Gran acuerdo sobre lo rural

Su implementación, tanto en materia legislativa como de política pública y acción gubernamental, se deben tramitar a la mayor brevedad posible. Por considerar dicho documento de enorme importancia y trascendencia, y para permitir a la mayor cantidad de personas conocer los objetivos concretos de este esfuerzo, en esta columna trascribimos las principales finalidades de dicho Acuerdo:

1. Propiciar una política de Estado para fomentar el desarrollo del sector rural a largo plazo de forma sostenible y competitiva; que impulse la producción agropecuaria tanto para el consumo familiar como para la comercialización, con miras a consolidar un mercado nacional competitivo y a permitir encadenamientos productivos para insertar al país en las cadenas de valor global, definiendo el desarrollo integral del sector rural como un asunto de interés nacional.
   
   
2. Impulsar medidas para garantizar la seguridad alimentaria, desatando el potencial del sector agropecuario colombiano, que impacte positivamente al sector rural.
    
3. Impulsar el trámite y aprobación de una "Ley de Promoción y Desarrollo Integral del Sector Agropecuario", que contenga elementos centrales inspirados en las mejores prácticas internacionales (Perú y Nueva Zelanda). 
   
   
4. Promover la sostenibilidad y el aprovechamiento amigable con el ambiente, especialmente la protección de los recursos hídricos y la biodiversidad, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
    
5. Lograr que la implementación de la política pública a nivel territorial se haga bajo criterios de complementariedad y completitud, así como de concurrencia para la articulación y coordinación interinstitucional, tanto a nivel nacional como departamental y local; entre los Ministerios, especialmente el de Agricultura, Minas y el de Ambiente, así como las otras agencias del Estado y con las Secretarías de Agricultura, a partir de un enfoque diferenciado de acuerdo a cada territorio.
    
6. Tener una clara política de defensa comercial con mecanismos antidumping, derechos compensatorios y salvaguardias.
    
7. Adoptar las medidas que permitan corregir los marcos legales e institucionales que causan externalidades que generan contrabando de alimentos y lavado de dinero. 
   
   
8. Impulsar la promoción de exportaciones agropecuarias con planes decenales. 
   
   
9. Garantizar la seguridad jurídica, que permita al campesinado formalizar la propiedad de su tierra, facilitando los trámites y procesos para el otorgamiento de los títulos de propiedad y la creación de un mercado de tierras. Los títulos y la seguridad jurídica son una condición necesaria pero no suficiente.
    
10. Impulsar el saneamiento y la formalización de predios de forma simple, masiva y acotada en el tiempo, implementando mecanismos para que los poseedores de buena fe encuentren caminos que les permitan ser propietarios. Para los casos que no sea viable la adjudicación, se deben facilitar los contratos de uso de largo plazo de los predios, asegurando en todos los casos la certidumbre y estabilidad en las reglas del juego para quienes de buena fe quieran invertir en el campo.
     
11. Impulsar tanto el emprendimiento, como la asignación de recursos de capital semilla, la asistencia técnica, el acceso al crédito para la mujer del sector rural bajo criterios y perspectivas de género, que permitan el empoderamiento de la mujer en el campo. 
    
    
12. Favorecer esquemas asociativos y de desarrollo empresarial que permitan que tanto el campesinado con su agricultura familiar de autoconsumo y para la comercialización como al productor empresarial con fines comerciales independiente de su tamaño puedan alcanzar economías de escala, poder de negociación y facilidades de comercialización, reconociendo que requieren planteamientos y políticas diferenciadas y complementarias. 
    
    
13. Disminuir radicalmente los costos para la creación de empresa y la formalización ante el Estado. Establecer un ?régimen especial y diferenciado de los trámites y costos relacionados con el registro mercantil para las empresas asociativas y sociales de las organizaciones campesinas y solidarias, así como las asociaciones víctimas que han sido afectadas por la violencia armada en el país.
     
14. Continuar avanzando en la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el desarrollo integral del sector agropecuario en línea con lo que se ha venido desarrollando del Punto Uno del Acuerdo Final con las FARC. 
    
    
15. Facilitar los procesos de formalización y dignificación del trabajador rural. 

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