Gobernar Internet: más allá de la infraestructura

En Colombia viene sonando desde hace algunos años la idea de un regulador convergente, que además de hacerse cargo de temas de televisión y radiodifusión, también tenga a su cargo los asuntos de redes y telecomunicaciones, lo que en el contexto de Internet, equivale a regular la base de la conectividad y, en consecuencia, convertirse en un actor significativo – y poderoso – en el marco de la gobernanza de la web.

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La gobernanza de Internet se refiere a la forma en que múltiples actores toman decisiones sobre el futuro de la web. Lo que en apariencia resulta tan sencillo como acceder a un recurso digital y obtener respuesta a cualquier pregunta, esconde una serie de decisiones económicas, políticas, sociales, culturales, e incluso éticas, frente a todas las formas de interacción que abre lo digital, así como sus consecuentes implicaciones en niveles individuales, locales, nacionales y globales.

Los debates por la regulación de plataformas como Uber, AirB&B o las criptomonedas resultan hoy comunes, pero las conclusiones de ellos no siempre son coherentes con la realidad global. Internet es un bien común global y como tal, requiere que sobre él se aplique un modelo de toma de decisiones que considere no solo las múltiples aristas que configuran el avance digital, así como a los múltiples actores partícipes, sino también los diversos niveles de interacción entre todos ellos en un escenario construido de bytes.

En noviembre de 2005, en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (WSIS), los países miembros de las Naciones Unidas acordaron la Agenda de Túnez, donde se consagra el principio de gobernanza de Internet, entendido como “el desarrollo y aplicación por parte de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en sus respectivos papeles, de principios compartidos, normas, reglas, procesos de toma de decisiones y programas que conforman la evolución y el uso de Internet”.

La web es un escenario multinivel donde las capas de infraestructura, lógicas y socioeconómicas, entretejen una compleja relación que terminará dando orden a aquello que hoy parece ser el pilar de avance del mundo conectado.

Pero, ¿cuáles son los alcances de esa gobernanza de Internet? En sentido estricto, se entiende necesario tomar medidas sobre el avance de las redes de telecomunicaciones – tarea que asumiría el nuevo regulador –, el desarrollo de estándares de gestión de información pública y promoción de la interoperabilidad de las entidades del Estado, la asignación secuencial de direcciones de IP que permitan el acceso o, incluso, la garantía sobre la equidad en el acceso a todos los usuarios del mundo. Sin embargo, de una manera más amplia, tal como lo analiza Matías Jackson, los impactos sociales, económicos, legales, de desarrollo, culturales, e incluso políticos de Internet, también han de ser objetos de esa gobernanza.

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Como ha sucedido en Colombia y otras latitudes, en ciertos ámbitos los organismos públicos se quedan cortos frente a la gestión de Internet, entre otras, porque se empieza a entender que todo lo que sucede a través de él deja de ser objeto de la legislación nacional para convertirse en un bien público global, sobre el cual aplican decisiones que están más allá de las fronteras e incluso, en algunos casos, dependen de la misma ciudadanía.

Dicen los teóricos de la gobernanza que “gobernar los bienes públicos globales requiere la integración de información provenientes de distintos campos del conocimiento, incluyendo la ciencia, las prácticas locales y las relaciones internacionales” (Feindt); así las cosas, el reto es aplicar todo ello en un contexto donde es difícil dimensionar no solo lo (in)finito del recurso digital, sino el grado de sus alcances sobre el mundo análogo.

Pensar en el regulador convergente es intentar resolver lo técnico, lo administrativo y lo político al mezclarlo todo en una misma bolsa; pero también es una oportunidad de repensar nuestro futuro en el marco de la economía digital y abrir nuevas opciones frente al decrecimiento que ha reportado el Dane del sector TIC y audiovisual en los últimos nueve trimestres, tal como lo sugiere la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT).

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Lo cierto es que en el escenario digital, como nos hemos acostumbrado hasta ahora, resulta ser más importante la gobernanza que la legislación, aunque, por supuesto es necesario considerar el desarrollo de organismos, normas y políticas públicas que den un marco para la toma de decisiones desde un enfoque de integración de los actores y de acercamiento a las dinámicas globales, antes que de control y nuevas limitaciones.