras el mundo desarrollado protege sus empleos y empresas, a ellos solo los mueven caprichos personales de viejos cariños y lealtades por haber estudiado o trabajado en Japón, para no ser más suspicaces. A la luz de los resultados conocidos, la única conclusión posible es que su mayor preocupación es el desempleo japonés.

En la relación comercial actual con Japón, Colombia pierde anualmente en promedio USD 823 millones de recursos de la sociedad, por el déficit causado en ventas que no alcanzan a pagar las compras. Cualquier empresa seria habría despedido a estos flamantes negociantes que no saben generar utilidades. Nos saldría más barato, como sociedad, mandarlos a vivir a Japón y que les pague el Gobierno o las empresas de ese país, pero el sistema político colombiano los mantiene, ante un Congreso de la República que aprueba este tipo de acuerdos sin siquiera leerlos. ¿Se imaginan a Char rasgándose las vestiduras por defender el interés colombiano en este TLC?

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Cualquier análisis sobre el comercio con Japón debe considerar el raciocinio elemental de la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones con la segunda potencia industrial y tecnológica del planeta. Razón por la cual el 87,6 % de nuestras exportaciones son café, carbón, petróleo, banano y flores, mientras el 99,2 % de las importaciones son bienes de alta tecnología. ¿Qué cambiaría, entonces, con un TLC?

Las ganancias para Colombia son una utopía, digna de cualquier mitología. De los casi 400 productos agrícolas solicitados por Colombia para acceder al mercado japonés, este país excluyó más de la mitad. En otros como pollo, no hay forma de competir con los subsidios gringos y los precios brasileños; no hay posibilidad de poner una pechuga criolla en un plato japonés. En cerdo, es imposible cumplir los estándares fitosanitarios japoneses. Y en café, flores, cacao, petróleo y aguacates ¡el arancel ya es cero!, por cuenta de las preferencias y disposiciones de la OMC.

La estrategia negociadora consiste en sacrificar los sectores de electrodomésticos, acero y vehículos, a la espera de que en 3 a 5 años Japón se conmueva y nos de acceso a más productos agrícolas: no es broma. En el camino, se pone en riesgo los empleos de empresas como Haceb, Challenger, Hino, Sofasa, General Motors y sus proveedores directos, entre otras.

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Tampoco tiene credibilidad el viejo argumento del aumento de la inversión, pues los cálculos de la Ocde, en el escenario más optimista, da una caída en los flujos de inversión a nivel global en más de 30% para 2020 y por debajo de los niveles anteriores a la crisis para 2021. Por lo que las posibilidades de invertir en Colombia son inciertas, dependerán de otros factores como la competitividad y, en cambio, los empleos y riqueza que se perderían son indiscutibles.

Ninguna racionalidad de política económica y social, ni sentido nacionalista orienta la insistencia del Gobierno en firmar este acuerdo. Se parece más a la práctica ancestral del harakiri, en medio del apocalipsis de la pandemia. ¿Quién podrá salvarnos?

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